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Sociedad | 29/06/2022

El largo y vergonzoso camino que debe transitar una mujer víctima de violencia

El largo y vergonzoso camino que debe transitar una mujer víctima de violencia
Claudia Soruco, especial para Brújula Digital |28|06|22|

Los letreros son inmensos. Los mensajes se leen desde la puerta de ingreso a diferentes oficinas: “Denuncia”, “No calles”, “Atención con calidad y calidez”, “Estamos a tu servicio”, “Denuncia la violencia”, “Atención pronta y oportuna”. 

Pues el 30 de octubre pasado, a las 08.00, Sandra, una víctima de violencia, golpeada y devastada, no recibió esa “buena” atención de la unidad de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). En posteriores horas y días tampoco recibiría una atención adecuada ni en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ni en la Estación Policial Integral (EPI) de la zona de Cotahuma de La Paz, que depende de la Alcaldía.

“Debería pensarlo antes de denunciar un hecho de violencia (…) porque va a gastar mucho dinero, necesita abogados, es largo el proceso”. Esa fue la respuesta que uno de los oficiales le dio a Sandra (nombre ficticio) cuando fue a sentar la denuncia por violencia física y verbal ante la FELCV. Sandra sufrió gritos y golpes de un hombre mientras estaban en un auto en movimiento en la zona Sur de La Paz y fue sacada con un empujón hacia la calzada. Pese a sufrir un golpe al caer, afortunadamente no sufrió heridas mayores, pero sí contusiones. El hombre que estaba con ella claramente intentó causarle graves daños.

Cómo exigirle a ese funcionario de la FELCV un mejor trato si claramente desconoce incluso las normativas, la gestión en atención a víctimas, para no mencionar la redacción y ortografía.

–“Pondré violencia doméstica”.–“Le acabo de decir que no es mi pareja ni esposo ni concubino”.–“Así se pone y luego en el proceso se va corrigiendo”…

Frente a su escritorio estaba un gran letrero que incluía cada una de las tipificaciones de la Ley 348 (Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia).

Si en lugar de intentar que respondan al polígrafo se hicieran evaluaciones a los uniformados sobre su conocimiento en normas y atención a las mujeres víctimas de violencia, seguramente otra sería la historia y los casos no se olvidarían por cansancio, maltrato y burocracia.

Pese a ese trato, Sandra decidió continuar ese día con el trámite para hacer prevalecer su denuncia por violencia. Aunque horas más tarde, el trato no cambiaría en la EPI.

–“Tiene que comprar 10 hojas y también un folder, aquí no tenemos, ustedes tienen que traer para imprimir la denuncia”. O sea que la víctima debe salir a buscar eso, pese al temor que siente.
–“No sé por qué denuncian. Generalmente ustedes terminan regresando con sus parejas”.

Esas fueron las palabras de una oficial de la FELCV cuando procesó la denuncia y llevó a la víctima al domicilio de su agresor para colocar la notificación en su puerta. La oficial no había ni leído el caso. 

Los policías de esa misma instancia exigieron a Sandra, semanas después, que pagara el combustible del vehículo para acudir al lugar donde ocurrió la agresión y hacer el correspondiente registro. “No contamos con transporte en este momento”, le dijeron.

–“Va a tener que conseguirse un buen abogado. Tendrá muchos gastos”.

Ese fue otro policía de la FELCV. Así es como cada minuto el sistema policial revictimiza a la mujer, la maltrata y la desmotiva a continuar con su denuncia. Ese también es uno de los elementos por los que miles de mujeres en Bolivia desestiman sus denuncias y retornan a un escenario de violencia en su propio hogar, donde después pueden ser víctimas de feminicidio. Los reportes señalan que gran parte de los feminicidas tenían denuncias anteriores, detenciones domiciliarias u orden de alejamiento.

Y esa jornada de denuncia es apenas el inicio, porque la víctima comienza toda una odisea en un sistema judicial por demás cuestionado.

Tras la denuncia en la FELCV, Sandra debió trasladarse al IDIF, donde se da inicio al proceso de denuncia. Allí el trato también es violento y burocrático. Lo han dicho autoridades, periodistas, activistas y entidades de derechos humanos. 

Tras sistematizar todo esto y completar la denuncia en la EPI, el caso pasó a la Fiscalía. Allá, en el cuarto piso del Colegio de Abogados de La Paz, donde se ubica la oficina de delitos en razón de género, decenas de mujeres sufren la excesiva burocracia, la inasistencia de los funcionarios y la eterna frase del “vuélvase otro día”.

Pese a que cada hora debería contar para realizar una efectiva investigación contra el agresor, el proceso marcha lentamente y se convierte en una pesadilla para una víctima que debe esperar respuestas de fiscales y policías, mientras su agresor puede amenazarla con una nueva arremetida. El agresor va libre.

Toma días que la Fiscalía procese el caso. En el caso de Sandra, esto se dilató más cuando debido a que el fiscal que manejaba el caso, Yasmani Mita, fue detenido tras descubrirse que amenazaba a una afectada con rechazar una denuncia penal por violencia familiar.   

Ante la suspensión del fiscal Mita, el caso de Sandra y de decenas de mujeres debieron pasar a otro fiscal, lo que se tradujo en al menos otras dos semanas de tardanza.

Sandra logró obtener una orden de protección, es decir que su agresor no puede acercársele, pero de todos modos relató que caminaba con temor en las calles ante la posibilidad de encontrarse nuevamente con él. 

Mientras tanto, son elevados los gastos que la víctima debe asumir para encaminar su proceso. Debe contratar a un abogado penalista, que puede exigir montos enormes, de más de 20.000 bolivianos, por atender el caso. Muchas veces los abogados piden un 50% de adelanto, como fue el caso de Sandra. El resto debe pagarse al final, haya o no una sentencia contra el acusado.

En la EPI del municipio de La Paz también se ejerce maltrato sobre las víctimas, además de exigencias materiales. La denunciante debe tener hojas para las impresiones y eso es en lo que menos piensa una víctima en esos momentos. Caminar y buscar por cuadras una librería, caminar con dolor y con humillación. 

Van casi ocho meses desde el día de la agresión y Sandra aún no halló justicia, como miles de mujeres en un país en el que las cifras van en aumento. Sólo en el primer trimestre de 2022 se registraron 11.963 casos de violencia contra las mujeres a nivel nacional. Lo más alarmante es que apenas el 1% de todas las denuncias de violencia tiene sentencia ejecutoriada. 

Es así que las mujeres se ven obligadas a acudir al único ente que les genera algo de tranquilidad e incidencia, la prensa.

BD/RED



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