La Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), planteó enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país: la construcción y ampliación de infraestructura penitenciaria con la participación laboral de los propios privados de libertad.
Brújula Digital|12|11|25|
La Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), planteó enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país: la construcción y ampliación de infraestructura penitenciaria con la participación laboral de los propios privados de libertad.
El jefe del MNPT, Juan Ledezma, advirtió que el hacinamiento es un problema estructural y persistente en todos los centros penitenciarios del país. “Hay recintos que duplican o incluso quintuplican su capacidad instalada, lo que genera conflictos, violencia y vulneración de derechos”, alertó.
Ledezma sostuvo que una de las primeras medidas que debe asumir el nuevo Gobierno es la implementación de una política de redistribución y separación de la población penitenciaria, junto con la mejora de las condiciones de habitabilidad.
La Defensoría del Pueblo propuso aprovechar la mano de obra calificada existente en los penales, donde muchos internos son albañiles, plomeros, electricistas, arquitectos o ingenieros.
“Nuestras cárceles están saturadas. Lo que pedimos es empezar a construir nueva infraestructura sin que esto demande proyectos millonarios. Hay personas privadas de libertad con conocimientos técnicos que pueden aportar en estas obras, reduciendo sus penas a cambio de su trabajo”, explicó Ledezma.
Según la propuesta, esta modalidad permitiría reducir significativamente los costos de construcción, pasando de una inversión promedio de 10 millones de dólares a cerca de un millón por recinto penitenciario, ya que los principales gastos estarían enfocados en materiales y supervisión técnica.
El planteamiento busca no solo aliviar el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de la población penitenciaria, sino también fomentar la reinserción social, disminuir los niveles de violencia y fortalecer el respeto a los derechos humanos en el sistema carcelario nacional.
BD/LE
