La Paz está perdiendo rápidamente su patrimonio arquitectónico (casonas republicanas) debido a las demoliciones para dar paso a nuevas construcciones. Los expertos coinciden en que la ciudad ha llegado a un "punto crítico" y que este deterioro podría ser irreversible si no se actúa de inmediato.
Brújula Digital|29|11|25|
Mirna Quezada Siles
La Paz atraviesa una transformación urbana que se acelera a costa de su memoria. Allí donde antes se erguían casonas republicanas o viviendas de inicios del siglo XX, hoy aparecen vacíos, escombros o torres nuevas cuya presencia evidencia la fragilidad de los mecanismos de protección patrimonial. Frente a esta problemática, dos peritos, Lourdes Camacho, especialista en restauración y patrimonio edificado, y Orlando Ogalde, con amplia experiencia en gestión del patrimonio cultural, delinean un diagnóstico coincidente y profundo: la ciudad se encuentra en un punto crítico donde la presión del mercado, la debilidad institucional y la falta de educación patrimonial confluyen en un deterioro que podría ser irreversible. A pesar de solicitar la posición oficial del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la entidad no respondió el cuestionario enviado, evitando pronunciarse sobre los cuestionamientos a su política de gestión y control patrimonial.
La arquitecta Lourdes Camacho identifica al mercado inmobiliario como el motor más agresivo de la pérdida del patrimonio. “En zonas consolidadas, el suelo tiene un valor tan alto que las empresas no ven un inmueble histórico: ven un lote. Y lo compran para demolerlo sin ningún reparo”, explica. Según ella, esta presión es especialmente intensa en barrios como Sopocachi o Miraflores, donde la calidad portante del terreno reduce costos de construcción y eleva las expectativas de ganancia. Sin embargo, el problema no se limita al interés privado: “La desprotección institucional deja a muchos inmuebles en un limbo. Si no están catalogados, quedan expuestos a decisiones administrativas o judiciales que terminan favoreciendo a quienes buscan su demolición.”
El arquitecto Orlando Ogalde, con larga experiencia en inventarios patrimoniales, subraya que la amenaza principal no es solo física. “El abandono es letal. Una casa desatendida desarrolla patologías que luego se usan como excusa para declararla ruina técnica”, afirma. Recuerda que desde 2007 existe un inventario de más de 1.500 inmuebles registrado por el municipio, pero señala que el registro pierde utilidad si no está respaldado por una institucionalidad sólida: “Podemos catalogar mil edificios más, pero si no existe coherencia técnica y voluntad política, la protección queda en papel.”
Ambos arquitectos coinciden en que el avance inmobiliario está colapsando la capacidad de carga urbana en áreas históricas. Ogalde advierte que “las construcciones fuera de norma están poniendo en riesgo la estabilidad de suelos y servicios”, generando incidentes que podrían afectar no solo al patrimonio, sino a la seguridad pública. Mientras tanto, Camacho cuestiona los vacíos técnicos de la normativa municipal: “El reglamento actual no establece especificaciones obligatorias ni sanciones claras, lo que permite intervenciones improvisadas y decisiones erráticas.”
La restauración, en vez de ser una oportunidad, se convierte en un problema para los propietarios. Camacho explica por qué: “Restaurar cuesta más que construir desde cero. Y sin créditos, sin incentivos fiscales y sin una política nacional que priorice la cultura sobre el retorno económico inmediato, es lógico que muchos opten por demoler.” Además menciona la falta de coordinación plena entre unidades municipales: “Cuando subalcaldías y áreas técnicas no actúan de forma articulada, se abren espacios para la discreción. Allí donde hay discreción, aparece la corrupción; y esa corrupción termina acelerando la destrucción del patrimonio.”
Ogalde ofrece una vía alternativa para evitar la pérdida total: la refuncionalización. “No se puede conservar un edificio para que quede congelado en el tiempo. Hay que darle vida nueva, modernizar interiores, integrar lo contemporáneo sin borrar el carácter original. Es posible equilibrar lo antiguo y lo moderno si se actúa con criterios técnicos.” Sin embargo, señala que decisiones recientes del municipio, como el pintado del Teatro Municipal con colores ajenos a su historia, reflejan una falta de comprensión profunda del valor simbólico de estos espacios.
Mientras la institucionalidad se muestra insuficiente, redes técnicas y ciudadanas han empezado a ocupar el vacío. La SEPAC, el Colegio de Arquitectos, colectivos digitales y plataformas comunitarias documentan, denuncian y acompañan procesos de incidencia. Camacho subraya su importancia: “Son un contrapeso fundamental, porque mantienen la presión pública. Pero no tienen poder vinculante; cuando la demolición ya tiene respaldo legal o judicial, no pueden detenerla.” Ogalde coincide: “La ciudadanía está haciendo lo que debería hacer el Estado.”
Ambos recalcan la ausencia de educación patrimonial como raíz del problema. Ogalde lamenta que “no haya hoy ni una sola iniciativa formal de sensibilización impulsada por el municipio.” Camacho añade: “Después de una restauración, aparecen grafitis, carteles y vandalismo. Eso muestra que la desvalorización es humana antes que material. Si no enseñamos a reconocer lo que vale, no habrá forma de protegerlo.”
En este contexto, la reconstrucción de una política patrimonial coherente requiere una transformación profunda. Los especialistas plantean un conjunto de cambios esenciales que incluyen reformar la legislación a partir de un diagnóstico nacional; fortalecer la protección preventiva mientras se estudia cada inmueble; crear unidades técnicas autónomas con capacidad de decisión; sancionar con firmeza a funcionarios y técnicos implicados en intervenciones irregulares; implementar incentivos y asistencia para propietarios; vincular la conservación con el desarrollo sostenible; y reactivar programas educativos permanentes que generen una conciencia ciudadana protectora del patrimonio. Estas medidas, dicen, son indispensables para evitar que el patrimonio se siga perdiendo frente a intereses económicos y prácticas institucionales cuestionadas.
“La pérdida del patrimonio es una herida en nuestra identidad colectiva”, afirma Camacho con firmeza. Ogalde, por su parte, advierte que mientras persistan “la corrupción en las subalcaldías y la inacción judicial”, ninguna normativa -por sólida que parezca- será capaz de proteger lo que La Paz aún conserva. La ciudad, advierten ambos, se encuentra ante un punto de no retorno: lo que se haga o no se haga hoy definirá la memoria urbana del mañana.
Foto ANF
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