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Sociedad | 30/09/2025   22:05

Justicia ordena al Estado garantizar diálisis y pacientes renales celebran fallo “histórico” en Santa Cruz

Pacientes con problemas renales, durante una protesta en La Paz. Foto: Archivo Peter Luna
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El Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de Santa Cruz concedió una acción de libertad presentada por pacientes renales, cívicos y legisladores, que obliga al Estado a garantizar de manera inmediata los tratamientos de diálisis y atención a personas con enfermedades terminales.

“El tribunal estableció que ninguna vida puede estar en riesgo por falta de pago de diálisis o tratamiento contra el cáncer. Hoy ganaron los enfermos renales, hoy ganó Bolivia”, expresó el abogado Andrés Ritter, representante de los accionantes, al calificar el fallo como un hito en la justicia boliviana.

La acción fue presentada contra el presidente Luis Arce y los ministros de Economía, Marcelo Montenegro, y de Salud, María Renée Castro, luego de meses de retraso en los pagos a los centros de hemodiálisis.

En los últimos días, enfermos renales realizaron una vigilia en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz para exigir soluciones. “No somos políticos, estamos luchando por vivir. Si no se pagaba, muchos estábamos en riesgo de morir”, afirmó Marco Torrez, vocero de los pacientes.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, sostuvo que la decisión evidencia los efectos del centralismo. “Con los pacientes no se juega. La justicia hizo lo que correspondía y ahora el Gobierno debe pagar a tiempo para que no vuelvan a sufrir”.

La respuesta del Gobierno

Pocas horas antes de conocerse la sentencia, el Ministerio de Salud informó que ya había cancelado el 100% de la deuda con los centros de diálisis en Santa Cruz y que en las próximas horas regularizaría pagos en el resto del país.

“El cuarto trimestre del SUS ya está cubierto. En Santa Cruz hemos cumplido con el 35% de la deuda nacional”, aseguró Javier Moreno, asesor del Ministerio de Salud. No obstante, dirigentes de los enfermos señalaron que el desembolso se hizo únicamente tras la presión judicial.

El fallo judicial es de cumplimiento inmediato y, según el abogado Ritter, garantiza que ningún paciente con enfermedades crónicas quede desprotegido por demoras administrativas o decisiones políticas. “Santa Cruz peleó por una causa justa que beneficia a toda Bolivia”, concluyó.

BD/RED





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