Delegados de internos de distintos penales del país se declararon este domingo en “emergencia nacional pacífica” y exigieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la revisión de plazos de detención preventiva no se limite a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, sino que se extienda a toda la población carcelaria bajo esta medida cautelar.
Brújula Digital|24|08|25|
Delegados de internos de distintos penales del país se declararon este domingo en “emergencia nacional pacífica” y exigieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la revisión de plazos de detención preventiva no se limite a Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, sino que se extienda a toda la población carcelaria bajo esta medida cautelar.
“Nos declaramos en emergencia porque creemos que somos iguales ante la ley. Si bien somos privados de libertad, también tenemos derecho e igualdad”, manifestó un representante de los internos de Palmasola (Santa Cruz), al difundir un pronunciamiento conjunto con reclusos de Villa Busch (Pando).
El reclamo surge luego de que el TSJ instruyera a jueces verificar, en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación, si las detenciones preventivas de Áñez, Camacho y Pumari cumplen con los plazos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal. La disposición abrió la puerta a que los tres opositores obtengan beneficios judiciales tras casi cuatro años de detención, lo que provocó malestar en otros privados de libertad.
“Que también se curse para todos y sea extensiva para todos los privados de libertad en Bolivia (…) que también podamos tener la posibilidad de salir libres aquellos que estamos detenidos preventivamente”, reclamaron los delegados, advirtiendo que lo contrario representaría un trato desigual y discriminatorio por parte del sistema de justicia.
Actualmente, cerca del 60% de la población penitenciaria del país se encuentra bajo detención preventiva, según datos oficiales. En muchos casos, los reclusos superan incluso el tiempo máximo de pena que prevé la ley para los delitos que enfrentan, sin que sus medidas cautelares hayan sido revisadas.
Áñez cumple además una condena de 10 años en el denominado caso Golpe de Estado II, mientras que Camacho y Pumari permanecen con detención preventiva por procesos relacionados a la crisis política y social de 2019. Ambos tienen audiencias programadas para este lunes, en las que sus defensas pedirán la libertad irrestricta.
BD/ML
