Sectores rechazan acuerdo entre el Gobierno y la CEPB y exigen la derogación de la disposición séptima del PGE

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Los sectores productivos y comerciales de Bolivia rechazaron el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) respecto a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Los dirigentes multisectoriales ratificaron que la única solución es la derogación de la norma y anunciaron la continuidad de movilizaciones en todo el país.

El presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, cuestionó la postura de la CEPB, afirmando que esta entidad no participó en ninguna reunión ampliada ni en las protestas de los sectores afectados. “Nadie entiende cómo una ley puede ponerse en pausa; la única salida es su derogación. Este acuerdo es una jugada más del Gobierno”, señaló Frerking.

La CEPB acordó con el gobierno "suspender" la disposición séptima, pero los sectores empresariales desean su "abrogración".

La disposición séptima del PGE permite al Gobierno realizar decomisos en casos de supuesto acaparamiento o alza injustificada de precios. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, aseguró que la norma no se aplicará hasta que sea reglamentada, sin embargo, los sectores movilizados insisten en su anulación total.

Jorge Méndez, presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor), enfatizó que el objetivo no es postergar la aplicación de los decomisos, sino eliminar la disposición. “No vamos a asistir a ningún diálogo hasta que se la abrogue”, advirtió. En la misma línea, Édgar Álvarez, dirigente gremial, reiteró que los sectores continúan en emergencia y organizando nuevas medidas de presión.

Desde el transporte pesado, Juan Yujra denunció que el Gobierno busca dividir a los sectores al firmar acuerdos con entidades que no han sido parte de las movilizaciones. Por su parte, Mario Moreno, de Promasor, remarcó que “no se trata de una reglamentación, sino de la derogación de una norma que atenta contra la propiedad privada”.

Tras una reunión de emergencia, el Comité Multisectorial reafirmó su rechazo al acuerdo entre el Gobierno y la CEPB, declarándolo ilegítimo y sin representatividad para las bases movilizadas. Como medida de presión, anunciaron que las protestas continuarán en diferentes regiones del país hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la eliminación de la disposición séptima del PGE.

BD/RED