Brújula Digital|19|06|25|
Sumando Voces
Álvaro Bozo es un abogado especializado en derechos humanos que radica en Irlanda, isla que, según dice, tiene 10 millones de hectáreas. Y, no puede dejar de comparar esa extensión con las 12,6 millones de hectáreas que se quemaron el año pasado en Bolivia por efecto de los incendios forestales. Dice entonces que “son 2 millones de hectáreas más que todo un país”.
Bozo, junto al periodista británico David Hill, recorrieron las tierras bajas de Bolivia durante los incendios del 2024 y, producto de ese trabajo, acaba de ser presentado en Santa Cruz el documental “Bolivia en llamas”.
La pieza audiovisual muestra las responsabilidades del Estado en la deforestación, la expansión de las colonias menonitas a través de la compra de tierras y el cambio del uso del suelo, además del papel de la transnacional de los alimentos Cargill, como la principal compradora de la soya boliviana.
Bozo cuenta que cuando llegó a Bolivia lo hizo para filmar un documental sobre deforestación, pero terminó poniendo el foco en los incendios porque “la Amazonía se estaba quemando”, literalmente.
Citando que Bolivia es el segundo país con mayor pérdida de bosque nativo del mundo, el abogado dice que, la gran diferencia con otros países es que aquellos impulsan políticas para frenar la deforestación, mientras que en Bolivia “tenemos políticas públicas que las están incrementando, que las están auspiciando. Tenemos un paquete de leyes incendiarias que no ayudan a la situación”. Estas normas se enmarcan en la agenda patriótica 2025 “que tiene como como finalidad volver a Bolivia en un país exportador de granos y que nos está haciendo mucho daño”, dice en entrevista con Sumando Voces, de a que también participa la especialista en bosques, Marielle Cauthin.
Mariel Cauthin señala que, según datos de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO), la frontera agrícola soyera crece en 3%, es decir, 30 mil hectáreas por año, sin embargo, investigaciones propias indican que lo hace en 60 mil hectáreas anuales, es decir, al doble.
“Si te pones a pensar dónde puede crecer la frontera con 60 000 hectáreas anuales y el documental habla del caso de esta comunidad (menonita) que creo que son 10.000 hectáreas, precisamente va ahí, a costa de deforestación del bosque, del cambio de uso de suelos y de un margen de ilegalidad muy grande”, comenta. Cauthin participa también del documental Bolivia en llamas.
Menonitas en expansión
Los documentalistas ingresan hasta las colonias menonitas que están en plena formación y constatan su expansión a través del desmonte mecanizado.
Cauthin explica que entre los menonitas se está dando un fenómeno consistente en la “conversión de tierras de ganadería extensiva a cultivos de soya intensivos de forma mecanizada”, para lo que proceden al cambio del uso del suelo luego de comprar las tierras a los ganaderos que tienen grandes extensiones y que no tienen la capacidad para la producción agrícola.
Bozo enfatiza que la población menonita trabaja muy duro y que es una comunidad honesta, pero que “la crítica tiene que enfocarse a que ellos compran tierras, pero son las autoridades nacionales, la ABT, el INRA, los que tienen que hacer cumplir las leyes, los que tienen que dar instrucciones claras a estas comunidades”.
Agrega que hay estudios que señalan que 16% de toda la deforestación en la Chiquitania se ha producido en colonias menonitas.
Explica que hasta el 2013 había 75 colonias menonitas, pero que hasta el 2022 ya eran 124 y esto se debe a que son familias grandes, de 12 ó 14 hijos, y por tanto necesitan más tierras para sus actividades y, como tienen un gran poder adquisitivo, practican la agricultura mecanizada.
Bozo insiste que “estas comunidades necesitan la orientación y el apoyo del estado para hacer las cosas bien”.
“No podemos decir que no es su responsabilidad, es su responsabilidad y tenemos que ponerle presión al Gobierno y para eso estamos aquí, para para pedirle al Gobierno que reordene y que cambie de rumbo la política de los bosques y que el INRA y la ABT cumplan con sus funciones”, señala.
Y ¿Cómo logran los menonitas las autorizaciones para cultivar en tierras que tendrían otra vocación? Cauthin dice que lo hacen “mediante problemáticos contratos de compraventa donde tienen un margen de ilegalidad muy alto”.
Cargill, la beneficiaria
“Cargill es el exportador más grande de la soya de Bolivia y entonces es uno de los grandes beneficiarios de toda esta deforestación”, señala Bozo.
“Al ser una empresa tan grande en el mundo, ellos se han comprometido a eliminar de sus cadenas de suministros productos que vengan de deforestación reciente. Ellos dicen que en el caso de Bolivia esto se cumple y nosotros hemos visto y se ha visto también en un estudio que de Global Witness, que no es así”. El documental muestra los recibos de los productores que le venden a Cargill.
Bozo explica que “los mercados europeos siempre están buscando que los productos que ellos consumen no sean nocivos para el medio ambiente, no sean provenientes de áreas de deforestación o donde haya violaciones a derechos humanos y este es uno de los casos evidentes donde podemos ver que esta empresa es responsable por esto”.
Pero, vuelve sobre el Gobierno y señala que “es el principal promotor del ecocidio”.
El documental es una producción de Gecko Project, una sala de prensa sin fines de lucro que hace investigaciones sobre recursos naturales, conflicto y derechos humanos.