Mientras tanto, la CAF no ha respondido todavía a 17 cartas enviadas en los últimos meses por legisladores, activistas y dirigentes locales, que exigen que la obra sea cancelada o su trayecto reformado, debido a que actualmente atraviesa por la zona de los acuíferos que proveen el 70% del agua a la ciudad de Santa Cruz.
Brújula Digital |02|09|23|
Tras meses de conflicto y una intensa campaña de grupos de activistas por el medio ambiente contra la construcción de la carretera Santa Cruz-Buena Vista-Las Cruces, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, reconoció que el crédito para la obra, que proviene de la CAF, está en riesgo.
El préstamo, de 142 millones de dólares, “está en grave riesgo”, dijo el ministro según la agencia ABI.
Mientras tanto, la CAF no ha respondido todavía a 17 cartas enviadas en los últimos meses por legisladores, activistas y dirigentes locales, que exigen que la obra sea cancelada o su trayecto reformado, debido a que actualmente atraviesa por la zona de los acuíferos que proveen el 70% del agua a la ciudad de Santa Cruz. Los acuíferos están en el área protegida Güendá-Urubó.
Los activistas atribuyen la falta de receptividad de la CAF a sus demandas a que la secretaria general de la entidad, basada en Caracas, es Alejandra Claros, ex jefa de gabinete de Evo Morales y exesposa de quien fuera ministro de ese régimen, Sacha Llorenti. Claros es autora del libro para niños “Evito y el mar”, editado con fondos públicos, en el que resaltó en 2015 la figura del expresidente. En su momento, el libro fe catalogado por un usuario de redes sociales como “el acto de llunkerío más grande a favor de Evo hasta ahora”.
La obra es apoyada por el MAS y fue impulsada por el expresidente Morales.
La CAF concedió el crédito en 2018 para la obra de infraestructura vial, pero hasta el momento no es ejecutada y el Gobierno ya paga los intereses respectivos, afirman las autoridades. El costo total del camino es de 212 millones de dólares, de los cuales la Gobernación debería aportar 70 millones con otro crédito, además de los ya mencionados 142 millones de la CAF.
Aunque en una primera instancia la Gobernación de Santa Cruz apoyó el proyecto, la presión de los activistas medioambientales y otros sectores hicieron que ahora exija un cambio en el tramo de la obra antes de dar su visto bueno. Un grupo de comunarios afines al MAS realizó un extenuante bloqueo de 11 días durante el mes de agosto exigiendo la obra, que finalmente fue suspendido.
El gobernador Luis Fernando Camacho, detenido en Chonchocoro pese a su frágil estado de salud, ha señalado que no dará el visto bueno mientras no se revise el tramo 2 del camino por uno que afecte menos a los acuíferos, aunque sea un poco más largo que el trazo original. Después debe ser aprobado por la Asamblea Departamental de Santa Cruz, en la que la oposición tiene mayoría.
En un intento por llegar a acuerdos, el ministro Montaño participó de una reunión con los actores involucrados, pero la delegación de la gobernación de Santa Cruz no aceptó las condiciones impuestas en el diálogo.
La construcción de la carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista es un proyecto de larga data que busca descongestionar el norte cruceño para evitar que la única ruta sea la que va hacia Warnes y Montero. Los cálculos señalan que podría ahorrar a los conductores más de dos horas y unos 70 kilómetros de viaje, estimó la red Unitel.
La Gobernación de Santa Cruz ha ofrecido hasta cinco alternativas para hacer un cambio del tramo 2 y para evitar el daño al área protegida donde se encuentran los acuíferos. El proyecto tiene un trazo de 81 kilómetros distribuidos en tres tramos. La Gobernación ha propuesto ampliar el tramo 2, lo que implicaría un aumento de solo 16,7 kilómetros al proyecto original, pero el Gobierno no acepta dicha opción y la CAF se niega a dar una opinión al respecto.
BD/RPU
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