Presentación de las cifras del censo/APG
Brújula Digital|08|09|24|
Rosa Talavera Simoni
En el marco de la incredulidad con la que han sido recibidos los resultados del Censo de Población y Vivienda, realizado en marzo pasado, parece interesante y tal vez esclarecedor, para aquilatar la magnitud de la omisión censal que puede haberse registrado, observar las tasas de crecimiento promedio anual (TCPA) de la población en cada municipio cruceño, en los periodos intercensales 2001-2012 y 2012-2024. La TCPA, vale aclarar, mide el crecimiento promedio que tuvo la población, en cada uno de los años, entre censo y censo. Asimismo, para poner en contexto el crecimiento de los municipios, ha de tenerse en cuenta que la TCPA departamental cayó de 2,47 a 1,34 en los mismos períodos.
Tanto en el municipio de Santa Cruz de la Sierra como en el área metropolitana del departamento, las TCPA registran una caída significativa. Es así que, en el primer período, 2001-2012, para la capital cruceña, la tasa anual de crecimiento baja de 2,30 a 0,84. En Warnes, la tasa cae de 7,10 a 3,80. En La Guardia, el bajón es de 7,66 a 4,30. En El Torno, cae de 2,47 a 0,94 y, en Montero, pasa de 2,86 a 1.28. Ello significa que, en el área metropolitana, los únicos municipios cuyas tasas de crecimiento han aumentado, son Cotoca, cuya TCPA pasa de 2,05 a 7,32, y Porongo, donde sube de 2,91 a 3,5.
En el resto del departamento, las alzas más notables en las tasas de crecimiento intercensales son las de San Miguel de Velasco, que pasa de 0,89 a 2,47, Concepción de 2,37 a 4,00, San Rafael, de 1,85 a 3,03, la autonomía indígena Kereimba Iyambae, de 0,68 a 1,78, Lagunillas de 0,14 a 0,81, San Juan de Yapacaní, de 0,06 a 0,88, Roboré, de 0,24 a 1,50 y Samaipata, de 0,66 a 1,01.
Por contraste, las caídas más grandes se registran en Yapacaní, colindante con San Juan de Yapacaní, que pasa de 4,38 a 1,10, San José de Chiquitos que pasa de 5,18 a 2,94, Cuatro Cañadas de 2,41 a 0,84, Puerto Quijarro, de 2,35 a 0,57, El Puente, de 4,63 a 1,61, San Ramón que cae de 2,58 a 0,99, San Javier, de 1,69 a 0,76 y Boyuibe que cae de 2,14 a 0,81.
Los municipios que presentan una disminución neta de su población, reflejada en tasas de crecimiento negativas, son Cuevo, cuya tasa cae de 3,65 a -0,16, Saipina, de 2,98 a -1,64, Fernández Alonso, de 2,63 a -0,28, Puerto Suarez 2, 43 a -1,08, San Pedro, de 2,45 a -1,91, San Julián, de 2,01 a -0,49, San Carlos, de 1,81 a -0,47, Santa Rosa del Sara, de1,80 a 0,16 y Okinawa Uno, que pasa de 0,62 a -1,42.
Por otra parte, los municipios que han recuperado población, son Gral. Saavedra que, en 2001, registraba una tasa negativa de 1,42 y en el último recuento, registra una tasa positiva de 1,03. Lo mismos ocurre con Buena Vista que pasa de -0,27 a 0,45 y con Moro-Moro, que sube de -1,77 a 0,13 promedio anual.
Más allá de las cifras expuestas, es evidente que el país merece una explicación bien fundamentada, y respaldada con otras fuentes, por ejemplo, registros administrativos, que no deje dudas sobre la validez y coherencia de los datos presentados por el INE, no solo para Santa Cruz, sino para cada uno de los departamentos y municipios. Si esto no ocurre, aumentará el descrédito de una institución que, como el INE, tiene la responsabilidad de producir estadísticas confiables, insumo indispensable a los fines de actividades de planificación, administración e investigación que se debe realizar en nuestro país.
Entre tanto, me atrevo a señalar algunas posibles causas de las variaciones en las tasas de crecimiento promedio anual, entre el censo de 2012 y el de 2024, teniendo en cuenta las realidades socioeconómicas de los municipios del departamento. En la capital cruceña, la caída en la TCPA es difícil de explicar, sobre todo si se tiene en cuenta que los municipios del área metropolitana, excepto Cotoca y Porongo, también han registrado caídas sustanciales. Para el resto de municipios, es posible que las variaciones en el número de habitantes, respondan al agotamiento de tierras de vocación agrícola, condiciones climáticas adversas, desarrollo de nuevas áreas de producción, incluyendo las vinculadas al narco-negocio o, también, por el lado positivo, aumento de actividades asociadas al desarrollo y aprovechamiento de atractivos turísticos o naturales, como puede ser el caso de Buena Vista, Porongo y Samaipata.
La autora es economista, fue directora del INE en la década de los 90.