Marco Antonio Aramayo: tortura y muerte de un denunciante de corrupción

Brújula Digital |03|06|22 

Claudia Soruco

“Prefiero morir antes que declararme culpable y vender mis principios”.  Marco Antonio murió. Su cuerpo no resistió. Un paro cardiaco acabó con una historia de traslados a más de 50 cárceles y carceletas, a centenares de audiencias postergadas y a macabras jornadas de privación de alimentos, desnudez en el patio penitenciario, golpes, humillación y otras formas de acoso psicológico.

Murió tras una abusiva “detención preventiva” de siete años. Murió a causa de un cuestionado sistema judicial que lo sepultó con más de 250 procesos y demandas en su contra.

¿Su delito? Marco Antonio Aramayo fue quien advirtió y denunció uno de los mayores desfalcos en Bolivia, un hecho de corrupción que posteriormente desembocaría en complicados escenarios políticos, electorales, sociales y judiciales. “Detuvieron al denunciante y murió sin justicia”, dijeron los medios de comunicación el 19 de abril de 2022, cuando dejó de respirar tras horas de agonía en terapia intensiva en un hospital municipal de la ciudad de La Paz, al que había llegado ya agonizante.

“Ha ocurrido el desenlace fatal”, informó esa mañana fría el abogado de quien se convertiría en el caso judicial “récord” en la historia de Bolivia. Y es que Marco Antonio enfrentaba decenas y decenas de procesos en su contra, pero originados de un mismo hecho. ¿No era que no se puede acusar más de una vez a una persona por el mismo delito? No en Bolivia.

Desde su detención en el 2015, organizaciones ciudadanas, entidades internacionales, defensores de derechos humanos, autoridades, dirigentes, familiares, abogados y políticos denunciaron los excesos de esos procesos judiciales y las vulneraciones a los derechos humanos del acusado, como no ser alimentado, hasta negarle el acceso oportuno a la salud, lo que finalmente provocó su muerte. Así se gestó uno de los eventos más icónicos y excepcionales en la región. La noticia cruzó, comprensiblemente, las fronteras.

“Recuerdo aquel día septembrino cuando usted me posesionó como Director Ejecutivo (4 de septiembre de 2013). Pero jamás imaginé que me habían elegido para sacrificarme. El mismo día caí en la trampa motivado por mis preocupaciones éticas y morales respecto a las Naciones Indígenas”, señala una inquietante carta que Marco Antonio escribió en abril, unas semanas antes de su muerte, dirigida al presidente boliviano Luis Arce, quien en aquel tiempo ocupaba el cargo de ministro de Economía del entonces presidente Evo Morales.

Abrazos efusivos, aplausos entusiastas, emoción y nerviosismo, fueron parte de la escena del evento de posesión de quien dirigiría desde ese septiembre el Fondo Indígena de Bolivia, creado durante la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé en 2005 con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficiaran de manera directa a pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas. El proyecto era bueno, porque en las áreas rurales, el 39% vivía en pobreza extrema, cifra que era de 9,1% en las ciudades.

“Quiero dejar en claro que el trabajo que voy a realizar va a ser apegado a la Constitución Política del Estado y vamos a transparentar nuestra gestión como se lo merecen nuestros pueblos”, fueron las palabras que Marco Antonio esgrimió y comprometió minutos después de su posesión y que años más tarde lo llevarían a su encierro y muerte.

El Fondo Indígena, hasta entonces desconocido por la mayor parte de la ciudadanía, era una entidad descentralizada que tenía como fuente de financiamiento el 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).

Su presupuesto anual ascendía a unos 240 millones de bolivianos (alrededor de 34 millones de dólares). Se trataba de mucho dinero que debía convertirse en proyectos para sectores con altos índices de pobreza y vulnerabilidad, los indígenas y campesinos. El 1,5% estaba destinado a gastos corrientes.

El mismo día de su posesión como director, Marco Antonio solicitó a sus subalternos los informes sobre el estado de los proyectos, los montos involucrados y los nombres de los responsables de cada plan.

Hojas y hojas de informes, decenas de carpetas con reportes, cientos de gráficos y tablas le fueron entregados. A la vista, sin mucho análisis, el director se dio cuenta que había irregularidades.

