Instituciones advierten que contratos para explotar al litio son perjudiciales al Estado y favorecen a empresas

Brújula Digital | 13|02|25

Varias instituciones advirtieron hoy que los contratos para la explotación de litio, suscritos por el Gobierno con las empresas Uranium One Group de Rusia y CBC de China, son perjudiciales para el país. Señalan que el Estado asumiría los costos y riesgos de la explotación, además de generar un beneficio desproporcionado para las compañías, entre otros problemas.

Las entidades realizaron una conferencia de prensa esta mañana para presentar un documento en el que realizan un análisis de la situación y detallan seis observaciones a los contratos. 

Normativa y compromisos internacionales

El documento recuerda que el Salar de Uyuni está protegido por normativas ambientales, como la Ley de la Madre Tierra, la Ley de Bofedales Altoandinos y la de Sitios Ramsar. Asimismo, Bolivia debe cumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, que garantizan el acceso a la información y la consulta a pueblos indígenas.

“Las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este documento respaldamos y nos adherimos a las preocupaciones expuestas por entidades especializadas. Instamos a las autoridades y parlamentarios a abrir espacios de diálogo y concertación para tratar este tema de alto interés nacional, antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el fin de evitar un daño irreversible para el país”, se lee en el documento.

Observaciones a los contratos en el documento

-Los contratos firmados con Uranium One Group y CBC trasladan los riesgos al Estado boliviano, incluyendo la aplicación de penalidades en caso de no abastecer con la suficiente cantidad de salmuera residual.

-Aunque las inversiones corren por cuenta de las empresas rusa y china, con aproximadamente $us 1.000 millones cada una, estos montos deberán ser devueltos con la producción de carbonato de litio. Además, los operadores de las plantas serán estas mismas empresas y sus costos también serán cubiertos con la producción.

-Las estimaciones de utilidades están sobredimensionadas, ya que se calculan con una cotización superior a $us 25.000 por tonelada, cuando la cotización actual ronda los $us 10.000/T, sin perspectivas de incremento a futuro. Los costos de producción son más altos que los ingresos por comercialización, lo que no garantiza ingresos justos para el país.

-La inversión por tonelada producida de carbonato de litio en la operación de la empresa rusa es 2,4 veces más alta que la del grupo chino, sin una explicación clara.

. Además del litio, la salmuera del Salar de Uyuni contiene otros elementos valiosos. Sin embargo, los contratos no especifican el aprovechamiento de estos recursos, generando incertidumbre sobre quién se beneficiará de ellos.

- La consulta libre, previa e informada a las comunidades afectadas por el uso del agua debió realizarse antes de la suscripción de los contratos. Además, estos no contemplan salvaguardas ante impactos socioambientales, como la afectación a al menos 20 comunidades en sus actividades productivas y turísticas, y el uso/contaminación de grandes cantidades de agua en una de las regiones más secas del país.

Cuestionamientos al trabajo legislativo

Las instituciones firmantes del documento cuestionan que el tema sea tratado en sesiones parlamentarias “accidentadas y de cuestionable transparencia”. Asimismo, advirtieron a las representaciones oficiales de China y Rusia en el país que los acuerdos, en su contenido actual, “carecen de legitimidad” y resultarían lesivos para el Estado.

“Hacemos un llamado a las autoridades ejecutivas del país y a los parlamentarios a resguardar el interés nacional, precisamente en el año en que se conmemora el Bicentenario de la independencia de Bolivia”, concluye el documento.

El Gobierno espera que el Legislativo apruebe los contratos suscritos. El pasado viernes, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con CBC. Actualmente, una comisión del Ejecutivo está en Potosí para socializar el acuerdo con diversas entidades del departamento. Sin embargo, el Consejo Consultivo del Comité Cívico Potosinista decidió anoche no asistir al encuentro e iniciar una protesta escalonada.

Instituciones que suscriben el documento

Agrecol Andes

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Potosí (APDHP)

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija (APDHT)

AYNISUYU

BLT

CEDIB

CEJIS

COMPA

Consumidores Conscientes

Delegación Latinoamericana

Foro Político Departamental de Mujeres – Cochabamba

Fundación JUBILEO

Fundación KALLPA

Fundación SOLÓN

Fundación TIERRA

Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta

Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Bolivia

Instituto para el Desarrollo Humano Bolivia – IpDH

Juventud Proactiva de la Amazonía – JUPROA

Kayjayu – GYBN

La Paz Vegan

LIDEMA

Movimiento Franciscano JPIC

Mujer de Plata

NICOBIS

OJM

PBACC

Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC)

Presente.Bo

Rebelión o Extinción Bolivia

Red Jala Padcaya

Red UNITAS

Red de Participación Ciudadana y Control Social

RELIDD

Somos Sur

Yo Soy Semilla

Adhesiones personales

Alba Melgar

Henry Pinto – Coordinador Academia de Ciencia Política y docente UMSS

BD/JA