Industriales presentan proyecto de ley para derogar norma que autoriza confiscación de productos

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La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) presentaron este lunes un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de derogar la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, norma que permite la confiscación y decomiso de productos por parte del Estado.

“Al derogar la Disposición Adicional Séptima, el gran ganador es el país. Se daría una muestra de entendimiento, mejorando significativamente lo que hoy nos preocupa: el clima de inversiones y cómo atraerlas”, afirmó el presidente de la CNI, Pablo Camacho.

La disposición en cuestión faculta a las autoridades estatales a confiscar, decomisar y controlar productos, alimentos y mercancías con el fin de evitar el agio, la especulación y el contrabando. No obstante, los sectores privados consideran que esta medida es redundante, ya que la legislación vigente ya penaliza el contrabando, y temen su uso arbitrario.

“No podemos estar con estas medidas que lo único que traen es incertidumbre y espantan las inversiones”, advirtió el presidente de la Caneb, Danilo Velasco.

Los representantes del sector industrial y exportador también rechazaron las acusaciones de las autoridades gubernamentales sobre un supuesto “interés político” detrás de su oposición a la norma.

“Somos y seremos férreos defensores de la búsqueda del desarrollo industrial y empresarial en beneficio del país”, enfatizó Camacho, subrayando que el único objetivo de la iniciativa es generar un mejor clima para el desarrollo económico.

Los empresarios reiteraron su disposición al diálogo, pero aclararon que no participarán en ninguna reunión con el Gobierno que no tenga como objetivo la derogación de la norma. “Estamos abiertos al diálogo, pero en esta medida no tenemos nada que dialogar; lo que pedimos es la derogación”, enfatizó Velasco.

El sector privado solicitó a la Asamblea Legislativa dar prioridad al tratamiento de la propuesta legal para evitar medidas de presión a nivel nacional, programadas para el próximo lunes 10 de febrero. Antes de la movilización, se realizará un ampliado multisectorial en Tarija para sumar más participantes al paro nacional convocado en rechazo a la disposición.

El Gobierno, por su parte, insistió en la necesidad de un diálogo para aclarar dudas y avanzar en la reglamentación de la norma. Sin embargo, los empresarios ratificaron su posición de que la única solución aceptable es la derogación de la medida.

BD/RED