Oriundo de las tierras bajas bolivianas (oriente), Santa Cruz, con el guaraní como su segundo idioma, un porte robusto y una voz que la mantenía siempre firme, al igual que la mirada, esa firmeza nunca se desvaneció, ni en su encierro ni tras las largas noches y madrugadas en las que los policías lo sacaban sin previo aviso de su celda para trasladarlo a otro aislamiento, uno cada vez más alejado. Los fiscales, en vez de acusarlo de un solo delito, le hicieron un proceso por cada proyecto en el que se comprobaron irregularidades. De ahí que enfrentó más de 250 juicios.  

Tras su posesión, Marco Antonio estaba listo. Iba a destapar todos los hechos de corrupción con datos que sistematizó.

“Fuera del Fondo se ha formado un aparato grande de mafia que opera con apoyo de técnicos del Fondo Indígena, eso es triste, porque yo conozco y hay denuncias de gente que maneja 60 proyectos en una sola consultora y son exfuncionarios que conocen bien cómo funciona el Fondo”. Lo dijo públicamente. Las imágenes de televisión de esa jornada muestran rostros de sorpresa, molestia y clara incomodidad de los asistentes.

Queda como constancia de esa reunión una grabación que Marco Antonio había pedido que se hiciera, como si anticipara que en un futuro se convertiría en un elemento necesario para su protección. Lo que no imaginó es que las más altas esferas políticas del país, incluido el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera, no lo respaldarían. Todo lo contrario. Marco Antonio destapó uno de los mayores hechos de corrupción de Bolivia. Nadie en el gobierno estaba predispuesto a felicitarlo.

Denunció decenas de proyectos agrícolas fantasma, pago de sobreprecios, contrataciones inexistentes y presencia de consultorías inventadas, entre muchas otras cosas. La laxa manera de administrar los recursos hacía que los dineros se depositaran en cuentas personales de los dirigentes indígenas y campesinos, no en las de sus organizaciones. Era un gigantesco plan de cooptación y soborno de cientos de dirigentes, que también respaldaban al gobierno. En total se distribuyeron 180 millones de dólares.

“Yo solo no puedo hacerlo, es con ustedes, tienen que dejar de estar avalando a técnicos que no valen la pena y no les hace ningún favor a los pueblos, porque solo tienen un apetito personal”, prosiguió el director con la seguridad que le daban los documentos que comprobaban las irregularidades.

La grabación de esa reunión muestra el silencio sepulcral con que recibe la denuncia el círculo directivo de ministros y otras autoridades que escuchaba a Marco Antonio. Solo el ruido de papeles y la tos de quien se pone nervioso invadieron esa sala. Ahí estaba Nemesia Achacollo, entonces ministra de Desarrollo Rural, representantes de ministerios y dirigentes campesinos e indígenas.

De a poco, todo se fue descubriendo a medida que pasó el tiempo. En uno de los casos (que se conoció el 2015), los encargados de un proyecto pintaron ovejas para hacer creer que eran de raza Hampshire Down. Cuando vino la lluvia, se despintaron las ovejas y se vio que era de raza criolla.  Hasta se supo de la denuncia de la creación de un “pueblo fantasma” para beneficiarse de estos recursos públicos.

Sí, ciertamente, esos eran de los centenares de proyectos fantasma que los técnicos del Fondo Indígena habían aprobado en concomitancia con dirigentes indígenas y campesinos, directivos y autoridades.  

Los días pasaban, los informes de más irregularidades se acumulaban y el director del Fondo tomaba decisiones para detectar dónde estaban los millones de dólares desviados.

El destape salió de esas cuatro paredes

Para finales de septiembre de 2013 ingresé a la sede del Fondo, que, para mí, como periodista, también era desconocido. Y es que unos días antes llegaron a mis manos seis páginas con descripciones de proyectos del Fondo Indígena supuestamente realizados en diferentes regiones del país. Estaban enumerados e iban desde 100 mil hasta 1,5 millones de dólares. Algo así como 100 proyectos.

Hasta ese momento, poco o nada se conocía de Marco Antonio porque llevaba unas cuatro semanas en el cargo de director. Y poco o nada se sabía de los montos millonarios que se manejaban dentro de esa entidad. Así que como periodista analicé las decenas de páginas, verifiqué su autenticidad y seguí mis instintos de reportera.

Cuando visité la sede del Fondo, decenas de dirigentes con ponchos, sombreros, polleras y mantas circulaban en cada uno de sus pisos, con carpetas y portafolios en mano. Iban tras la búsqueda de ansiados proyectos para sus pequeñas comunidades. Un criadero de peces, una granja de gallinas, ganado, tinglados, planes de turismo comunitario, carpas solares, sedes sindicales, cursos de capacitación y liderazgo, en fin, todo lo que esos sectores consideraban necesario para su desarrollo.

