La solidez del sistema, que es importante no afectarla con propuestas imprudentes, como las contempladas en el proyecto de ley de suspensión temporal de embargos y diferimiento de créditos.
Brújula Digital|04|07|25|
Juan Antonio Morales
El proyecto de ley para beneficiar a las empresas micros y pequeñas, y a las familias que accedieron a préstamos de vivienda de interés social con la suspensión de embargos y el diferimiento de créditos, no solo puede afectar a las entidades de intermediación financiera (EIFs) sino que puede tener importantes efectos más allá.
Siendo estas medidas temporales, los deudores pueden verse en dificultades aún más grandes cuando la coyuntura económica actual se vuelva todavía más difícil. C. Reinhart y L. Klepper (Project Syndicate, 02.05.2022) advierten que ésto puede conducir a una ola de impagos (defaults), que tiene implicaciones negativas para la recuperación de la economía.
Ventajas temporales aparentemente favorables pueden tener a más largo plazo consecuencias dañinas para la economía. Reinhart y Klepper subrayan también que medidas, como las propuestas en el proyecto de ley mencionado, dificultan sobremanera la supervisión bancaria y oscurecen las señales de alerta temprana sobre la verdadera situación de las EIFs.
Al salir a la superficie la verdadera situación detrás de los diferimientos, que están ocultando dificultades que no son solo temporales, las EIFs van a tener que ajustarse a esta situación reduciendo su cartera de créditos. Los más perjudicados con una restricción crediticia que cierre el acceso a nuevos créditos son las familias y las pequeñas empresas más vulnerables.
Si las líneas de crédito para vivienda social se reducen por las reprogramaciones se estará beneficiando a los actuales deudores a costa de los nuevos aspirantes a una vivienda social. Por su parte, las microempresas y las pequeñas empresas dependen mucho de su acceso a créditos para sus actividades. Si estos créditos se restringen, se verán penalizadas.
Si los créditos diferidos resultan ser incobrables, afectando a la situación patrimonial de numerosas o grandes EIFs, la carga puede ser para los ahorristas o para el Estado, lo que se había tratado de eludir traspasando la responsabilidad de los alivios a las EIFs.
Las EIFs que conocen bien a sus clientes y las situaciones por las que atraviesan pueden, caso por caso, determinar diferimientos y otras modalidades de alivio de deuda. Los clientes, por su parte, tienen la responsabilidad de preparar un plan de regularización creíble.
En vez de un diferimiento general y ciego, como el que propone el proyecto de ley, una mejor solución, tanto para acreedores como para los deudores, es dejar que cada EIF considere las circunstancias que afectan a cada deudor individualizado. Los bancos tienen incentivos para dar alivio a sus clientes financieramente estresados, por circunstancias fuera de su control. Puede estar en su mejor interés dar un respiro a estos deudores. Alternativamente se puede pensar en acudir a centros de conciliación. En particular, no está siempre en el interés de las EIFs ejecutar garantías y si llegan a ese extremo es porque no han encontrado salidas viables.
La experiencia que se ha tenido con las carteras diferidas en 2020 por la pandemia del COVID 19 no es muy alentadora. Si bien, con datos a marzo 2025, se observa una rebaja de 81.7% con relación al monto diferido en 2020, queda todavía, casi cinco años después, una cartera en esa condición de $us 523 millones. Esa cartera remanente parece de difícil recuperación. Si se aprueba la ley con nuevos diferimientos se puede tener consecuencias aún más negativas que las que resultaron del aplazamiento por el COVID 19.
La normalización macroeconómica y financiera del país va a exigir una unificación de los tipos de cambio, una liberalización de las tasas de interés y, sobre todo, un saneamiento fiscal, que puede afectar temporalmente a la capacidad de pago de algunos clientes, lo que va a plantear grandes desafíos a las EIFs. Se tiene empero condiciones iniciales favorables, como la solidez del sistema, que es importante no afectarla con propuestas imprudentes, como las contempladas en el proyecto de ley de suspensión temporal de embargos y diferimiento de créditos. Tampoco favorecen a los deudores.
Juan Antonio Morales fue presidente del Banco Central de Bolivia.
