Técnicos industriales en construcción bloquean carretera a Puerto Suárez en rechazo a contratos con chinas para el Mutún

Brújula Digital |05|06|23|

A menos de 5 kilómetros de Puerto Suárez, trabajadores del Sindicato de Técnicos Industriales en Construcciones Petroleras Mineras de Bolivia y Ramas Afines realizan un bloqueo de la carretera Bioceánica que conecta con Santa Cruz, en protesta contra la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) por contratos con empresas chinas y mano de obra china. Exigen auditorías y la presencia del Ministro de Minería en el lugar.

“Nos encontramos en esta manifestación porque nos han negado información por órdenes del presidente de la Siderúrgica del Mutún, el señor (Jorge) Alvarado, sobre el pliego de adjudicación con los precios unitarios para la construcción de la planta siderúrgica del Mutún, pero no los negaron”, explicó el secretario General de Sindicato, Luis Nelson Pereira a Brújula Digital.

Señaló que se llegó a esa instancia porque se sabe que Alvarado no dará solución al conflicto, por lo que exigen que llegue al lugar el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, para que se haga una auditoría a todo el proceso de contratación, ya que hay trabajadores bolivianos que prestan sus servicios a la siderúrgica en condiciones precarias, no cuentan con la mínima seguridad industrial y menos, con un seguro de vida. 

“También estamos acá manifestándonos porque hay empresas chinas, mano de obra china contratada, siendo que nosotros tenemos vasta experiencia de años en las diferentes plantas de Bolivia, en sus diferentes procesos: gas, petróleo, cementeras, mineras, hidroeléctricas (…). Hemos sido parte de la construcción de la planta Las Lomas que viene a explotar hierro”, señaló.

El dirigente indicó que su sector no fue tomado en cuenta por el Estado y se prefirió contratar mano de obra extranjera. “La ley es clara, el trabajo es de los bolivianos y para los bolivianos, y si existe mano de obra dentro del territorio de cualquier país, primero tienen que ser tomados en cuenta los nacionales, y solo cuando no pueden hacerse cargo del trabajo se les da luz verde a las empresas transnacionales para que traigan expertos de afuera”, cuestionó.

Advirtió que la medida se suspenderá cuando llegue el Ministro de Minería al lugar del bloqueo y dé conformidad con sus respuestas a todo el pueblo boliviano. “No vamos a levantar la medida mientras no baje la autoridad competente a dar una solución de conformidad a toda la región y a todo el país”, subrayó.

Pereira señaló que la auditoría permitirá saber si los ciudadanos chinos ingresan al país de manera legal y las condiciones en las que trabajan, ya que la estatal siderúrgica no les permitió ni siquiera acceder al pliego de adjudicación para que se presenten a los diferentes procesos de licitación.

“No nos permiten entrar a la empresa, nos dejan en visto en portería, no respetan las leyes (…). Como control social respaldados en la Ley 341, respaldados constitucionalmente en la Ley 241, 242 y el decreto supremo 0181, el control social boliviano está apto para hacer auditorias o realizar fiscalización a las empresas del Estado y a las empresas que prestan servicios al Estado”, sostuvo.

Sin embargo dijo que por información preliminar se conoce la gran mayoría del personal en el Mutún es asiático, por lo que conminó al Ministro de Minería para que se cumpla la Ley General del Trabajo.

“Estamos movilizados aproximadamente 100 trabajadores de los nueve departamentos, pero somos cerca de 1.200 afiliados a nivel nacional, no estamos todos porque estamos desempleados y no podemos pagar los costos de viaje, estadía y alimentación”, explicó.

Lamentó que en el Gobierno de Luis Arce se discrimine a los trabajadores bolivianos y se prefiera contratar mano de obra china. “No hemos sido discriminados en (el pozo) Margarita, el Gran Chaco siempre hemos sido tomados en cuenta, pero aquí no nos toman en cuenta”, señaló.

Trabajadores bolivianos que prestan sus servicios a las empresas Baye of china y Hua Ly, contratadas por la Empresa Siderúrgica Mutún, denunciaron malos tratos, falta de seguridad industrial, seguro de vida, además de condiciones precarias de trabajo.  

 BD JMC