Había un gran movimiento. Cada oficina de cada piso estaba repleta de dirigentes. Visité esas oficinas todos los días durante dos semanas.

Obtuve más documentos, hasta que fueron 100 hojas. Había cientos de proyectos con montos, denominaciones, regiones favorecidas, desembolsos consolidados y porcentajes de ejecución. Estaba logrado un primero paso. Era apenas el inicio.

Poco a poco se fue develando la inexistencia de proyectos que aparecían como “en ejecución” o “ejecutados”. No estaban. No existían. Los vecinos no sabían absolutamente nada.

El 9 de octubre de 2013 visité la comunidad Pata Patani, en el municipio de Ancoraimes (altiplano paceño), a unos 130 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz; al llegar, tras cuatro horas de caminos de tierra, se veían sólo unas cuantas viviendas y una pequeña escuela. El único maestro de la localidad llevaba dos baldes de agua ya que el sector no contaba ni siquiera con agua potable.

Es en ese sitio donde, según los cuadros del Fondo Indígena, estaba en plena construcción un “proyecto de turismo rural comunitario”, con una inversión aprobada de 4,8 millones de bolivianos (unos 700 mil dólares).

Al llegar, dos comunarios expresaron su sorpresa: dijeron que no conocían de ningún plan.

El 11 de noviembre se publicó en el diario Página Siete mi crónica “Denuncian supuestos proyectos fantasmas en el Fondo Indígena”. Los denunciantes no eran autoridades o dirigentes, sino pobladores que testificaban que no había nada donde supuestamente existían edificaciones productivas, centros de ayuda social, etc.

El canal estatal contraatacó entrevistando a los dirigentes afectados: “Los Ponchos Rojos (dirigentes) vamos a poner en su lugar (a la periodista). Primero le voy a dar 72 horas para que se retracte Soruco (…). Si no se retracta públicamente (…) nos movilizamos para tomar Página Siete y va a ver quiénes somos los Ponchos Rojos”.

Para ese entonces, el director del Fondo había iniciado una auditoria interna y contratado abogados. Y la noticia empezaba a crecer.

Mi periódico me pidió que siguiera investigando el tema, detallando cada proyecto irregular que conociéramos.

Datos oficiales del mismo Fondo Indígena registraban 3.462 proyectos aprobados por resolución y orden notariada entre 2010 y 2013. De ese total (para septiembre de 2013), 1.340 se encontraban aún en proceso de financiamiento, 592 llevaban adelante cambio de nombres y 894 estaban en aparente ejecución o habían finalizado. Las cifras por cada plan variaban entre 80 mil y casi un millón de dólares.

El 8 de diciembre de 2013 publiqué que solo uno de esos 894 proyectos había concluido. Para el resto de los proyectos fantasmas se habían desembolsado entre el 50 y el 100% de los recursos. Las cifras llegaban a los 180 millones de dólares mencionados.

El gobierno no podía seguir tapando el sol con un dedo. El 10 de diciembre Evo Morales exigió a la Contraloría General del Estado (CGE) investigar “todos” los proyectos.

“Ahora se informa que hubiera obras fantasmas... lamentamos muchísimo, pero el Gobierno va a facilitar que se haga una profunda investigación”, manifestó Morales.

Se inicia la odisea

Aunque algunos medios de comunicación continuaron haciendo seguimiento al tema, éste bajo inevitablemente de intensidad.

Pero en febrero de 2015 el hecho volvió a las portadas de los periódicos cuando la Contraloría estimó un daño económico al Estado de 10 millones de dólares. El Estado admitía solo el 5,5% del escándalo.

Pese a los informes aprobados, a las denuncias realizadas y las auditorías publicadas por Marco Antonio, que demostraban que él había denunciado los hechos, fue detenido y llevado “preventivamente” a la cárcel pública de La Paz. Los hechos de corrupción sucedieron antes de su gestión, pero fue acusado de todos modos.

Se inició así la travesía de abusos (físicos y psicológicos), vulneraciones y procesos judiciales irregulares contra él y dejaron libres de investigación a decenas de dirigentes, técnicos y autoridades involucrados.

