|ANÁLISIS|A un mes del acuerdo entre empresarios y Gobierno|José Gabriel Espinoza|

Brújula Digital|20|03|24|

José Gabriel Espinoza

Ha pasado un mes desde que el Gobierno y el empresariado boliviano suscribieron un acuerdo que, según los actores firmantes, buscaba solucionar temas críticos como la provisión de energía y la sostenibilidad del sistema de subsidios, además de la disponibilidad de divisas y la estabilidad de la política cambiaria.

Sin embargo, desde un primer momento era claro que el acuerdo tenía como principal objetivo, al menos desde la representación empresarial, proteger al sector importador para facilitar el acceso a divisas para las importaciones a precios menores a los que se venían determinando en el mercado y que eran resultado de una escasez estructural de la divisa. Recordemos que el Banco Central hoy es incapaz de ofrecer dólares suficientes al mercado privado por la ausencia de reservas.

Esta necesidad del sector importador fue aprovechada por el Gobierno, que volcó en el acuerdo una serie de medidas que buscan aligerar las cargas del sector público relacionadas con compras en el extranjero, particularmente de hidrocarburos, al mismo tiempo que se fijaban medidas de captura de divisas del sector privado en favor del sector público. La consecuencia, a casi un mes del acuerdo, ha sido muy negativa.

Al desglosar las medidas adoptadas, se advierte que la mayoría de ellas (cinco) se enfocan en disminuir responsabilidades del sector público en la provisión de combustibles; otras plantean nuevas intervenciones en el mercado cambiario (una) y buscan capturar divisas del sector privado (dos), mientras que el apoyo para la generación de nuevas divisas es difuso y limitado (una medida de las 10), por lo que el apoyo a la iniciativa privada viene ser un tema muy secundario dentro de la estructura del acuerdo.

El enfoque en problemáticas energéticas se traduce en medidas como la subasta de diésel con grandes compradores, la agilización en importación de diésel para empresas privadas y la promoción de inversiones en plantas de biodiesel. Estas acciones, si bien pueden aliviar las presiones para el sector público, plantean desafíos en costos y operatividad para el sector privado, que eventualmente terminarían afectando los precios finales del sector privado.

Sobre la problemática cambiaria se observan esfuerzos de captura de divisas del sector privado a través de devoluciones inmediatas de CEDEIM y la emisión de bonos en dólares por parte del Banco Central de Bolivia.

Casualmente esta última medida, junto con la regulación de las comisiones bancarias, han sido las únicas en ser aplicadas hasta el momento y repercuten negativamente en la estabilidad del entorno empresarial ya que ahora este debe competir con el Gobierno por los dólares que quedan en el mercado interno; el Gobierno ha demostrado no solo tener grandes necesidades al intentar capturar dólares, algunos de los cuales podrían tener procedencias dudosas, sino que también asume obligaciones en el corto plazo que probablemente sean difíciles de honrar si no se observan cambios sustanciales en la política cambiaria y energética.

Finalmente, las disposiciones para la generación de divisas, expresadas en la liberación de exportaciones y el fomento de inversiones en el sector agrícola, destacan como potenciales factores positivos, aunque su eficacia y alcance quedan por determinarse ya que no se conoce ningún tipo de avance al respecto.

En síntesis, el acuerdo carece de medidas estructurales para potenciar la generación efectiva de nuevas divisas en Bolivia. Más bien se enfoca en aliviar las cargas del sector público, transfiriéndolas al sector privado, lo que podría acentuar desequilibrios en el sector productivo empujando sus costos de producción, lo que en última instancia puede perjudicar al consumidor final.

Por otro lado, se introduce una nueva regulación de comisiones que impacta negativamente en los exportadores, obligándolos a sacrificar sus divisas a precios muy inferiores a los que se observan en el mercado paralelo. Este enfoque parece favorecer la dinámica importadora sin atender la necesidad urgente de fomentar la producción de divisas, castigando tanto al sector productor como al consumidor final.

El acuerdo, en su estado actual, muestra debilidades en cuanto a la sustentabilidad a largo plazo, dando mayor peso a la protección del sector importador que a la promoción de un equilibrio dinámico y sostenible en la economía boliviana.

En resumen, se requiere un replanteamiento profundo que equilibre los intereses de todos los actores económicos involucrados, priorizando estrategias que fomenten la generación efectiva de nuevas divisas.

José Gabriel Espinoza es economista, exdirector del Banco Central de Bolivia.