La ABT autorizó desmontes sin verificar derecho propietario y el INRA entregó tierras solo a militantes del MAS

Brújula Digital |29|09|22|

La agenda patriótica del Gobierno del MAS, en el afán de ampliar la frontera agrícola y duplicar el ganado vacuno, se tradujo en que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) autorice desmontes sin verificar el derecho propietario y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entregue tierras fiscales solo a militantes del partido oficialista, sin respetar la vocación del suelo, develaron los investigadores Gonzalo Colque y Alcides de la Fundación Tierra.

“Nosotros, en Fundación Tierra pensábamos que este documento de tres pilares -un panfleto- podría quedarse ahí y no tener mayor interés, pero era un gran error porque a partir de 2015 se implementan una serie de planes de manera muy vertical para que todos se alineen, recuerden el pacto con los ganaderos, donde Evo (Morales) recibió el caballo de regalo”, señaló.

El investigador recordó durante el “II Encuentro con Periodistas: tierra, territorio y conflictos socioambientales”, que a finales de 2014 se difundió desde la Vicepresidencia la idea de avanzar la frontera agrícola un ritmo de un millón de hectáreas por año, de tal modo que para que al año 2025 se tengan unas 13 millones de hectáreas.

“Se ratificó en el Plan de Desarrollo Económico 2021-2025 que está vigente con el plan con sustitución de importaciones, lo cual llegó a los planes estratégicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el INRA, la ABT, todos reescribieron sus planes estratégicos institucionales, ¿y qué decían?; hay que cumplir estas metas, y todos deben hacer algo para alcanzar estas metas”, citó.

Colque mostró cómo la ABT en un informe de 2017 quiso mostrarse como un buen alumno de la deforestación con el siguiente texto: “Para poder cumplir las metas trazadas, en los últimos tres años de gestión (2015-2017), la ABT ha simplificado y desburocratizado la otorgación de permisos para el avance de la frontera agrícola y pecuaria”.

También el plan se propuso hacer crecer la actividad ganadera vacuna, para que el país duplique la cantidad hasta el 2025, de los 9 millones de cabeza que hay aproximadamente para llegar hasta 18 ó 20 millones de cabezas de ganado vacuno.

“Después de los primeros años se dieron cuenta de que esto no eran tan real; los empresarios pidieron una serie de concesiones nuevas para llegar a esta meta; se dio la titulación de las grandes propiedades sin la revisión estricta de la Función Económica Social (FES) y los antecedentes agrarios”, mencionó.

Dijo que la ABT, bajo el argumento de no tener acceso a la base de datos del INRA, y por tanto no tener la posibilidad de verificar si el solicitante de desmontes es propietario o no, optó por dar permiso de desmontes sin exigir título agrario y el INRA a entregar títulos sin verificar el FES.

“Entre el 2011 al 2015 se generó un promedio de deforestación de 173 mil hectáreas anuales, mientras que entre el 2016 y 2021, en el marco de la agenda patriótica subió la deforestación de superficie a un promedio de 300 mil hectáreas año”, sostuvo.

El investigador hizo notar que el Gobierno de Luis Arce se planteó llegar al 2025 llegar a 7 millones de hectáreas de cultivos agrícolas, en la intención de que algún momento puedan reemplazar los ingresos por los hidrocarburos. “La aspiración es grande, y faltan cuatro años para cumplir esa meta a la que no vamos a llegar, pero se planteó esa meta y se puso en el Plan de Desarrollo”, dijo.

Por su parte, el investigador Alcides Vadillo, de la regional Santa Cruz de la Fundación Tierra lamentó que desde el INRA se haya dado un uso excesivamente político a la repartición de tierras, al punto de usarlo como un “bono de lealtad” con el partido gobernando.

En ese contexto precisó que el 96% de tierras fiscales en el oriente fue entregado a Bartolinas, interculturales, conocidos también como “colonizadores” y a la CSUTCB, aliados del Gobierno del MAS, con el fin de tener control político territorial.

“El objetivo no solo es de entregar las tierras, sino de tener control político del espacio  territorial”, señaló el investigador. Dijo que el año 2013 marca un antes y un después en torno a la conflictividad de las tierras en Santa Cruz. A partir de ese año hasta el 2020 se registraron 1.500 nuevas comunidades en el oriente.

Señaló que la conflictividad por tierras ya no se limita a los conflictos entre particulares sino que es entre dos sectores sociales, “y en este espacio se usa cualquier diferencia para confrontar en la que no solo está la pugna por el control de la tierra y los recursos naturales, sino que detrás de eso hay una pugna por el poder, son relaciones de poder que están confrontados”.

“¿A quiénes se les ha entregado las tierras fiscales de Santa Cruz? Entre la CSUTCB, interculturales y Bartolinas concentran el 96% de los beneficiarios de tierras fiscales de vocación forestal", sostuvo.

Aunque observó que la misma ley INRA da prioridad a los indígenas del lugar para acceder a los títulos agrarios.

Es así que el INRA entregó el 75,3% de la superficie de tierras fiscales  a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTB), el 16,3% para los interculturales, el 2,1% para las Bartolinas, el 0,3% para el Movimiento Sin Tierra y sólo el 0,2% para la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob) afín al Gobierno.

BD JMC