Los fiscales lo acusaron de las irregularidades de los diferentes proyectos y por eso era trasladado, en incómodos vehículos, sin acceso a agua o alimento, con las manos esposadas en la espalda, a decenas de localidades bolivianas. Por eso estuvo preso en más de 50 centros de detención. A veces no le prestaban siquiera el baño. Y le impedían comunicarse con su familia. Como en Bolivia no hay defensores públicos, muchas veces estuvo en audiencias judiciales sin presencia de su abogado.

  “Tendría que estar 700 años en la cárcel”

(Declaración de Marco Antonio en relación a todos los procesos que enfrentaban en su contra).

En septiembre de 2018, ya con más de esos 200 procesos en su contra y manteniendo su detención preventiva, fue trasladado, como ya era de costumbre por la madrugada y sin aviso previo, a la cárcel de Villa Bush en la capital del departamento de Pando, en el norte amazónico boliviano, fronterizo con Brasil. Debía asistir a una de sus decenas de audiencias. Justo ese día se desató un motín por parte de los presos, por una razón diferente. Los policías reprimieron a todos los reclusos; los hicieron desvestir y desnudos los obligaron a mantenerse en el patio bajo el inclemente sol tropical, con temperaturas que llegaron a los 32 grados.

Muchas veces era, más bien, el frío el que afectaba al detenido. Denunció que era mantenido esposado a la intemperie por sus guardias, que se iban a comer mientras él esperaba.

A esto se suma las decenas de audiencias suspendidas, los amedrentamientos que sufrió de parte de líderes políticos y la soledad por no poder ver a su familia durante tantos años. Tantos cumpleaños, tantas navidades, tantos abrazos perdidos.

Pasaban los días y su corazón se debilitaba más. Estaba enfermo y sin atención médica.

“Duele esto y desde entonces estoy preso, recorriendo todas las cárceles, injusticias y humillaciones solo por el hecho de denunciar el fraude que ocurrió cuatro años antes de que yo sea director”.

En 2017 Marco Antonio fue condenado a cinco años de cárcel por uno de las decenas de casos que enfrentaba. Sin embargo, la detención preventiva se mantuvo en todos los demás casos hasta el día de su muerte.

Las torturas fueron evidentes

En septiembre de 2020 Andrés Gautier, miembro del Instituto de Terapia e Investigación de la Tortura (ITEI), denunció que en el caso de Marco Antonio la justicia boliviana aplicó la “tortura sin contacto” con el propósito de “destrozar” su vida. 

“En el caso de Marco Antonio Aramayo, Bolivia está usando lo que en Estados Unidos se llama la tortura que no toca a la persona, eso desarrolló Estados Unidos en los casos de Guantánamo, y tiene alta responsabilidad en muchos casos de destrozar vidas sin haber tocado y pegado a la persona; el caso de Marco Antonio es un caso típico de ‘non-touche torture’”, afirmó Gautier.

Los expertos del ITEI detallan de manera sistemática que sufrió cuatro tipos de tortura: la física, psicológica, biológica y sexual. “La lista (de maltratos) es bastante larga”.

“No les importaba su estado físico, tenía que estar en audiencia. En muchos casos (cuando llegaba o se suspendía la audiencia) estaba en calabozos, durante otras noches estaba en centros de aislamiento, en celdas donde no se consideraba la condición mental y física del acusado”, dijo el informe del responsable del área socio-terapéutica del ITEI.

En medio de una profunda crisis económica y sanitaria a raíz de la pandemia de Covid-19 y cuando la mayoría de los procesos judiciales se encaminaban de manera virtual para evitar contagios, Marco Antonio enfermó por el virus y en esa condición fue obligado a viajar a juzgados de diferentes regiones para acudir a sus audiencias. La debilidad e impotencia las denunció su defensa ante autoridades, medios e instancias internacionales. Pero nada avizoraba una salida para el exdirector del Fondo Indígena.

El caso de a poco se fue expandiendo como una clara vulneración a los derechos humanos y la Defensoría del Pueblo fue una de las entidades más ausentes en este escenario. Mantuvo silencio por años.

A la par de la familia y defensa de Marco Antonio, el ITEI continuó alertando y denunciando el maltrato e irregularidades en este proceso judicial. En un informe de septiembre de 2021 esa instancia fue contundente con una clara afirmación: “Aramayo vive una situación de tortura”. Sus responsables atendieron su caso y le brindaron apoyo psicológico desde el 2017.

