Jubileo: el D.S. 4794 pone en evidencia que el país ya no tiene suficientes reservas de gas natural

Brújula Digital |28|09|22|

El decreto supremo 4794 pone en evidencia que el país ya no tiene suficientes reservas probadas de gas natural para seguirlas destinando al mercado interno a un precio subvencionado, siendo que el 63% de la generación eléctrica en el país proviene de termoeléctricas, operadas en su mayoría por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), afirma la Fundación Jubileo.

“Desde una perspectiva económica, esta medida es positiva, ya que resulta más rentable para el país destinar ese gas a la exportación donde recibe un precio de 7 u 8 dólares por millón de Unidad Térmica Británica (BTU), que seguirlo enviando al mercado interno a 1,3 dólares el millón de BTU”, sostiene el análisis.

Sin embargo recomienda que el mismo criterio de uso eficiente de los combustibles se debería aplicar para las empresas estatales.

Jubileo considera bastante razonable, evidencia el uso político que se la ha dado a la política hidrocarburífera en la primera década del este siglo, con el argumento de que el gas era para los bolivianos y, por lo tanto, se tenía que masificar su uso y expandirlo a todo sector posible, olvidando que es un recurso no renovable y, por lo tanto, finito.

“La medida es consecuencia de una política hidrocarburífera que descuidó la sostenibilidad del sector en el largo plazo”, apunta el documento.

Sin embargo, señala que un efecto positivo será disponer de gas natural para vender a un mayor precio que el fijado para consumo interno. “La caída de la producción de gas debe generar una política de transición energética justa”, sostiene.

Advierte sin embargo, que desde una perspectiva financiera para las empresas privadas que invirtieron en pequeñas plantas de generación eléctrica a partir del gas natural, esta medida resulta negativa ya que no podrán continuar operándolas, dejando esta inversión sin recuperación.

“Esto también muestra, una deficiente lectura desde el empresariado sobre la sostenibilidad del gas natural como energético de largo plazo y el silencio hasta ahora mantenido por algunos gremios empresariales sobre la política hidrocarburífera nacional de los últimos 15 años, que ha mostrado serias limitaciones en materia de institucionalidad y gestión de la empresa petrolera estatal”, acota el análisis.

Por su parte, el gobierno a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, ha defendido el decreto, con el argumento de que la industria se beneficia de una tarifa eléctrica subvencionada, inferior a la domiciliaria y la subvención estatal en diésel, gasolina y gas para sus procesos industriales.

“La norma no le quita nada a nadie, claramente establece que las industrias que utilizan gas natural para producir electricidad deben migrar hacia la energía eléctrica y conectarse al SIN, como hacen todos los bolivianos”, expresó el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Edgar Caero.

BD JMC