Raúl Velásquez: el régimen fiscal petrolero no genera condiciones para la inversión en exploración

Brújula Digital|08|11|21|

El régimen fiscal petrolero no permite dinamizar la inversión para la exploración hidrocarburífera, ni de la propia estatal YPFB, lo que se traduce en menor producción e incluso incumplimiento de contratos, afirmó el especialista en hidrocarburos y energía de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.

“Es un resultado preocupante porque el país no está generando condiciones para la inversión, ni siquiera para la propia YPFB, entonces es muy difícil conseguir proyectos rentables con este régimen fiscal, y adicionalmente hay que sumarle otro aspectos complejos como el ambiental y el tema de la consulta previa (a los pueblos indígenas)”, señaló.

En entrevista con Brújula Digital, Velásquez observó que en materia de hidrocarburos hubo mucha dispersión en la normativa, pues el 2015 se intentó acortar los procesos de consulta previa y autorizar la exploración en parques nacionales, creyendo que eso iba atraer inversión en exploración,  pero no ocurrió.

“Actualmente la producción de gas natural está en torno a los 44 millones de metros cúbicos diarios (MMmc/d).El año 2018 ya hemos pagado una multa por incumplimientos en la exportación de gas natural a Brasil y el 2017 fue por no exportar lo suficiente a Argentina”, apuntó.

La semana pasada se conoció que el Gobierno argentino inició acciones en contra Bolivia debido a que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) envía desde fines del mes pasado, un volumen inferior de gas al mínimo acordado.

El conflicto se dio en medio de una nueva renegociación por la adenda del contrato del contrato que fija las pautas de envío de gas desde el altiplano boliviano hacia el norte argentino.

“Lo que se vio es que no teníamos suficiente producción de gas y si continuábamos así, íbamos a incurrir en multas, se iba a pagar multas por incumplimiento de envíos de gas natural a los mercados. A raíz de eso se han renegociado adendas, tanto con Brasil, como con Argentina”, indicó.

Con Brasil recordó que se firmó en marzo de 2020 para el cierre del  contrato de exportación por un volumen menor. Hasta el 2015 le enviábamos hasta 31 Mmmc/d, mientras que a Argentina exportábamos cerca de 18 Mmmc/d”, detalló.

Y al mercado interno se destinaban casi 13 Mmmc/d. Pero lo cierto es que con la caída de producción el país ya no podía cumplir con esos volúmenes y es así que el 2020 se han renegociado los contratos de exportación, tanto a Brasil y en diciembre con 2020 también se firmó otra adenda con Argentina por un menor volumen.

“Con la adenda con Brasil el máximo es de 20 Mmmcd y con Argentina está con 14 Mmmcd como volumen comprometido. Para en el periodo de verano debemos considerar que el compromiso con Argentina es menor, eso ha permitido poder contar con producción para cumplir con el mercado interno”, explicó.

Sin embargo Velásquez, ve como un serio problema del país el hecho que haya renegociado sus contratos con los principales mercados del gas boliviano, lo cual tienen un impacto económico para el país. “Y ahora estamos al milímetro de lo que demanda el mercado interno y los contratos de exportación”, dijo.

Problemas estructurales

Los problemas del sector de hidrocarburos son estructurales, según el especialista. “El problema está en queel régimen fiscal que no promueve la inversión para la exploración, hay un desorden institucional enorme y hay un desfase en la norma sectorial con lo que debería decir en la Constitución Política del Estado”, manifestó.

En ese marco dijo que hace falta una nueva política hidrocarburífera enmarcada en una política energética nacional, ya que la producción de hidrocarburos, principalmente la de gas natural, está en declive desde el año 2015 aproximadamente.

“Entre el 2010 y 2015 hubo un incremento de casi el 50% de la producción de gas natural, pero ese incremento se dio a partir de la explotación de los megacampos que ya habían sido descubiertos desde la década de los 90´ y lo que se había aprovechado, fue la coyuntura de precios altos de exportación para monetizar las reservas de gas mientras los precios estaban altos, hasta ahí no había problema”, recopiló.

El problema dijo el experto, fue cuando se monetizaron las reservas hidrocarburíferas, pero sin considerar que debía haber una política de exploración agresiva que permita reponer esas reservas.

“Desde el 2015 en adelante, las reservas de gas natural han ido cayendo, en el campo San Alberto por ejemplo hay una declinación, en el caso de Margarita hay un problema con uno de los pozos que está ocasionando una caída, pero lo cierto es que desde el año 2015 hasta la fecha el único campo nuevo es Incahuasi Aquío, que viene a cubrir la caída de los megacampos San Alberto y Sábalo”, subrayó.

En ese marco dijo que lo que se ve, es el resultado de la política hidrocarburífera implementada desde el 2005 con la Ley 3058 de Hidrocarburos.

“Lamentablemente lo que vemos en la producción de gas natural, los mercados, el desarrollo mismo del sector hidrocarburos, es que incluso trasciende a la gestión del MAS como partido político o como Gobierno, sino que es el resultado de una política hidrocarburífera”, sostuvo.

En mayo de 2005 fue promulgada la Ley de Hidrocarburos N° 3058. Esta ley establece los principios, las normas y los procedimientos para la realización de actividades hidrocarburíferas en todo el país. Posiblemente, el aspecto más importante de esta norma fue la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Un año más tarde, el 1° de mayo de 2006, se promulgó el Decreto Supremo N° 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos, a través del cual el Estado boliviano recupera la propiedad y el control de los hidrocarburos en Bolivia.

El problema actual por el que atraviesa la normativa del sector es la ausencia de una nueva ley de hidrocarburos que considere lo dispuesto tanto en la CPE como en el Decreto de Nacionalización de Hidrocarburos, ambos emitidos de manera posterior a la actual ley, según el análisis de Jubileo.

Un claro ejemplo de la contradicción existente entre la normativa del sector y la actual CPE se presenta en la participación de empresas privadas en la actividad de comercialización de los hidrocarburos. Si bien la actual Ley de Hidrocarburos permite que empresas privadas puedan comercializar hidrocarburos y sus derivados (importación y exportación), la CPE establece que YPFB es la única empresa facultada para esta actividad.

El sector hidrocarburos está sujeto al régimen general de impuestos, los principales tributos pagados son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT), el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).

La alícuota del IDH es del 32% sobre la producción fiscalizada de hidrocarburos.

La Ley de Hidrocarburos  3058, en su artículo 8, establece que el Estado retendrá el 50% del valor de la producción de gas y petróleo. Una vez iniciada la explotación, además del pago de patentes, la Ley Nº 3058 establece el pago de regalías y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); el Estado se queda con el 50% del valor de los hidrocarburos producidos.

La proyección de ingresos por la exportación de gas en Bolivia para la gestión 2021 supera los $us 1.900 millones, según lo que informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

BD JMC