Instituciones públicas y del sector agropecuario piden anular el recurso. El Tribunal Agroambiental deberá resolver cada uno de los incidentes antes de avanzar con la sustanciación del caso principal.
Brújula Digital|31|08|25|
Sumando Voces, Yenny Escalante
El Tribunal Agroambiental resolvió reactivar las medidas cautelares dictadas de oficio contra los incendios forestales que azotan Bolivia, una crisis que ya arrasó más de 4,5 millones de hectáreas en el territorio nacional hasta este 29 de agosto, según informe técnico preliminar del departamento especializado de este ente judicial.
La decisión fue adoptada en sala plena y establece que las disposiciones entrarán en plena vigencia desde el lunes 1 de septiembre, pese a los recursos legales planteados por diversos sectores.
En paralelo, diversas instituciones del Estado y sectores productivos interpusieron incidentes, excepciones y recursos jurídicos con el propósito de frenar la medida. En esencia, las acciones buscan dejar sin efecto la admisión de la causa y lograr que el Tribunal Agroambiental se declare incompetente para conocerla.
“El Tribunal Agroambiental en su sala plena, en ejercicio de sus atribuciones previstas en la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad (…) establece que las medidas cautelares se decretarán sin audiencia de la otra parte, ningún incidente ni observación planteados por el cauteloso con la medida podrá impedir su ejecución”, recordó el ente durante la audiencia realizada el viernes, en la que participaron también organizaciones de la sociedad civil.
La determinación responde a la emergencia nacional declarada mediante el Decreto Supremo 5447, promulgado el 20 de agosto de este año, y se ampara en la Constitución Política del Estado, la Ley de la Madre Tierra, la Ley 439 y el Acuerdo de Escazú, que facultan a los Estados a dictar medidas precautorias cuando existe un peligro inminente.
Área afectada
El Tribunal Agroambiental informó durante la audiencia que hasta la fecha el fuego ya ha afectado 4,5 millones de hectáreas en Bolivia.
“El informe técnico preliminar del departamento técnico especializado de este Tribunal Agroambiental ha informado que los incendios forestales a la fecha de la celebración de la presente audiencia, 29 de agosto del 2025, estimativamente están sobrepasando un promedio de 4,5 millones de hectáreas”.
Disposiciones del Tribunal Agroambiental
Entre su disposiciones, el Tribunal Agroambiental ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al Viceministerio de Defensa Civil, a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a gobernaciones y alcaldías actuar con la “máxima urgencia” para sofocar los incendios en tierras fiscales, áreas protegidas, parques nacionales, territorios indígenas y sitios Ramsar.
El tribunal enfatiza que los principios de prevención y precaución obligan al Estado, en todos sus niveles, a priorizar la protección de los ecosistemas, en particular en zonas de alta biodiversidad y territorios de pueblos originarios que actualmente sufren los efectos de la quema.
Transparencia
Además de las acciones de control, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental dispuso medidas de transparencia. En un plazo máximo de 72 horas, los ministerios de Economía y Finanzas, Planificación, Defensa y Medio Ambiente, junto a las entidades territoriales, deberán presentar informes detallados sobre los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios, para la prevención y mitigación de incendios.
La información exigida incluye anexos del Presupuesto General del Estado 2024 y 2025, planes operativos anuales, transferencias del Tesoro General de la Nación, modificaciones presupuestarias y la ejecución de fondos extraordinarios movilizados a raíz de la emergencia. El objetivo, según la resolución, es transparentar el uso de los recursos ante la población.
En el caso del Ministerio de Defensa, como coordinador de la respuesta a través del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias, se deberá detallar las resoluciones e informes vinculados a la movilización de recursos, mientras que el Ministerio de Economía deberá reportar todas las reasignaciones financieras realizadas bajo el marco del Decreto Supremo 5447.
Llamado a la Fiscalía
El tribunal también exhortó a la Fiscalía General del Estado a iniciar de oficio investigaciones por delitos ambientales vinculados a los incendios, recordando que estos son imprescriptibles según el artículo 347 de la Constitución.
