La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) expresó su profunda preocupación ante la actual crisis que atraviesa Bolivia, caracterizada por una creciente conflictividad social, bloqueos en rutas estratégicas y un deterioro institucional que amenaza tanto la economía como el proceso democrático.
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La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) expresó su profunda preocupación ante la actual crisis que atraviesa Bolivia, caracterizada por una creciente conflictividad social, bloqueos en rutas estratégicas y un deterioro institucional que amenaza tanto la economía como el proceso democrático.
Mediante un comunicado público, Cainco calificó la situación del país como una “pérdida de rumbo profundo”, en la que predominan la inacción, la fragmentación del poder y los cálculos políticos por encima del bien común. “El país vive bloqueado física y simbólicamente, mientras los derechos de millones de ciudadanos son vulnerados con absoluta impunidad”, detalla la entidad.
La institución advirtió que desde el lunes se han instalado más de 20 puntos de bloqueo en carreteras estratégicas, afectando el tránsito de alimentos, combustible, insumos agrícolas y medicamentos, con fuertes repercusiones en departamentos como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí. Afirmó que la paralización está provocando pérdidas millonarias y una creciente sensación de incertidumbre en la población.
“De nada sirve, después de 100 días de burocracia sin sentido, liberar las exportaciones de carne si no hay cómo transportarlas. No se puede permitir que decisiones motivadas por intereses particulares pongan en jaque la estabilidad económica y social de Bolivia”, advirtió Cainco, y agregó que no existen condiciones mínimas para producir, circular o abastecerse.
La organización empresarial también señaló que el Gobierno no puede limitarse a ser un actor más afectado por la crisis, recordándole su deber constitucional de garantizar la estabilidad del país y de asegurar la realización de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto, bajo el principio de preclusión electoral.
“Es una crisis nacional que exige respuestas de Estado, no vocerías que deslinden responsabilidades ni postergaciones de acciones claves que apunten a la estabilidad”, sostuvo la entidad. En ese sentido, pidió que el Gobierno asuma con firmeza el acto de gobernar y no actúe con ambigüedad.
Cainco reiteró que Bolivia necesita institucionalidad, estabilidad y responsabilidad estatal para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos fundamentales, como la libre circulación, el derecho al voto, el acceso a alimentos y una economía funcional.
Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente hay al menos 26 puntos de bloqueo en seis departamentos, 14 de ellos en Cochabamba, epicentro de las protestas iniciadas por sectores afines al expresidente Evo Morales.
Las movilizaciones comenzaron el lunes con el objetivo de presionar al Tribunal Supremo Electoral para inscribir la candidatura de Morales en las elecciones de agosto, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional lo ha inhabilitado. Otros grupos también se sumaron a las medidas, argumentando su rechazo a la crisis económica y a la escasez de combustible.
El Gobierno denunció que estas acciones son impulsadas por sectores que buscan acortar el mandato del presidente Luis Arce e imponer la candidatura “inconstitucional” del exmandatario. Morales intentó inscribirse como candidato el 19 de mayo mediante el Partido de Acción Boliviano (PAN-BOL), organización que perdió su personería jurídica tras no alcanzar el 3% mínimo de votos en las elecciones de 2020.
BD/RED