Exdirector del Fondioc que denunció las irregularidades del MAS está detenido por cinco años, clama por justicia

Brújula Digital |21|7|20|

Marco Antonio Aramayo, el exdirector del Fondo Indígena y quien denunció el entramado de corrupción organizado por el MAS en esa institución, está detenido ya por más de cinco años a causa de las acusaciones del gobierno anterior, que facilitó 86 procesos en su contra. Aramayo ha superado en la cárcel la pena que establece la ley para el supuesto delito cometido, que es de cinco años. Hoy clama por justicia.

El exfuncionario señaló en una reciente  carta que el gobierno anterior necesitaba un “chivo expiatorio” para limpiar esa corrupción que afectaba al oficialismo y que por ello él terminó siendo el acusado, pese a que hizo las denuncias de los años anteriores a su gestión.

Aramayo denunció el 9 de diciembre de 2015 que los dirigentes masistas Juanita Ancieta y Rodolfo Machaca pidieron a nombre del expresidente Evo Morales la suma de 300 mil bolivianos del Fondo Indígena para su posesión en Tihuanacu. Ello dio inicio a la polémica.

De ahí en más la información sobre las irregularidades del manejo del Fondo convirtió a este tema en uno de los estandartes de la corrupción del gobierno de Morales. Se detuvieron a varios dirigentes, entre otras a la exministra Nemesia Achacollo, por ser presidenta del directorio de esa entidad, pero hoy ella y el resto de los acusados están libres.

Quien autorizó los desembolsos fue el exministro de Economía, Luis Arce, candidato a la presidencia. Nunca fue citado si quiera a declarar en el tema.

Aramayo denunció en 2016, desde su celda, que de los 1.342 millones de bolivianos desembolsados en proyectos del Fondo Indígena, 132 millones se fueron en calidad de “diezmos” para los dirigentes del directorio de la entidad. Esos pagos se hacían a cambio de que se autoricen los desembolsos.

“Ahora mis detractores no saben qué hacer con mi injusta detención preventiva. Ellos saben que la responsabilidad de un funcionario público es por la gestión administrativa y no por proyectos. También saben que yo no fui responsable legal de ninguno de los 1.100 proyectos ni administré ni un solo centavo después de producidas las transferencias” a las cuentas de los dirigentes, dijo Aramayo en una carta enviada a la periodista Claudia Soruco, de ANF.

La carta añade que “una semana después de la intervención al Fondo Indígena y fiel a la patria y obediente a las leyes me presenté ante el Ministerio Público para ratificar mis denuncias, pero todos complotaron en mi contra, deteniéndome ilegalmente hasta el día de hoy. Desde aquellos sucesos transcurrieron más de 5 años y medio”, afirma la carta manuscrita, enviada desde su celda.

Explica que “he superado con uno y medio años de cárcel el tiempo qué estipula la ley para el supuesto delito de ‘incumplimiento de deberes’ de los que me acusan”.

El exfuncionario expresa en su carta que funcionarios del gobierno anterior “decidieron formar una tenebrosa atmósfera inquisidora. No podían permitir que alguien los desenmascare y todos acordaron que mi castigó debía ser público, dramático, con tratos crueles, inhumanos y degradantes hasta que me retracte”.

En la carta enviada a Claudia Soruco, que en 2013 fue la primera periodista en publicar un reportaje sobre la corrupción en el Fondo Indígena, Aramayo agrega que lo mostraron enmanillado en diversos estrados judiciales y varias cárceles del país.

“El colectivo de imaginario social creía que yo era el culpable y entonces vi morir mis sueños, vi terminar mis esperanzas, lo destruyeron todo a punta de infamia, a tal extremo que cualquiera me echó tierra para sepultarme en vida. Me obligaron a responsabilizarme por el pasado (2008-2013). Tengo que cargar con sus negligencias después de que dejé de ser director”.

Aramayo relata que vio con esperanza la caída del gobierno del MAS y la llegada de una nueva gestión, pero expresa que “nada ha cambiado” y que la justicia sigue sin trabajar adecuadamente.

También lamentó que los dos directores del Fondo Indígena, elegidos por el actual gobierno, Rafael Quispe y Fernando Vargas, no hayan hecho nada en su favor, pese a que saben que él es inocente.