La PL-480 tuvo un papel relevante en Bolivia durante varias décadas, principalmente en la segunda mitad del siglo XX y hasta principios del 2000. En el marco del Programa PL-480 la harina donada ingresaba a Bolivia a un costo muy bajo, lo que reducía la demanda de harina producida localmente.
Brújula Digital|29|08|25|
José Luis Lopez Terrazas
La subvención al pan de batalla en Bolivia, formalizada en 2014 mediante el Decreto Supremo Nº 2167, nació como una medida de protección social para garantizar el acceso a un alimento básico a un precio accesible, actualmente fijado en 0,50 bolivianos por unidad.
Su objetivo inicial era contener la inflación alimentaria y proteger a los hogares más vulnerables, especialmente en un contexto de volatilidad de precios internacionales y dependencia de importaciones de trigo. Sin embargo, lo que empezó como un mecanismo de alivio económico se ha transformado en una burbuja de precios artificiales, sostenida por un subsidio creciente y cada vez más difícil de mantener.
El modelo es simple en apariencia, pues el Gobierno, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), compra el quintal de harina a precios de mercado y lo entrega a los panificadores urbanos a un precio subsidiado que cubre menos de un tercio de su valor real.
Esta diferencia representa un gasto fiscal considerable; con los 2,5 millones de quintales proyectados para 2025, el costo supera los 547 millones de bolivianos. Mientras tanto, en el mercado paralelo el precio del quintal de harina fluctúa entre 460 y 490 bolivianos, lo que evidencia una brecha insostenible que depende completamente del financiamiento estatal.
Esta política no solo distorsiona el mercado del pan, sino que también desincentiva la competencia y la producción privada de trigo y harina. Más del 85% de los panificadores urbanos dependen hoy de la harina subvencionada.
El riesgo es evidente ya que si el Estado enfrenta problemas de logística, acopio o presupuesto, el precio del pan podría saltar abruptamente a 1,20 bolivianos o más, impactando de manera directa a millones de familias en ciudades como La Paz, El Alto y Cochabamba. Lo que se presenta como una política de estabilidad de precios podría, en caso de falla, convertirse en un detonante inflacionario de gran alcance.
No obstante, no es la primera vez que el mercado de la harina de trigo sufre distorsiones por políticas del Gobierno boliviano. El Programa PL-480, también conocido como "Food for Peace" de Estados Unidos, fue un instrumento de asistencia alimentaria que incluía donaciones y ventas preferenciales de alimentos, como la harina, a países en desarrollo, entre ellos Bolivia.
Dicho programa tuvo un papel relevante en Bolivia durante varias décadas, principalmente en la segunda mitad del siglo XX y hasta principios del 2000. En el marco del Programa PL-480 la harina donada ingresaba a Bolivia a un costo muy bajo, lo que reducía la demanda de harina producida localmente.
Como resultado, los productores locales enfrentaron una competencia desleal porque no podían competir con precios tan bajos generados por la ayuda alimentaria extranjera. Esto afectó la rentabilidad y sostenibilidad de la industria nacional de harina y si bien ayudó a cubrir necesidades alimentarias inmediatas tuvo efectos distorsionadores importantes en el mercado local.
Desde entonces, Bolivia ha dependido significativamente de las importaciones. Entre 2014 y 2024, según datos de EMAPA, Bolivia adquirió cerca de 2,8 millones de toneladas, con un valor acumulado de 1.059 millones de dólares. El año 2020 fue el máximo pico, registrando 364.130 toneladas importadas. No obstante, en 2024 las importaciones de harina cayeron cerca del 90%, lo que impacta directamente en la oferta de harina disponible.
En la obra “4.000 años de controles de precios y salarios” de Robert Schuettinger y Eamonn F. Butler, publicado originalmente en diciembre de 1979 bajo el título Forty Centuries of Wage and Price Controls: How Not to Fight Inflation, se demuestra cómo, desde el Antiguo Egipto hasta el siglo XX, los intentos de los gobiernos por fijar precios han fracasado sistemáticamente.
Los autores argumentan que estas políticas, aunque bien intencionadas, suelen ignorar las dinámicas del mercado. Al fijar precios por debajo del costo real, se desincentiva la producción, se fomenta el mercado negro y se crea una falsa sensación de estabilidad. Además, los controles tienden a politizar los bienes básicos, convirtiéndolos en instrumentos de poder más que en derechos garantizados.
El caso del pan de batalla en Bolivia es un ejemplo contemporáneo de los errores descritos en la obra. Desde 2008, el Estado ha fijado el precio del pan en 0,50 bolivianos, mientras subvenciona la harina a través de EMAPA.
Más allá del aspecto económico, la calidad nutricional del pan subvencionado plantea un desafío crítico. En sus inicios, la harina distribuida incluía fortificación con micronutrientes esenciales, hierro, ácido fólico, vitamina B12, siguiendo las recomendaciones de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos para combatir la anemia infantil y mejorar la dieta de la población vulnerable.
Sin embargo, no se cuentan informes técnicos oficiales sobre el contenido nutricional de la harina, y diversas denuncias de panificadores sugieren que los estándares de fortificación ya no se cumplen de forma sistemática. Esta opacidad es preocupante, considerando que el pan de batalla es consumido diariamente por niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Sin un nivel nutritivo garantizado, el sentido social de la política se vacía, pues el beneficio de mantener un precio bajo pierde legitimidad si la calidad del alimento está comprometida. En la cotidianeidad de la sociedad boliviana es posible apreciar que la presión por mantener el precio oficial llevo a panificadores a reducir el tamaño o la calidad del producto, agravando riesgos de alimentación deficiente en sectores de bajos ingresos.
En conclusión, esta política ha creado una burbuja de precios artificiales, siendo que fue diseñada como un escudo social, actualmente se ha convertido en un sistema fiscalmente costoso, económicamente distorsionador y nutricionalmente incierto.
Asimismo, es fundamental promover la producción nacional de trigo fortificado y abrir espacio a un mercado más competitivo y sostenible, evitando que la actual burbuja termine estallando en perjuicio de la economía y de los consumidores a los que originalmente buscaba proteger.
