Se inicia el paro “movilizado” en contra de la disposición adicional séptima

Brújula Digital|10|02|25|

Este lunes comienza el paro nacional impulsado por diversos sectores que rechazan la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025, la cual establece la confiscación de productos a quienes cometan agio y especulación. Los dirigentes consideran esta medida arbitraria y contraria a la propiedad privada.   

La protesta, que durará 24 horas e incluirá marchas y bloqueos, cuenta con el respaldo de sectores productivos, industriales, exportadores, gremiales y transportistas del país.  

El dirigente del transporte pesado Domingo Ramos confirmó que el sector se sumará a la movilización. Explicó que sus demandas incluyen la falta de dólares y la condonación de intereses de prestatarios, entre otros puntos.  

 “El ampliado multisectorial (…) ratifica y convoca al gran paro movilizado a realizarse el día lunes 10 de febrero del presente año. Este mismo se va a realizar en todo el territorio nacional si es que el Gobierno nacional no deroga la disposición adicional séptima”, afirmó la semana pasada el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, César Gonzales. 

El dirigente gremial de Santa Cruz Edgar Álvarez declaró a Unitel que “las empresas van a parar sus actividades, van a cerrar por 24 horas. Entonces, los mercados van a estar trabajando. Si bien no va a estar la totalidad de socios porque vamos a estar movilizados, pero vamos a estar trabajando. De la misma manera, las carreteras van a estar expedidas”.

La semana pasada, la Cámara de Senadores derogó la disposición y remitió el documento a la Cámara de Diputados para su revisión.  

En un ampliado multisectorial en Tarija, sectores productivos exigieron al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocar a sesión para derogar la disposición séptima, y al presidente, Luis Arce, impulsar su eliminación a través de la bancada arcista.  

También demandaron soluciones a la escasez de dólares y carburantes, así como a la crisis económica, con el fin de frenar la migración.  

El Gobierno sostiene que la disposición busca decomisar mercadería en casos de agio, especulación y ocultamiento de productos.  

BD/AGT/JA