Alcaldía asegura tener emails y “toda la evidencia” contra una red de corrupción formada por arquitectos y funcionarios

Brújula Digital|21|06|24|

La Alcaldía paceña tiene emails y otras evidencias que demuestran el accionar de una red de corrupción formada por arquitectos y funcionarios municipales para favorecer a algunas personas con trámites de construcción.

“Tengo correos, tengo emails, tengo toda la evidencia de cómo también algunos administrados (propietarios) ofrecen dinero, te meten su carpeta. Y es el mismo trámite que seguramente ustedes han escuchado en Derechos Reales. Ya no puede ser más”, dijo la secretaria Municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, refleja la AMUN.

Rocabado, en una conferencia de prensa realizada el miércoles, leyó uno de los mensajes: “Les voy a leer, escuchen lo que escriben algunos arquitectos: ‘Con el mayor respeto arquitecta, me comuniqué con el propietario, no desea afectar el trámite, le pide por favor ayuda, según me indica podría compensarle por este servicio’”.

La red de corrupción, que operaba desde hace 20 años en la Alcaldía paceña, trabajaba con arquitectos y se detectó que cuatro de estos concentraban la mayoría de los procedimientos para tramitar autorizaciones de construcción de inmuebles.

El modus operandi era así: los funcionarios recomendaban a los propietarios de inmuebles que realizaban trámites contratar a alguno de los cuatro arquitectos y se encargaban de acelerar los procedimientos.

“Tenemos 11.308 solicitudes de permisos de construcción desde el 2017 al 2024 y cuatro arquitectos hacen los trámites; cuatro arquitectos de un universo de tres mil y más que están dentro de lo que se llama para nosotros el Colegio de Arquitectos”.

Se detectó que los trámites de quienes no contrataban a los profesionales sugeridos sufrían demoras o eran rechazados.

“Imagínense, 13.308 solicitudes, 2.808 aprobadas y el resto rechazadas, rechazadas, rechazadas y ¿qué es lo que ocurre del 2011 al 2012? Sale la denominada Ley 622 de Regularización y con esa ley se permite que 34.000 personas que tenían sus predios desde mucho antes, posiblemente desde el 2000, entren al estado para regularizarse y no se regularizan más que 7.000”, resaltó Rocabado.

BD/JA