La Paz, 07 de septiembre de 2024
Los acusados de ciberextorsión. Foto: APG
Brújula
Digital|01|06|24|
Una de las víctimas de ciberextorsión contó que en diciembre se prestó 200 bolivianos que los pagó en dos meses. En febrero y cuando tenían todos sus datos personales le cobraron 3.000 bolivianos de una deuda que ella nunca contrajo. La llamaban amenazándola hasta de muerte si no hacía efectivo el pago de este monto.
“Mi situación económica me obligó a buscar un emprendimiento, soy mamá de tres niños. Por Facebook di con la aplicación de préstamos Lotus. Al ver que era tan fácil sacar decidí prestarme 200 bolivianos y emprender, comprar perfumes, trabajé para pagar. Cancelé la deuda en enero y automáticamente me hacen un segundo préstamo por 3.000 bolivianos cuando no saqué absolutamente nada”, dijo la mujer a Unitel.
A los 10 días le llegó la primera notificación, la comenzaron a llamar y cuando dijo que quería arreglar “todo fue para peor”. “Recibí amenazas de muerte para mí y mi familia, incluso a un amigo lo amenazaron con publicarlo en páginas pornográficas, una sarta de barbaridades”, contó.
Una red de ciberestafadores fue desbaratada el miércoles en el segundo anillo del barrio de Equipetrol de Santa Cruz. La Policía detuvo a 117 personas de las cuales 10 fueron identificados como los cabecillas de esta red delincuencial que amenazaba a ciudadanos que adquirían préstamos y que deberán enfrentar un proceso penal.
Una extrabajadora de la empresa contó que para acceder al trabajo llevó su hoja de vida y le asignaron hacer llamadas a personas nacionales e internacionales. “Llamábamos a personas de La Paz, Cochabamba y Beni, Paraguay, Ecuador, México y hasta Estados Unidos, pero a personas que hablaban en español”, afirmó.
“Le dábamos una fecha límite para que ellos puedan depositar su deuda, y si no iban a pasar cobrar otras personas. Tenían direcciones de su trabajo, vivienda y todo. Era como una base de datos donde estaban todo de las personas, parientes, números de carnet de identidad”, relató.
Lei Shang fue identificado como el cabecilla de la organización criminal. Sin embargo, su abogado Sebastián Paz negó toda acusación. “Él afirma que es inocente, no participó en ningún hecho de ciberestafa. De hecho, no hay evidencia al respecto y sólo hay una estigmatización como banda criminal, de cabecilla cuando es una empresa que se dedica a la actividad privada”, declaró.
El abogado explicó que se lo acusa de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y no por las acusaciones que salieron en los medios como extorsión y otros. “En la imputación formal no está tipificado el delito de estafa ni menos vinculado con una red. Entonces, llama la atención que el Ministerio Público hable de afectación al patrimonio de Estado”, afirmó.
Paz aseguró que su defendido no es dueño, socio, ni representante legal de la firma. “Él trabajaba en la empresa. Si revisamos la documentación oficial emitida por el Registro de Comercio, él no tiene ni participación societaria ni representación legal. Por lo tanto, el Ministerio Público va a tener que acreditar esas afirmaciones de que es dueño”, aseguró.
8 de 10 van a la cárcel
La tarde noche de este sábado, un juez de la ciudad de Santa Cruz envió a ocho acusados de cometer estafas cibernéticas desde la capital cruceña con detención preventiva a la cárcel de Palmasola, por 180 días, y dos se beneficiaron con detención domiciliaria.
La audiencia cautelar, que empezó a las 13:40 y concluyó pasada las 19:30 de este sábado, se realizó en el Palacio de Justicia, donde los 10 aprehendidos, entre peruanos, colombianos, chinos y bolivianos, fueron puestos ante un juez cautelar. Del total, dos recibieron medidas sustitutivas entre las que se incluye arresto domiciliario y una fianza.
El fiscal Candido Blanco informó que entre las personas enviadas a prisión está el ciudadano chino, presunto líder de la organización, tres colombianos, dos peruanos y también dos personas de nacionalidad boliviana.
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