Los jóvenes privados de libertad se aferran a la ilusión de volver a la sociedad con un oficio aprendido durante su encierro.
Brújula Digital|29|10|25|
Dehymar Antezana
“Al principio, como todos, estuve muy triste; extrañaba todo a mi alrededor, no quería nada, extrañaba y aún extraño a mi familia, pero gracias a Dios y a los funcionarios superé mi situación. Desde que llegué (a la cárcel de San Pedro, Oruro), asistí a cursos y talleres de capacitación donde aprendí mucho. Estoy por un delito serio, pero sé que puedo salir adelante”, aseguró D. A. C. con voz de esperanza y que a su vez prefirió cerrar el libro de su pasado y escribir una nueva historia que lo reivindique ante la sociedad.
Ese camino no es nada fácil, porque él, como muchos de sus compañeros, debe superar las dificultades del encierro, desde el hacinamiento extremo, pasando por el hostigamiento de pequeños grupos de poder o personas que intentan sabotear su rehabilitación, hasta soportar la indiferencia del propio sistema penitenciario, actualmente en crisis.
La historia de D. A. C. es solo un ejemplo de los cientos de personas que están en el penal de San Pedro de Oruro, lugar donde la rehabilitación es un desafío constante.
San Pedro y La Merced de Oruro
El penal de San Pedro fue creado mediante ley del 5 de noviembre de 1844, abierto oficialmente en la década del 40 del siglo XX, con una capacidad máxima para 450 privados de libertad. Pero, hasta el domingo 26 de octubre de 2025, la cantidad que albergaba era de 1.788, superando en más del 300% su capacidad.
De ese número, 1.016 tienen sentencia ejecutoriada y 772 son detenidos preventivos. Con la ley de amnistía e indulto presidencial que se pretende aplicar, y cuyo objetivo es descongestionar las cárceles del país y garantizar el acceso a una justicia oportuna, aproximadamente 400 personas se beneficiarían en Oruro con su libertad, pero igual habría una sobrepoblación aproximada del 250%.
En el penal de La Merced, también de la capital orureña, existe hacinamiento, pero no en el porcentaje de San Pedro. Fue abierto en 2019 con capacidad para 312 personas, en cuyo recinto habitaban 343 privados de libertad hasta el domingo reciente, de los cuales 260 eran mujeres, entre ellas 21 mamás que viven con sus hijos y dos internas en etapa de gestación, además de 83 varones, por deuda de pensiones familiares, según datos del Juzgado de Ejecución Penal.
El hacinamiento se considera una pena adicional que vulnera los derechos de los reclusos. La Constitución Política del Estado, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, el D.S. 26715, la Carta Americana de los Derechos Humanos, las Reglas "Nelson Mandela" de la Organización de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros, están orientadas al reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, siendo uno de los componentes la prohibición del hacinamiento.
A este hecho se suman las desfavorables condiciones de habitabilidad; al no existir espacio suficiente, se afecta su derecho a la dignidad como seres humanos, tal como ocurrió a inicios de este año, cuando los internos de San Pedro tuvieron que pasar la noche parados por la falta de espacio y a ocupar lugares no aptos para el descanso corporal, como la biblioteca o talleres de trabajo.
El hacinamiento también dificulta el acceso a servicios como la salud, alimentación y saneamiento, incrementando los riesgos para la salud de los internos.
La Defensoría del Pueblo indicó en 2022 que “el hacinamiento es producto de que la mayoría de los privados de libertad son preventivos”.
La gran cantidad de personas privadas de libertad, independientemente de su situación jurídica, está limitada al acceso de los servicios básicos, debido a diversos factores, entre ellos el poco personal en el área de salud, el cual resulta ser insuficiente para atender a los casi 2.100 internos de San Pedro y La Merced.
La salud es un derecho de las personas privadas de libertad. De acuerdo a la Ley de Ejecución Penal, el área de salud debe funcionar las 24 horas y los siete días de la semana, pero en Oruro no se cumple.
“El único médico general sin especialidad atiende ambos recintos. Lunes, miércoles y viernes atiende en San Pedro; martes y jueves en La Merced, en horarios de oficina. En casos de emergencia, cuando no está el médico, son los policías, mediante el jefe de seguridad, quienes toman la decisión de evacuar a un centro hospitalario”, afirmó la jueza de Ejecución Penal, Erika Aráoz Rioja.