Pese a esas vulneraciones y permanentes intimidaciones, incluso para que se declare culpable, Marco Antonio mantenía la firme esperanza que “la verdad triunfaría”. Pero nada de eso pasó y su cuerpo se fue debilitando progresivamente. También se debilitó la atención de la opinión pública, de los medios de comunicación y de autoridades, organismos internacionales y entidades ciudadanas. El denunciante fue olvidado por casi todos.

Se quedó luchando solo, junto a su familia, el esfuerzo de su abogado y un puñado de periodistas que continuaban haciendo el seguimiento de un caso de desfalco millonario para Bolivia.

“Su salud iba deteriorándose de manera muy preocupante a tal punto que su vista se ha ido también deteriorando y que nuestro médico –porque no había una orden médica que viniera de San Pedro– pidió que pueda salir para una visita médica para sus ojos (…). No pudo hacer el debido diagnóstico porque los policías no lo querían acompañar”.

Relato de Andrés Gautier, responsable del área socio-terapéutica del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), una ONG boliviana con sede en La Paz.

El deterioro físico y psicológico lo abatió

“La Fiscalía me va a hacer un mausoleo en la cárcel”. Marco Antonio parecía que estaba anticipando lo que sucedería. Las inquietantes frases que fue evocando en cada audiencia fallida de todas las regiones del país daban cuenta de una víctima de la justicia que iba rindiéndose.

Videos que poco a poco se fueron conociendo y difundiendo muestran a una víctima de vulneraciones y procesos judiciales irregulares que suplicaba por atención y por un debido proceso. En cada audiencia en la que podría lograr al menos la detención domiciliara, algo sucedía y todo volvía a la oscuridad de su celda y a enfrentar solo su deteriorado estado de salud.

 “Estoy delicado de salud y el médico del penal autorizó una salida al policlínico de la ciudad de La Paz y cuando estaba haciéndome un examen de cardiología fui secuestrado por policías que desconozco quiénes son y detrás de ellos había vehículos del Servicios de Inteligencia, seguramente con el único objetivo de que yo no denuncie ante la sociedad civil estas injusticias inhumanas que están cometiendo con un ciudadano honesto como soy yo”

(Declaración de Marco Antonio Aramayo en enero de 2016. Abatido y llorando de desesperación)

Su salud empeoró, pero no fue llevado de inmediato a un centro médico. Cuando finalmente fue transportado, era demasiado tarde. El martes 19 de abril de 2021, a las 5 de la madrugada, el cuerpo de Marco Antonio no resistió más.

Murió debido a un “paro cardiorrespiratorio secundario a todas las enfermedades que presentaba el paciente", informó un comunicado de la Alcaldía de La Paz, propietaria del hospital al que fue llevado. Padeció los efectos de un mal tratamiento a la hipertensión y luego sufrió cetoacidosis diabética.

Y entonces la indignación se apoderó de un país donde nuevamente se pone en evidencia la crisis de un sistema judicial y sus operadores.

Los informes establecen que en los siete años que permaneció con detención preventiva, Marco Antonio compareció ante 84 jueces y 91 fiscales en los 259 procesos que se instalaron en su contra.

En esos siete años, el ITEI señala que se gestó “un monstruo de tres cabezas conformado por ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Policía han puesto en peligro la vida del señor Aramayo en más de una ocasión”.

Tras esta muerte, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió una compensación para su familia, así como sanciones a los responsables de que se violara al debido proceso en este caso.

Pasaron casi nueve años desde que se reveló el hecho, y sólo dos personas fueron investigadas, procesadas y dispuestas tras las rejas con casos pendientes y detenciones preventivas: los exdirectores de este Fondo Indígena: Elvira Parra (2010 al 2012) y Aramayo (2013 al 2015). Hasta el momento las investigaciones no han avanzado y no se ha dado aún con los responsables de este desfalco y menos con el rumbo que tuvieron los millones de dólares de esta entidad que debía beneficiar a campesinos e indígenas.

Ha sido un hombre que siempre ha creído en la justicia, hasta el último momento y agradecer esa valía de muchas personas, las cuales nos apoyaron y solamente me queda decir que vamos a seguir con la lucha, y el ideal que él tenía y él me ha dejado un legado, de no venderme, un legado de honestidad y de verdad”.

(Cayetano Aramayo, hijo de Marco Antonio, desde la puerta de ingreso al Hospital Municipal Cotahuma en La Paz el 19 de abril).

BD/RPU