Cualquiera que sea la opción que se tome, lo importante es que nos movamos de una política para rescatar al Estado, hacia una política para rescatar la economía del ciudadano.
Brújula Digital|21|07|25|
Roberto Laserna
En un artículo anterior propuse considerar la opción de reemplazar la moneda nacional por una moneda más fuerte que cuenta ya con la confianza de la gente, como es el dólar. La razón para ello es que nos permitiría acelerar el proceso de estabilización y reactivación, y, por tanto, reducir los costos sociales y económicos del ajuste.
El reemplazo eliminaría de inmediato la especulación y el mercado negro de divisas, dando certidumbre para el cálculo de sus costos a los agentes económicos, superando de ese modo la inevitable especulación a la que obliga la inflación.
La dolarización permitiría además movilizar recursos internos. No sabemos cuántos dólares hay en los hogares y empresas, pero una reciente consulta que hice a cerca de 100 usuarios de internet me permitió estimar que, en promedio, cada familia tiene ahorros en dólares más o menos equivalentes a sus gastos de un mes.
Obviamente, algunas tienen mucho más; otras menos y habrá quienes no tengan nada. Sin embargo, el promedio indicado parece bastante razonable. Si es así, habría casi 3.000 millones de dólares en los hogares y fuera del circuito económico.
Las empresas también guardan dólares para proteger su liquidez y es posible que sean otros 3.000 millones. Todo ese dinero podría volver a entrar al sistema económico mediante compras e inversiones, dinamizando la economía.
La dolarización evitaría inmovilizar recursos externos en reservas internacionales, ya que no sería necesario guardarlas en el Banco Central para respaldar el tipo de cambio, pues éste habría dejado de ser preocupación nacional. Cada dólar en circulación se respaldaría a sí mismo. Los bancos tendrían que administrar su encaje para atender a sus clientes.
Una política de este tipo es sostenible porque no dependerá más de los vaivenes políticos ni de las decisiones de gestión del Banco Central, reduciendo la politización de la moneda y obligando al gobierno a ser más cauto en sus gastos, que no podrán financiarse más emitiendo moneda y desvalorizándola.
Por la experiencia de otros países, se puede también esperar un fuerte impacto sobre la productividad, ya que permitirá que los actores económicos cambien de estrategia. En vez de dedicarse a la especulación cambiaria se concentrarán más en la productividad y la inversión. La cuestión está en cómo hacerlo, cuánto dinero se necesita para ello y en qué plazos.
Para comenzar debemos reconocer que Bolivia tiene al menos dos ventajas que el Ecuador no tenía cuando decidió dolarizar, hace 25 años. Primero, la población está muy habituada al uso del dólar y ha recurrido a esa moneda para refugiarse en tiempos de incertidumbre. Por eso es que la gente y las empresas guardan dólares. Muchas de las mismas empresas tienen el hábito de llevar una contabilidad bimonetaria, por lo que adecuarse a la nueva moneda no les representaría mayor esfuerzo.
Segundo, porque contamos con un sistema financiero fuerte, que tiene una cobertura de servicios en casi todo el territorio nacional, y que permite que una gran parte de las transacciones se realicen por medios digitales: con tarjetas, transferencias o QR. Por lo tanto, se necesita menos efectivo físico para que la economía opere con normalidad.
Una opción que sostienen algunos economistas, como Rubén Ferrufino, es la de liberar totalmente el uso del dólar, permitir a bancos y empresas utilizar cuentas y contratos en dólares y dejar que la oferta y la demanda de dólares determinen libremente los tipos de cambio. En un tiempo no determinado las preferencias de la gente habrán resuelto el problema. Mientras eso ocurra, la competencia de monedas hará que tengamos un sistema bimonetario en el que la moneda fuerte podría reemplazar a la débil, de acuerdo a las decisiones de la gente, no del gobierno.
Así ocurrió hasta 2005, cuando se podía operar con cualquiera de las monedas. Esta opción no necesita reservas ni gestión monetaria, salvo la de evitar nueva emisión y suspender totalmente el crédito al sector público. El periodo de transición puede ser, sin embargo, algo traumático y muy largo. Su mayor ventaja es que puede hacerse con total prescindencia del apoyo externo y al ritmo que la gente lo quiera.
La otra opción es dirigir la dolarización acotando plazos y marcando ritmos. La decisión más difícil que habrá que tomar es a qué tipo de cambio se realiza la dolarización. El oficial de Bs 6,96 ya no existe y en algún momento ha llegado a Bs18. No sabemos a cuánto podría estar en unos meses, pero supongamos que se la decide hacer de inmediato a Bs 14 por dólar. Todas las cuentas de ahorros de corto y largo plazo se ajustarían a ese valor, así como los contratos, autorizándose a las partes a negociarlos nuevamente en cuanto a plazos e intereses, que deberían liberarse totalmente.
A ese tipo de cambio, la cantidad de dinero en circulación –algo más de Bs 70 mil millones– necesitaría 5.000 millones de dólares para cambiarse durante el periodo de transición que se establezca. Esta cifra es muy inferior a la estimada en las propuestas de los partidos y se podrían obtener a lo largo de varios meses. El cambio sería escalonado, comenzando con los billetes de mayor denominación (Bs 200) y seguir con los restantes poco a poco, a fin de que los billetes pequeños queden para transacciones pequeñas o el manejo de “cambiado”.
Para conseguir dólares inmediatos y devolverlos a los ahorristas, que han sido acorralados hace varios meses, el Banco Central podría vender todas sus reservas, incluyendo el oro. Este podría venderse con preferencia a los propios bolivianos, que seguramente estarían contentos de sacar sus dólares debajo los colchones para comprar ese oro. La logística no será fácil, pero tampoco imposible.
El Estado también podría alentar el pago de impuestos con perdón de multas para recaudar mejor y disponer de dólares. Una disposición tributaria muy sencilla que reconozca todo depósito en dólares como ahorro de 25 años permitiría legalizar los recursos que están fuera del sistema y coadyuvar a que este proceso sea mucho más rápido y efectivo.
Finalmente, para alentar la bancarización y el uso de tarjetas, y bajar la demanda de billetes, se podría crear un mecanismo de entrega a todos los ciudadanos de una suma fija y por única vez que compense la eliminación del subsidio a los hidrocarburos.
Por ejemplo, pidiendo a cada ciudadano que abra o identifique una cuenta personal, verificada con el padrón biométrico, en la que se le depositarían 25 dólares bimestrales pero que solamente podría utilizar con tarjeta o QR, cuando se haya completado la suma total de 100 dólares, que sería también el día en que se levanten todas las subvenciones.
Esto permitiría poner dinero en manos de la gente, estimular la bancarización y reducir el gasto fiscal futuro al eliminar las subvenciones con efectos menos traumáticos.
Cualquiera que sea la opción que se tome, lo importante es que nos movamos de una política para rescatar al Estado, hacia una política para rescatar la economía del ciudadano.
Roberto Laserna es economista de CERES.
