Inmueble incautado a acusado de narcotráfico Pedro Montenegro pasa a dominio del Ministerio Público

Brújula Digital |26|09|19|

Dos inmuebles y tres vehículos que fueron incautados al narcotráfico, pasaron a dominio del Ministerio Público, luego que se suscribió hoy un Contrato de Comodato entre el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa y el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El Fiscal General, al momento de recibir las llaves de los inmuebles y vehículos, señaló que estos bienes fueron secuestrados al crimen organizado y ahora formaran parte de la lucha contra los delitos.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó “hoy en día, existen normas y procedimientos que permiten afectar a la estructura material y logística del narcotráfico, y los bienes y herramientas que servían para la comisión de ilícitos ahora son herramientas de la justicia”.

De acuerdo a la Ley Nº 913, la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dicarbi) cedió dos inmuebles y tres vehículos al Ministerio Público. Los dos inmuebles incautados al narcotráfico son cedidos para el funcionamiento de dos Fiscalías Especializadas que deberán brindar un servicio cálido y humano a la población cruceña, según reporte de Erbol.

El primer inmueble cedido en calidad de comodato se encuentra en el barrio Las Palmas, infraestructura en la que se instalará la Fiscalía Especializada de Delitos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Pérdida de Dominio.

En el  inmueble vivió el acusado de narcotráfico  Pedro Montenegro,  hasta cuatro días antes de que la Policía realizara un allanamiento para su detención.

Pedro Montenegro Paz, acusado por narcotráfico, está recluido en la cárcel de Palmasola por la comisión de los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.

En el segundo inmueble, ubicado en la zona central calle Pari Nº 138, se establecerá la Fiscalía Especializada en Justicia Penal Juvenil y Delitos Medio Ambientales.

El contrato de comodato, inicialmente, tiene vigencia de dos años prorrogable de acuerdo a la necesidad del Ministerio Público.