Brújula Digital|16|08|25|
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, posesionó ayer a Pablo Nina Terán en el cargo de presidente ejecutivo de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
Nina reemplaza a Omar Alarcón, quien estuvo como presidente ejecutivo de YLB desde el 2 de septiembre de 2024.
Esta posesión se dio después de que el martes, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara Baja aprobó el contrato de extracción directa de litio del Salar de Uyuni con la empresa rusa Uranium One Group.
Una vez aprobado, el documento fue remitido al pleno de la Cámara de Diputados, para su posterior tratamiento.
Instituciones potosinas y legisladores opositores al gobierno de esa región rechazaron este contrato. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), convocó a una marcha para el próximo martes, en rechazo al contrato de litio con la empresa rusa y a otro con una firma china.
Relación con Botrading
Antes de asumir la presidencia de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), el entonces gerente general de YPFB Refinación, Omar Alarcón, también actuó como representante de Botrading S.A., empresa intermediaria que comercializaba combustible con la estatal petrolera.
El dato fue revelado tiempo atrás por el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón, integrante de la comisión especial que investigó los contratos entre YPFB y Botrading.
Hace pocos días, la Fiscalía Departamental de La Paz informó sobre la apertura de una investigación penal contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y otros funcionarios, por el caso “Botrading”.
La indagación apunta a la presunta comisión de delitos de corrupción, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, vinculados con la creación y operación de la empresa intermediaria, con sede en Paraguay.
El caso está relacionado con las compras de combustible que YPFB realizó mediante Botrading S.A., operaciones que habrían generado pagos inflados por los carburantes y un presunto daño económico al Estado estimado en al menos 355 millones de dólares.
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