“Los procesos deben tramitarse con máxima celeridad y prioridad”, establece la resolución.
La medida se produce tras una primera decisión tomada en julio, cuando en un fallo considerado histórico, la Sala Plena del Tribunal Agroambiental admitió la demanda de medidas cautelares preventivas y precautorias presentada por un colectivo de defensoras y defensores del medio ambiente. Sin embargo, la aplicación quedó en suspenso.
Acciones para frenar las medidas cautelares
-Mediante memorial presentado el 31 de julio de 2025, la Procuraduría General del Estado planteó una excepción de incompetencia, en la que solicita la declinatoria de la causa ante los juzgados agroambientales.
-En la misma línea, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo interpuso un incidente de nulidad de citación y un recurso de reposición contra el auto de admisión ambiental, además de impugnar la resolución de admisión de la demanda.
-La Federación de Ganaderos de Santa Cruz presentó recurso de reposición contra el auto de admisión y su decreto complementario, pidiendo que se deje sin efecto.
-La Cámara Agropecuaria del Oriente interpuso recurso de reposición y planteó excepción de incompetencia.
-La Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia presentó memorial de rechazo a las medidas cautelares, argumentando vulneración de derechos constitucionales y solicitando la exclusión de las regiones amazónicas de la causa.
-El Ministerio de Economía y Finanzas interpuso un incidente de nulidad contra el auto de admisión y opuso excepciones previas de incompetencia y de demanda defectuosa, sin perjuicio de presentar su informe de fondo.
-La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra planteó excepción de incompetencia y pidió la remisión del proceso a los juzgados agroambientales. Asimismo, presentó alegatos e informe en el marco de sus atribuciones, solicitando su exclusión de la resolución impugnada.
-El Ministerio de Gobierno, a través de sus representantes legales, requirió la anulación del auto de admisión por falta de competencia y vulneración de garantías constitucionales, aunque presentó informe sobre el fondo del proceso.
-El Servicio Nacional de Áreas Protegidas remitió un informe sobre las medidas cautelares solicitadas y otro de carácter complementario.
-El Viceministerio de Tierras planteó excepción de incompetencia y contestó negativamente la demanda.
-El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se apersonó y solicitó la declinatoria de competencia del Juzgado Agroambiental de San Ignacio de Velasco, pidiendo dejar sin efecto todo lo actuado.
-La Federación de Ganaderos del Beni también requirió la nulidad del auto de admisión, alegando vulneración constitucional y convencional, y anunció la impugnación de cualquier resolución.
-El Gobierno Autónomo Departamental del Beni pidió dejar sin efecto el auto de admisión por incompetencia del tribunal y violación constitucional y convencional, reservándose el derecho de impugnar la causa. El Comando General de la Policía Boliviana, por su parte, presentó informe y solicitó la anulación del auto de admisión para plantear excepciones de impersonería.
-Representantes de los ministerios de la Presidencia, de Medio Ambiente y Agua, de Desarrollo Productivo, de Economía y Finanzas Públicas, de Gobierno, de Defensa, del Viceministerio de Defensa Civil, de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas interpusieron una acción de inconstitucionalidad concreta contra el auto de admisión SPTAA003/2025. El trámite se cumplió conforme a ley. En sus escritos, cuestionan la legalidad de la admisión y solicitan su nulidad.
El Tribunal Agroambiental deberá resolver cada uno de estos incidentes antes de avanzar con la sustanciación del caso principal.
Los magistrados tienen plazo hasta el 8 de septiembre para emitir un pronunciamiento que determine si se mantienen o se anulan las medidas precautorias en cuestión.
Este escenario refleja una pugna jurídica en torno a las acciones destinadas a frenar los incendios forestales, un problema que cada año genera graves impactos ambientales, económicos y sociales en el país. Mientras los impulsores de la causa sostienen que las medidas son urgentes para proteger el bosque y la biodiversidad, los opositores alegan que su aplicación puede afectar actividades productivas.
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