Ley de Imprenta: en su centenario sigue siendo baluarte de la libertad de expresión

Visión Sostenible|29|01|25|

La Ley de Imprenta de Bolivia, promulgada el 19 de enero de 1925 durante la presidencia de Bautista Saavedra, cumplió 100 años. Esta normativa, una de las más antiguas de Sudamérica, celebra su centenario en un contexto que desafía su vigencia y relevancia ante los retos tecnológicos y sociales contemporáneos.

Esta ley no solo regula el ejercicio del periodismo, sino que también es un pilar de la libertad de expresión y el derecho a la información. Sin embargo, a pesar de sus fortalezas, se enfrenta a cuestionamientos sobre su capacidad para adaptarse a los desafíos de la era moderna.

“Sin libertad de expresión, la democracia sería una utopía, una mentira”, asegura Pedro Glasinovic, Premio Nacional de Periodismo 2024, quien recalca que esta ley garantiza a todos los bolivianos ejercer su derecho de emitir sus pensamientos por cualquier medio de comunicación o difusión, tal como establece el artículo primero de la norma. 

En la misma línea, el director de la carrera de Periodismo de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, Pedro Rivero, señala que la Ley de Imprenta se ha constituido en una prenda de garantía para el trabajo de los periodistas que tienen como norte, la búsqueda de la verdad y el servicio a su comunidad. 

“Esta Ley de Imprenta es también un freno para las tentaciones autoritarias y dictatoriales de los empoderados de turno que tratan de imponer una verdad única o pensamiento único como absolutos, de ahí la importancia de esta centenaria ley (…)”, indica.

Para Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Ley de Imprenta protege esencialmente el derecho a la libertad de opinión y expresión, derechos inalienables de la ciudadanía que, a su vez, son fundamentales para salvaguardar los principios básicos del ejercicio periodístico.

"Es importante porque si tenemos claridad sobre las reglas, también podemos evaluar nuestro propio trabajo y cumplir de mejor manera nuestro servicio a la ciudadanía, en el derecho a estar bien informada", afirma. 

La normativa protege derechos esenciales como el secreto de fuente, un elemento clave para la investigación periodística y la fiscalización de los poderes del Estado.

Un legado centenario: entre luces y sombras

A pesar de su solidez como instrumento legal, la Ley de Imprenta enfrenta desafíos en su implementación. Según Alanes, diversas instancias responsables de garantizar su aplicación no han cumplido con su función.

"Los concejos municipales, que deben actualizar la representación en los tribunales de imprenta, no han asumido esta responsabilidad, y las autoridades judiciales a menudo vulneran la normativa", explica.

Glasinovic señala que, aunque la ley prohíbe la clausura de medios y garantiza la libertad de expresión sin censura previa, también impone sanciones severas a los periodistas condenados por un tribunal, que incluyen disculpas públicas y penalizaciones económicas, pudiendo llegar incluso al encarcelamiento en caso de incumplimiento.

¿Actualizar la Ley de Imprenta?

Rivero reconoce que la Ley de Imprenta necesita modernizarse, pero sin perder su esencia. "Con la disrupción de las tecnologías, es necesario adaptarla a las nuevas formas de comunicación, pero siempre respetando su esencia centenaria, que es un freno a las tentaciones autoritarias". 

Destaca que cualquier actualización de la ley debe ser liderada por académicos, colegios profesionales y periodistas, para garantizar un equilibrio entre modernización y la protección de los derechos fundamentales. 

Por su parte, Alanes advierte sobre los riesgos de modificar la ley sin un análisis exhaustivo y sugiere que los ajustes se centren en aspectos procedimentales, implementándolos a través de un reglamento.

"Nos preocupa que quienes plantean la idea de modernizarla pretendan coartar libertades como el secreto de fuente, la prohibición de la censura previa o la garantía de no cerrar medios", enfatiza. 

La declaratoria de la Ley de Imprenta como "Patrimonio Jurídico-Legal del Periodismo Nacional", realizada en Huatajata en 1998, reafirma su relevancia histórica y la necesidad de defenderla. 

Glasinovic destaca que esta resolución surgió tras un amplio debate entre periodistas y expertos, quienes concluyeron que la ley "es buena y debe ser preservada porque garantiza el derecho del pueblo boliviano a la libertad de expresión".