Surgen propuestas para enfrentar el rechazo de sectores a la Gestora Pública

Brújula Digital |20|10|22|

Los cuestionamientos y el rechazo de algunos sectores laborales a la vigencia de la Gestora Pública, que sustituye a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), desataron una serie de propuestas para superar el problema. Dos de ellas tienen que ver con la reforma a la Ley de Pensiones y apelar al carácter no retroactivo de las leyes.

La Gestora Pública ya opera en el país, en un paulatino reemplazo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Pero esta acción es rechazada por jubilados, maestros urbanos y rurales, médicos, fabriles y mineros, quienes desconfían de la administración de sus aportes del seguro social y exigen ser parte del directorio.

Una encuesta de la empresa Diagnosis, Investigación Social Opinión y Mercado estableció que el 52 por ciento de los encuestados, prefiere que sus aportes para la jubilación sean administrados por una empresa privada, el 26 por ciento la Gestora Pública y el 22 por ciento no sabe no responde.

En medio de las protestas de sectores laborales, hubo demandas de suspensión del traslado de los datos de los aportantes a la Gestora, como el de los mineros de Huanuni, quienes lograron el compromiso del Gobierno para acceder a ello.

El Informe Nacional de Coyuntura 488 de la Fundación Milenio sostuvo que actualmente, “lo único claro es que el gobierno está en una encrucijada: o persiste en imponer un sistema estatizado de pensiones que tantas dudas y desconfianza genera o bien resuelve con sensatez por dar marcha atrás a fin de preservar un sistema de administración privada que hasta ahora ha venido funcionando con relativa eficacia y evita así destruir la institucionalidad de un sistema que la sociedad boliviana ha aceptado y a la que se ha adaptado sin mayores resistencias y contratiempos”.

En su artículo, que tuvo la colaboración de Armando Álvarez, Milenio advirtió que al pasar la administración de los aportes de los trabajadores de las AFP a la Gestora Pública se generó un potencial conflicto de interés, por el hecho de que el Estado es el principal deudor de los fondos de pensiones que pasarán a ser administrados por la Gestora, pues debe más de 7 mil millones de dólares. Además, indicó que esta Gestora Pública no es independiente del Gobierno y está supeditada a las decisiones del Ministerio de Economía.

A ello agrega que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, que debe supervisar, fiscalizar, controlar y regular a la Gestora Pública, es también un brazo operativo del Ministerio de Economía, “con lo cual se configura una situación anómala en la que el administrador, regulador y principal deudor de los aportes de propiedad de los trabajadores es el mismo organismo, es decir el Estado”. Esa situación genera dudas y desconfianza en la población, advirtió.

Posteriormente, Milenio cita al artículo 123 de la Constitución, que establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, salvo para ciertos casos en materia laboral, penal y de corrupción.

En ese sentido, Milenio advierte que la obligatoriedad de que los aportes para la jubilación pasen o sean administrados por la Gestora Pública debería ser aplicable tan solo para los trabajadores afiliados al sistema a partir de la promulgación de la CPE, en 2009, y en ningún caso para los aportes de los más de 1.200.000 trabajadores que ya estaban afiliados a las AFP, y que representan la mitad de todos los afiliados a junio de 2022.

“Una interpretación distinta, que, de facto, y sin más, traslade los aportes de todos los afiliados a la Gestora Pública, independientemente del momento de su afiliación, supondría desconocer las garantías constitucionales y los derechos de los trabajadores”, acotó Milenio.

Reforma Ley de Pensiones

En criterio del analista Gonzalo Chávez, este problema no se debe limitar a una encrucijada del Gobierno en impulsar un sistema estatizado o volver a una administración privada para la administración de los aportes de los trabajadores, sino que debe apuntar a una reforma a la Ley de Pensiones.

Chávez indicó que por ordenamiento constitucional los aportes ya no pueden ser administrados por privados, por lo que se debe reformar la norma en función a tres diagnósticos: primero, la rentabilidad de la Gestora o las APF, los bajos ingresos de las pensiones y cómo se calculan los años de trabajo, entre otros.

Segundo, se debe considerar el gobierno corporativo, para ver cómo se elige al directorio, gerentes o administradores, los mismos que no deben ser sólo por la Asamblea o el Ejecutivo, para aislar un manejo político de la Gestora Pública. En este caso, acotó, debía haber una participación de los aportantes, por ser accionistas.

Tercero, indicó Chávez, se debe introducir la competencia en ese mercado, para que se mejore la rentabilidad y servicio, a través de la implementación de dos gestoras. Todos estos elementos deben servir para reformar la Ley de Pensiones, sostuvo.

BD/JJC