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Economía | 11/02/2025   15:45

Crece el rechazo en Potosí a los contratos para explotar el litio

La nación Lípez emitió un pronunciamiento público en el que pidió que “se anule por completo los dichos convenios a cerca de litio firmados por el Gobierno boliviano con las empresas transnacionales. A partir de la fecha nos declaramos en estado de emergencia”

Cívicos potosinitas protestaron este lunes en contra de los contratos. Foto: El Potosí
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Brújula Digital|11|02|25|

El rechazo a los contratos para la explotación de litio con una empresa china y otra rusa va en aumento. La nación Lípez exigió la anulación de estos acuerdos y se declaró en emergencia, mientras que los cívicos de Potosí y diversas instituciones del departamento protestaron en las calles y no descartan radicalizar las medidas de presión.  

“Se va a conformar un comité de movilizaciones tal como se lo ha hecho el 2019, cuando hemos dicho ‘no’ al presidente Evo Morales y por eso justamente se le ha votado del país (...) y por eso, si esto continúa, el señor Luis Arce va a seguir el mismo paso”, manifestó el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, a Unitel. 

Pérez adelantó que no se descarta un paro de 24 o 48 horas en todo el departamento.  Ayer hubo marchas en Potosí y en otras ciudades en contra de los contratos, que fueron firmados con Uranium One Group (Rusia) y Hong Kong CBC (China) por un total de más de 2.000 millones de dólares en inversión.  

Nación Lípez exige la anulación de los contratos

La nación Lípez emitió un pronunciamiento en el que exigió la anulación de los convenios suscritos por el Gobierno boliviano con empresas transnacionales. “A partir de la fecha nos declaramos en estado de emergencia”, señala. 

La semana pasada, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle el proyecto de ley que da validez al contrato con la empresa china CBC, que contempla una inversión de 1.030 millones de dólares. Ahora, la propuesta debe pasar al plenario para su aprobación.  

Aún falta que la comisión analice el otro contrato con Uranium One Group, por un monto de 970 millones de dólares.  

Ante esta situación, comunarios pidieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional que rechace el proyecto de ley, argumentando que es “desfavorable, atentatorio y anticonstitucional que viola los derechos de los pueblos originarios de la Nación Lípez”. 

Cívicos y otros sectores

Representantes cívicos y la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) realizaron protestas en rechazo a los contratos y declararon traidores a los legisladores que aprobaron el acuerdo con la empresa china.  

“José Carlos Gutiérrez, Ronald huanca, Sara Vania Crespo, Tania Paniagua, Celia Salazar, Hernán Durán, Pedro Coro y Juan José Huanca todos estos diputados que firmaron a favor de esos dos contratos, están siendo declarados como traidores al pueblo boliviano y al pueblo potosino”, afirmó uno de los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) según informó el diario El Potosí. 

El rector de la UATF, Pedro López, informó que, tras reiteradas solicitudes, finalmente accedieron a los contratos de litio. Sin embargo, lamentó que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) no haya respondido a sus invitaciones para discutir los términos de los acuerdos.  

“Hemos solicitado al Ministerio para que nos manden los contratos y hacer un estudio técnico, esta mañana hemos recibido los contratos para hacer el análisis correspondiente. Nosotros hemos invitado en diferentes ocasiones a YLB para tratar estos contratos, pero no se han hecho caso”, manifestó.

Fundaciones alertan sobre riesgos de los contratos

Las fundaciones Jubileo, Milenio y Solón, junto con el Club de Ginebra y el Centro de Documentación e Información Bolivia, emitieron un manifiesto con 13 puntos en los que advierten que los contratos para industrializar el litio son incompletos y que las empresas contratadas no han demostrado experiencia en el desarrollo de tecnologías para la Extracción Directa de Litio.  

 La Fundación Solón alertó que los contratos representarán “grandes” ganancias para las empresas, pero una deuda para el país, lo que podría convertirse en una “pesadilla” para los bolivianos.  

 Además, advirtió sobre una deuda de más de 2.000 millones de dólares, el impacto en poblaciones y territorios, las bajas regalías y la existencia de cláusulas contractuales que impiden su incremento.  

BD/AGT/JA




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