Óscar Campanini: “El Gobierno tiene las condiciones para controlar el mercurio, pero su decisión política es no hacerlo”

Brújula Digital |04|10|22|

Las presiones de la comunidad internacional para que el país cumpla el Convenio de Minatama y haga esfuerzos por reducir hasta eliminar uso del mercurio para la explotación aurífera, así como la de los propios pueblos indígenas impactados por la contaminación en la Amazonía no han sido suficientes para que el Gobierno actúe. Para el investigador Óscar Campanini, existe una decisión política de no hacerlo.

“El Gobierno no está haciendo nada, y tiene todas las condiciones para hacerlo, eso es lo más preocupante (…). Desde el año pasado tiene un presupuesto de 500 mil dólares del fondo de donación para elaborar el Plan de Acción Nacional. Está la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil nacional, y no lo hace, y es porque hay una decisión política que apuesta por un sector minero menos controlado”, afirmó a Brújula Digital.

Durante la XV Reunión 51 del Período Ordinario de Sesiones de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Relator Especial de Sustancias Tóxicas, Marcos Orellana, denunció ante el Consejo los altos niveles de contaminación por mercurio en los pueblos indígenas de la Amazonía de Bolivia, así como la múltiple violación de derechos que conlleva la explotación del oro.

“No solo es el tema del mercurio, hay actividades en áreas protegidas, hay impactos ambientales, de contaminación, pero la decisión política es de no controlar a este sector minero que está creciendo y que está generando múltiples impactos”, afirmó el también director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

De no poner atención alguna a estas afectaciones sobre los impactos sociaoambientales y la vulneración de DDHH, Campanini dijo que algunos pueblos indígenas tan vulnerables como el pueblo Ese ejjas –que habita una zona periurbana de San Buenaventura- sufren alta contaminación de mercurio en sus organismos que han superado de acuerdo a estudios científicos las siete y hasta 20 lo máximo permitido en sus organismos.

“Las respuestas del Estado frente a estas observaciones y preocupaciones expresadas por el Relator y los comisionados de la CIDH sobre la Relatoría de pueblos Indígenas frente al informe global del mercurio, mostrando la relevancia de lo que está sucediendo en Bolivia, han sido retóricas e insignificantes”, aseveró.

Campanini calificó de retórico, que el Gobierno haya respondido diciendo la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce a los pueblos indígenas, cuando en los hechos vulnera sus derechos, y que haya señalado que la Gobernación de La Paz hizo inspecciones a la parte alta del río Beni, cuando la contaminación por mercurio en los ríos del norte paceño se expanden de la mano de la minería aurífera.

“El Gobierno no está dando respuestas; en varias ocasiones el Ministro de Medioambiente dijo que está elaborado el Plan de Acción en el marco del cumplimiento del Convenio de Minamata, que se estaba haciendo ajustes y al parecer son falsas esas afirmaciones, porque el Plan debería hacerse de manera consensuada con los sectores afectados e incluso con los actores mineros, pero en absoluto nadie ha participado en esa supuesta redacción”, observó.

Óscar Campanini es autor del libro: "El negocio del mercurio en Bolivia", donde muestra cómo Bolivia llegó a ser el segundo importador de mercurio del mundo, causante de severas afecciones a la salud por la contaminación que provoca en el agua y el aire. El libro saca a la luz datos sobre la comercialización de mercurio para la minería de oro en Bolivia, el principal uso que se le da en el país.

Bolivia, país centro del tráfico del mercurio

El Relator Especial denunció que Bolivia se convirtió en el centro del tráfico ilegal del mercurio en la región, y que con ello, el país está frustrando esfuerzos internacionales de los Estados para el cumplimiento del Convenio de Minatama.

“Estas violaciones comprometen el cumplimiento de los Estados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poner fin a la pobreza y el hambre, y garantizar agua limpia, trabajo decente y consumo sostenible y proteger y preservar las tierras, los bosques y las aguas”, dijo recientemente ante el Consejo de Naciones Unidas.

Orellana enfatizó que el uso del mercurio para la extracción del oro a pequeña escala es la principal causa de contaminación por esta sustancia tóxica a nivel mundial, y está impulsada por la insaciable demanda de los países más ricos.

En ese marco advirtió que las refinerías en países industrializados que compran oro carecen de mecanismos para evitar los abusos de Derechos Humanos asociados a la explotación del oro.

“El mercurio es altamente tóxico, al calentarlo para extraer el oro se evapora y contamina el medioambiente, y a partir de los residuos, que es un metal que se acumula de manera peligrosa en la cadena alimentaria e intoxica a quienes basan su alimentación en el pescado”, sostuvo.

Hizo énfasis en que la minería a pequeña escala es la que mayor contaminación por mercurio está provocando en el mundo. Sin embargo, desde el Gobierno calificaron a la explotación aurífera a cargo de las cooperativas como "menos que insignificante".

Las cooperativas auríferas también se asociaron con capitales extranjeros de manera ilegal y facilitaron el ingreso de enormes dragas chinas y planchones colombianos a los ríos amazónicos, tal como lo revela el reportaje: "Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro en la Amazonía con la fachada de cooperativas".

BD JMC