La valoración práctica de los planes de gobierno

La ciudadanía boliviana tiene al frente una decena de planes de gobierno que ofrecen una infinidad de propuestas sobre un descomunal abanico de temas. Los medios de comunicación han estructurado espacios de análisis y “debate” para comparar lo que cada tienda política dice o no dice respecto a la nacionalización de los hidrocarburos, a los bonos asistenciales o el derecho al aborto. Pero, nadie pregunta –y a nadie parece importar, si las acciones propuestas cambiarán la realidad de pobreza, desigualdad y de rezago estructural respecto a la región.

Por la falta de criterios de relevancia y de prioridad con la que se comparan mediáticamente los contenidos de los planes de gobierno, hay una sideral distancia entre la “realidad” que se “discute” en los medios y la que la sociedad, íntimamente, necesita cambiar para eliminar los problemas que agobian a los hogares.

Sabemos que, en gran medida, valorar PG presenta los desafíos de comparar, por ejemplo, las ventajas relativas de “gallinas, manzanas y carretillas”. Cada PG tiene objetivos diferentes para cuyo logro plantea acciones puntuales; aunque muchas de estas acciones pueden coincidir con las de otros PG, los resultados esperados pueden ser muy diferentes: porque se realizarían en contextos estratégicos diferentes; porque las “calidades de ejecución” no serían iguales; o por muchas otras razones entre las que no puede descartarse el hecho de que cada ciudadano(a) espere resultados diferentes porque interpreta los planteamientos de manera diferente.

De hecho, los comentarios y críticas a los PG en los medios de comunicación, son una muestra que cada frase o concepto en un plan puede llevar a interminables discusiones semánticas, ideológicas (o “ideologizadas”) o simplemente subjetivas e interesadas.

La lectura correcta de los PG debe permitir formar un criterio propio respecto a la pertinencia de las acciones que el plan identifica como medios para alcanzar las metas que propone. Es decir, mostrar si las propuestas responden a un modelo internamente coherente de desarrollo, o son más bien un conjunto disperso y muy poco articulado de “deseos” difusos que solo expresan la “panfletería discursiva” de la politiquería.

Establecer la diferencia entre los dos extremos no requiere demasiada formación política: un poco de sentido común y un mínimo conocimiento de la realidad nacional son suficientes para determinar, con una razonable aproximación, si un plan de gobierno es mínimamente realista, o es puro discurso barato.

Las necesidades de la gente como rasero de medida

Los 5 temas que más preocupan a las personas son la corrupción, precariedad del empleo (ingreso familiar), inseguridad ciudadana (incluyendo violencia contra la mujer e intrafamiliar), la (in)justicia, y la salud. Es evidente que la corrupción y la debilidad de la justicia están íntimamente vinculados; que la precariedad del empleo y la insuficiencia de los ingresos están asociados a la inseguridad y a la violencia; y que las limitaciones en el acceso a los servicios de salud (educación, medio ambiente, etc.) son consecuencia de la pobreza a la que condena la insuficiencia de ingresos laborales, y de la baja capacidad de la economía para costear los costos de servicios de calidad. Pero, en última instancia, la pobreza es también un factor determinante para la corrupción y el debilitamiento de la justicia.

De los cinco temas, la salud y la seguridad ciudadana –junto a muchos otros como la educación, infraestructura, saneamiento básico, medio ambiente, etc., son temas condicionados por la disponibilidad de recursos económicos. Los restantes, empleo (ingresos), justicia y corrupción, a los que se suman la diversificación productiva y el (tipo de) crecimiento, determinan la capacidad de la economía para generar los recursos necesarios.

En consecuencia, si un PG identifica conceptualmente las relaciones de causalidad entre los 5 “factores clave” y plantea acciones que se esperaría se articulen sinérgicamente como muestra el esquema precedente, podemos inferir que es un PG “orientado en la dirección correcta”, lo que significa, necesariamente, que en la tienda política que lo propone existe la capacidad técnica y la voluntad política para aplicar efectivamente el plan una vez logrado el gobierno.

Los criterios para valorar los planes de gobierno

La condición necesaria básica para el desarrollo, es la estabilidad del crecimiento que permita planificar a mediano y largo plazo. Esta condición requiere superar el extractivismo (causa de la dependencia) diversificando productivamente la economía; esta última meta depende de la institucionalidad que garantiza justicia, transparencia y competitividad; finalmente, atender las otras demandas sociales (salud, educación, seguridad, servicios básicos, etc.) requiere los recursos que solamente puede proveer una economía estable.

