Teodoro Mamani, director del Sernap. Foto captura BTV
Brújula Digital |31|10|22|
Ante los innumerables cuestionamientos desde los colegios de biólogos, ambientalistas y asambleístas al reciente acuerdo firmado por el Gobierno con el sector aurífero minero del departamento de La Paz, el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani salió en defensa del acta; dijo que hay cooperativas que operan en varias zonas, antes de la creación de las Áreas Protegidas (AP), y que lo puede demostrar.
“Estas cooperativas están desde antes de la creación de áreas protegidas, puedo demostrar -no voy hacer – pero por ejemplo, Cotapata, antes de la creación del área protegida, ya estaban operando”, afirmó al canal gubernamental, en un intento de desmentir la información divulgada por diferentes medios de comunicación.
Mamani dijo que la firma del acta lo que se les está exigiendo a las cooperativas mineras es su adecuación a la normativa ambiental, porque se no se puede permitir que sigan operando de manera ilegal.
“De acuerdo a la Constitución Política del Estado, estas cooperativas están reconocidas como preconstituidas, no hay donde perderse, de acuerdo al funcionamiento que tienen funcionan como ilegales, pero en este comunicado decimos que deben adecuarse a las normas vigentes en temas de medioambiente, pero también se reconoce la Ley Minera (535) a las preconstituidas, no hablamos de cooperativas que ingresen recientemente”, sostuvo.
El 27 de octubre, tras dos jornadas de negociación y en un hecho inédito, las cooperativas auríferas de La Paz pidieron al Gobierno, pagar más tributo por el oro y lograron cerrar el acuerdo para un pago único de 4,8% sobre el valor bruto de la exportación, de lo que antes pagaban entre 1,7% y 2,5% por concepto de regalías.
Sin embargo, las cooperativas lograron arrancarle Sernap, el compromiso de modificar los planes de manejo para la explotación del oro en tres áreas protegidas de carácter nacional.
“Se dará inicio a los Planes de Manejo del Parque Nacional de Área de Manejo Integrado (PN ANMI Madidi), del PN ANMI Cotapata y de la Apolobamba, según corresponda cumpliendo todos los procedimientos y plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes, las mismas serán a petición de las comunidades de las áreas protegidas”, señala el punto dos del acuerdo.
Las tres áreas protegidas que se encuentran en el departamento de La Paz forman parte del Corredor de Conservación de la Biodiversidad Madidi-Apolobamba-Cotapata, considerado como hots pot o sitio caliente de interés mundial por su gran riqueza en biodiversidad, pero también por las altas amenazas que sufre, sobre todo por actividades extractivas como la minería y el consiguiente uso del mercurio.
El líder uchupiamona Álex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), advirtió que cuando se menciona a “comunidades” no se refieren a los pueblos indígenas que habitaron milenariamente estos territorios, sino a las recienten comunidades de colonos, mal llamados interculturales, quienes avasallaron sus territorios de manera sistemática.
En relación al punto uno, el acuerdo señala de acuerdos a los convenios arribados el 22 de julio con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) “los interesados proseguirán con el trámite de adecuación, asimismo, el Sernap emitirá el informe según corresponda, para proseguir con el trámite de la licencia ambiental ante el VMA de acuerdo a normativa ambiental vigente”.
“Hablan de derechos preconstituidos que debería garantizarle el Estado a los cooperativistas mineros, que están yendo en contra de los derechos constituidos a favor de los pueblos indígenas y que están plasmados en convenios y tratados internacionales”, afirmó Villca.
El líder indígena lamentó que el Sernap, que tiene como mandato preservar el medioambiente y la biodiversidad, no cumple con sus funciones de resguardar el patrimonio natural y cultural de 22 áreas protegidas a favor del pueblo boliviano.
“Hemos señalado hace bastante tiempo atrás, que estas instituciones se han convertido en el brazo operativo del Gobierno de turno y de las empresas nacionales y transnacionales que están dedicadas al extractivismo del oro y también petrolero”, señaló al referirse al Sernap, la AJAM, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
Pusieron su firma al acuerdo, en lo referido a los “derechos preconstituidos” en áreas protegidas, el viceministro de Medio Ambiente, Omar Sharif; el director del Sernap, Teodoro Mamani, así como la dirigencia de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco).
GIT-OR: se requiere claridad legal
El experto del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR), Óscar Loayza, entrevistado por Brújula Digital, dijo que se requiere una aclaración constitucional porque los conceptos que se manejan son diferentes.
“Mientras el sector minero maneja el
concepto de que toda actividad previa a la ley minera de 2014 es
preconstituida, desde las áreas protegidas la norma dice que toda actividad que
estaba previa a la creación del área protegida puede considerarse
preconstituida”, explicó.
Señaló que por ejemplo, el Madidi fue creaod en 1995 y Apolobamba Ulla Ulla fue creado el año 1971. “Lo que había antes de ese año podría considerarse como preconstituido desde el régimen especial de áreas protegidas”, sostuvo.
BD JMC
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