También hay un odontólogo para ambos recintos y el apoyo de un enfermero para San Pedro. Asimismo, apoyan dos médicos de centros de segundo nivel. En el caso de La Merced se tiene una profesional del centro de Salud Santa Rosa, al margen del personal mencionado.
Respecto a la alimentación, el recinto carcelario tiene una concesionaria que prepara los alimentos para los privados de libertad, quienes gozan de un prediario de ocho bolivianos, cuyo pago es periódico por la Gobernación de Oruro, con recursos de Seguridad Ciudadana.
La concesionaria “hace milagros” cada día al dotar del desayuno, almuerzo y un mate con pan a los privados de libertad de San Pedro y La Merced.
Impacto en la rehabilitación
Las condiciones de sobrepoblación obstaculizan los programas de rehabilitación y reinserción social, comprometiendo el objetivo fundamental del sistema penitenciario.
La jueza Aráoz señaló que, en el caso de los privados drogodependientes, reciben atención especializada a cargo de una psicóloga en el penal y también de un psiquiatra en el Hospital Oruro-Corea. Este hecho fue corroborado por la exdirectora de Régimen Penitenciario, Sandra Soto Pareja, quien indicó que en gestiones anteriores se tenía un grupo de autoayuda para alcohólicos y drogodependientes.
A su turno, la expsicóloga de San Pedro, Isabel Severich, dijo que trabajó desde 2012 con jóvenes no solo que padecen este mal; para ello, formó grupos de ayuda que más adelante serían el inicio de un proyecto apoyado por la organización "Save the Children", tomando en cuenta que uno de los fines del sistema penitenciario es la rehabilitación de las personas privadas de libertad, para facilitar su reinserción social.
Una luz de esperanza
Se establecieron programas educativos, laborales y terapéuticos diseñados para reducir la reincidencia delictiva y permitir la reintegración efectiva de las personas privadas de libertad a la sociedad. Este principio también se refleja en las Reglas "Nelson Mandela", que promueven actividades de formación profesional y educativa como herramientas esenciales para la reinserción social.
Se dieron capacitaciones esporádicas a los jóvenes privados de libertad mediante "Save the Children", y al tener resultados positivos se formó el Grupo de Jóvenes “Tomando decisiones”, bajo el liderazgo de la psicóloga Severich y la entonces directora Soto.
“Una característica de "Save The Children" son los procesos de capacitación educativos y formativos en diferentes áreas: empoderamiento personal, salud sexual reproductiva y empoderamiento económico”, subrayó la responsable de esta organización no gubernamental en Oruro, Indira Hinojosa.
Añadió que la idea de esos temas era fortalecer su “yo”, elevar su autoestima, resiliencia, autodeterminación, liderazgo, toma de decisiones, talento humano, descubrir sus capacidades y terminar estableciendo su proyecto de vida.
Los jóvenes presentaron propuestas de trabajos sociales para asumirlas durante el año de capacitación en el área de Salud Sexual. Mientras que, en el empoderamiento económico, se llenaron de herramientas para generar recursos propios mediante el empleo o el autoempleo.
En relación con resultados, se trabajó con 150 personas; sin embargo, no eran permanentes. Al terminar el proceso de capacitación, se emitían convocatorias en el municipio orureño para la presentación de proyectos sociales. Al ser seleccionados, recibían financiamiento para ejecutar sus propuestas.
“Estos espacios permitieron que los jóvenes generen sus propios recursos y, como "Save the Children", les hemos buscado mercado para que vendan sus productos fuera del penal, y se logró tener contratos en serigrafía, por ejemplo”, explicó Hinojosa.
Esta actividad no fue muy sencilla de ejecutar, ya que, si bien se coordinaba con Régimen Penitenciario, se tenía dificultades con el personal de seguridad, quienes muchas veces retuvieron el material de trabajo por sospechas de que se obre en contra de las reglas del penal.
Esta labor terminó cuando llegó la pandemia en 2021, debido a las dificultades para que el personal de "Save the Children" ingresara al penal, además del cambio de autoridades que hicieron prácticamente que esta acción termine. Sin embargo, se logró sembrar una semilla que, si bien no contagió a todos, hizo que otros muestren un cambio, no solo en su forma de ver la vida, sino también de mejorar su condición económica, al grado de salir del penal y cumplir con el objetivo de su reinserción social e integración familiar.
