Por compra de bonos con aportes de trabajadores, jubilados se reunirán de emergencia y maestros piden mayor presencia en Gestora

Brújula Digital |11|06|24|

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) informó del uso de 500 millones de dólares, que son aportes de los trabajadores, en compra de bonos. Los jubilados anunciaron que alistan una reunión para este martes, los maestros exigen que su sector tenga una representación mayoritaria en el directorio y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) convocó a defender los aportes para la renta de vejez de los bolivianos.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Jubilados de Bolivia, Roberto Chávez, anunció que este martes el sector que dirige sostendrá una reunión en la ciudad de La Paz para analizar la compra que hizo la Gestora con sus aportes al BCB y al Tesoro General de la Nación.

“Nos estamos reuniendo en La Paz, vamos a hacer un análisis de este tema y si hay la necesidad vamos a reunirnos con las autoridades competentes para (exigir) su aclaración”, dijo Chávez, reportó ANF.

Agregó que la compra de dichos bonos no fue socializada con el sector que son los dueños de los aportes que hacen a la Gestora. “Nosotros como sector no hemos conocido y nos hemos sorprendido a través de los medios de comunicación, qué modificación se habrá hecho en ese artículo sobre las inversiones para invertir tanto en bonos del Estado, inclusive a nivel internacional”, mencionó el dirigente de los Jubilados.

Por otro lado, el dirigente del magisterio paceño, René Pardo, informó que su sector no confía en quienes dirigen la Gestora y anunció que buscarán una representación mayoritaria en el directorio de la entidad que administra recursos únicamente de los aportantes.

“Ahora quienes manejan esos recursos, en este caso el Gobierno, dispone a su manera, a sus necesidades, no atienden los problemas de los trabajadores. Por eso exigimos que tenga representación mayoritaria un 70% de los trabajadores y tal vez un 30% de representantes del Gobierno”, indicó Pardo.

Estas medidas se anunciaron luego de que la Gestora Pública realizara operaciones por un total de 500 millones de dólares, dentro de la adquisición de bonos del Banco Central de Bolivia. Esta información fue confirmada por el gerente de la entidad, Mario Durán, quien dijo que se realizaron al menos tres operaciones por el monto mencionado.

“La buena noticia es que estos 500 millones de dólares que forman parte del fondo de los 26.000 millones de dólares (provenientes del dinero de los asegurados) van a tener en tres años un rendimiento del 7%”, dijo Durán, reportó ABI.

Por esta acción unilateral de la Gestora, la plataforma ciudadana La Democracia es Posible, convocó a la población a sumarse al plantón que realizarán este martes en puertas de la Vicepresidencia del Estado en La Paz. “Por esa razón, mañana (martes), frente a la Vicepresidencia, a las 10:00 estaremos en este plantón, dando a conocer nuestra manera de pensar sobre la situación que se encuentran los bolivianos”, anunció Iván Melendres, reportó Unitel.

Asimismo, Coty Bedregal, mencionó que el dinero que tomó la Gestora no es de ella, sino “ese dinero es de nosotros, de los que aportamos para nuestra jubilación para vivir al menos con dignidad. Es un abuso, es un despropósito y no los vamos a permitir, son 500 millones de dólares que han sacado hipotecando nuestros ahorros”.

Dicha medida también fue criticada por el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, quien llamó a la población a defender los aportes de los jubilados.

“El Conade rechaza esta compra de bonos y considera que la ciudadanía debe defender el dinero de los aportantes a la Gestora. El gerente Jaime Duran debe renunciar y debe procederse a la elección de la máxima autoridad ejecutiva y directorio pleno de la institución”, señala un comunicado de la institución.

Dicha convocatoria se debe a que, según el Conade, la Gestora está poniendo en riesgo los Fondos del Sistema Integral de Pensiones y que con la operación “coloca dineros de los asegurados y beneficiarios en manos de un gobierno quebrado, endeudado e ineficiente que utilizará estos recursos para paliar la crisis generada por su fracasado modelo económico del socialismo del siglo XXI”.

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