El Ministerio Público inició un proceso penal por el delito de avasallamiento contra presuntos autores que habrían ingresado de forma ilegal y violenta a la propiedad denominada Patujú, en el municipio de Montero, donde se produjeron enfrentamientos y retención de trabajadores.
Brújula Digital l03l10l25l
El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que el Ministerio Público inició un proceso penal por el delito de avasallamiento contra presuntos autores que, el pasado 27 de septiembre, habrían ingresado de forma ilegal y violenta a la propiedad denominada Patujú, en el municipio de Montero, donde se produjeron enfrentamientos y retención de trabajadores.
“Al tener conocimiento del hecho nos trasladamos inmediatamente a este municipio del Norte Cruceño para que, junto con el Fiscal de Materia, se continúe con las actuaciones correspondientes a través de los requerimientos fiscales, para dar con los responsables de los avasallamientos. Asimismo, no se descarta ampliar la investigación conforme avance el proceso y se colecten más elementos como el resultado del informe médico forense de las víctimas”, señaló Zeballos.
La Fiscalía confirmó que los ocupantes ilegales retuvieron por varias horas al propietario y a sus trabajadores dentro del predio. Tras conocerse la denuncia, se desplegó un contingente de aproximadamente 200 efectivos policiales que logró ingresar al lugar, desalojar a los encapuchados y rescatar a las personas retenidas.
Durante la intervención también estuvo presente el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien denunció haber sido agredido junto a una comitiva integrada por legisladores y dirigentes cívicos.
“Entré al predio avasallado para ayudar a salir y a rescatar a los trabajadores que estaban secuestrados. Y por eso no quise dejar el predio hasta asegurarme que quedaban en libertad todas las personas”, dijo Camacho
El hecho provocó la reacción de diferentes sectores cívicos y políticos, que demandaron a la Fiscalía y a la Policía garantizar la seguridad jurídica de la propiedad privada y sancionar a los responsables de la toma violenta.
La investigación sigue en curso y, según adelantó Zeballos, se evaluará la responsabilidad penal de los implicados, sin descartar que el caso se amplíe a otros involucrados conforme se obtengan nuevos elementos de prueba.
BD/RED