“Antes he vivido aburrido sin saber qué hacer, siempre me metí en problemas pensando cuándo me voy a ir de aquí, todos me decían que era malo, que no iba a cambiar, me tenían miedo. Ahora, después de los cursos de jóvenes, hago chocolates, artesanía en alambre, tengo amigos, vendo chocolates”, afirmó el interno W.B.
Complementó D. A. C. al señalar que aprendió muchos cursos como juegos didácticos, manualidades, artesanía, serigrafía, chocolatería y porcelana fría.
“Ahora hago porcelana fría por contrato y estoy en el rubro, tengo mis ingresos, mejoré mi vida y no estoy en malas cosas; depende de uno y que esté ocupado. El mensaje que quiero dar es: tropezando se aprende a caminar, levántate y sigue tu camino; aprende y aprovecha lo que te ofrecen porque no siempre se encuentra apoyo”, dijo.
La expsicóloga del penal de San Pedro, Isabel Severich, indicó que recientemente fue al penal y evidenció la continuidad del grupo de jóvenes, pese a que el programa “Tomando decisiones” ya no está activo.
“Se mantienen los grupos de terapia ocupacional como rubros. Cuando entré a trabajar en el penal, lo primero que vi fue la vulneración de los derechos de los jóvenes, cómo eran manipulados por los adultos, quienes generaban dinero mediante los pocos rubros que había en ese entonces. Los jóvenes no tenían ocupación y eso me motivó a buscar alternativas desde 2014”, aseguró.
En el arduo trabajo de rehabilitación, se tuvo dificultades con los mismos internos, ya que había una especie de sabotaje entre ellos, es decir, de los que no querían rehabilitarse a los que sí querían hacerlo, incluso intentaban tentarlos con estupefacientes para que dejen el proyecto de vida con el cual querían cambiar su destino.
Severich añadió que se hizo énfasis en su desarrollo personal, dejando de lado muchas experiencias que son recordadas ahora como los grandes desafíos que se pasaron en su momento y que permitieron además consolidar varios proyectos al interior del penal, como el mejoramiento de la infraestructura, la ampliación de talleres para los rubros e incluso la adquisición de equipos de trabajo.
A la fecha, en San Pedro existen 28 rubros de trabajo, que funcionan mediante la Asociación Comunitaria “San Pedro”, legalmente reconocida. Mientras que, en La Merced, se tienen rubros laborales con alimentos, cuyas privadas de libertad contratan a otras internas a las que se las paga por día.
La exdirectora de Régimen Penitenciario, Sandra Soto, manifestó que cada rubro está organizado mediante una directiva y los socios deben cumplir ciertos requisitos para ser admitidos.
“De acuerdo al trabajo que realizan, generan recursos económicos para sí mismos. Entre estos rubros están escobillería, carpintería, repostería, chocolatería, serigrafía, textiles; asimismo, están organizados en tiendas para la venta al interior y también tienen actividades artesanales”, aseguró.
Uno de los rubros más grandes es el de escobillería; se hace entrega del producto a nivel nacional, lo que requiere mayor mano de obra.
Asimismo, en el ámbito educativo se tiene el apoyo del Centro Educativo Alternativo “Nueva Esperanza”, pero el acceso es limitado por espacio y la falta de infraestructura, ya que en el aula apenas ingresan 25 personas aproximadamente.
Soto indicó que, cuando asumía el cargo, se gestionó el CEA con educación para adultos en el nivel primario, secundario, técnico básico y técnico medio, al que podían acceder todos los privados de libertad, pero sin las comodidades necesarias. En la actualidad, también hay educación superior que se pasa a distancia con la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”.
Según la jueza Aráoz, para cambiar el sistema carcelario se debe hacer una reestructuración total de los recintos carcelarios, y no solo es un tema de Régimen Penitenciario, sino de Estado y todas las entidades involucradas en esta área, como el Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, Policía, juzgados, municipios, gobernaciones, la Defensoría del Pueblo.
“Se tiene que hacer una reestructuración total; la solución no es hacer más recintos penitenciarios y que los privados de libertad estén relativamente cómodos, se tienen que hacer cambios estructurales de tal manera que logren la reinserción social de los privados de libertad”, aseguró.
BD/RPU