Por ello, la valoración de los PG del MAS, CC y BDN se concentra en su grado de pertinencia para que el Estado asuma el desafío de construir una sociedad: 1) institucionalizada sobre la base de una democracia participativa e inclusiva; 2) con una gestión pública transparente y eficiente; 3) que promueva la diversificación productiva sostenible; 4) que tenga al trabajo y a la creatividad humana –expresados en el empleo digno para todos, como fuente fundamental de generación de valor y de ingresos para los hogares; y, 5) que sobre las bases precedentes, tenga la capacidad de sostener el crecimiento económico a largo plazo, responsable social y eco-ambientalmente, para atender autónomamente las principales necesidades de bienestar de toda la sociedad.

Significa que el “futuro deseado” al que debería conducir un plan de gobierno serio podría caracterizarse por una institucionalidad democrática sólida, una gestión pública transparente y eficiente, y un crecimiento basado en el trabajo y la iniciativa humanas, con las personas y los hogares como beneficiarias directas y finales de ese crecimiento.

En consecuencia, para valorar los planes de gobierno es suficiente concentrar el análisis en los siguientes aspectos (ver recuadro):

  Institucionalidad: aunque la inquietud de la gente está centrada en la (in)justicia, no hay forma razonable de disociar el funcionamiento de la justicia de las otras instituciones democráticas básicas establecidas y reconocidas por la CPE.

  Transparencia:  la corrupción que lastima a la ciudadanía es apenas una de las expresiones de la falta de transparencia en el funcionamiento general del Estado; además está la falta de eficiencia y el incremento de costos (coimisiones) que inhiben inversiones generadoras de valor, empleo e ingresos; comprende las autonomías porque el desarrollo y la creación de empleo digno debe atenderse en cada realidad local.

  Diversificación:  no es suficiente que los PG mencionen la diversificación productiva; la forma cómo la conciben (con el Estado o los ciudadanos como dinamizadores) y cómo proponen construirla es un criterio central de valoración del PG: diversificar no es “plantar fábricas” con recursos públicos; requiere garantizar las condiciones (mercados, productividad, competitividad, y los valores sociales) para que todas las iniciativas económicas enmarcadas en la legalidad se puedan llevar a la práctica; implica una institucionalidad “pro producción y empleo” que sea garante de políticas públicas pertinentes.

Empleo, ingresos:  el empleo digno no es “trabajo” y, mucho menos, “ocupación”. Es la variable socio-económica que vincula la diversificación de la economía con la “calidad social” de su crecimiento: determina el nivel de ingreso de los trabajadores y de la capacidad de consumo de los hogares. Requiere una visión social del desarrollo con la distribución primaria del ingreso –no medidas de asistenciales de re-distribución, o los bonos– como el mecanismo principal y directo de fortalecer la capacidad de consumo de los hogares.

  Crecimiento:  finalmente, el crecimiento sostenido de la economía es un medio, no un fin: hay economías que crecen pero lo hacen concentrando la riqueza, la desigualdad, la precariedad del empleo, o afectando la naturaleza hasta poner a la humanidad al borde de una catástrofe medioambiental a corto plazo; el crecimiento con equidad –y con responsabilidad social y ambiental– implica cambiar de paradigma: toda política que contribuye a crear empleo digno con mejora de la productividad (la eficiencia en el uso de los recursos) sin duda se reflejará en el crecimiento de la economía, pero en condiciones de inclusión y equidad.

Para valorar los PG en relación a cada uno de los cinco aspectos, se emplean cuatro preguntas que permiten estimar:

·  el grado de importancia que cada PG asigna a estos cinco aspectos fundamentales como factores limitantes del desarrollo y como fuente de insatisfacción ciudadana;

·  la pertinencia de las acciones propuestas y de los indicadores que usan para medir los resultados en cada aspecto;

·  la suficiencia o no de las propuestas para promover los cambios estructurales necesarios; y,

·  el grado de impacto integral en el desarrollo que tendrían las acciones propuestas en el PG.

El documento adjunto describe con mayor detalle la justificación y fundamentos del método propuesto para valorar los PG desde la perspectiva de las expectativas ciudadanas.

Documentos adjuntos

La valoración práctica de los planes de gobierno 1