Víctimas alertan que Gobierno boliviano negocia acuerdo con el Vaticano que “protegerá a los pederastas”

Brújula Digital|27|03|25|

Un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Santa Sede, que se encuentra en etapa final de negociación, ha encendido las alarmas de organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos. 

El borrador del documento, al que tuvo acceso Brújula Digital, establece la protección absoluta de los archivos eclesiásticos, lo que en la práctica impediría futuras investigaciones sobre casos de abuso sexual clerical.

El artículo 12 del borrador establece textualmente: “El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce, protege y respeta la inviolabilidad de los archivos, registros y documentos pertinentes a la Conferencia Episcopal Boliviana, a las curias episcopales (...) y a los demás organismos, entidades y dependencias de la Iglesia católica” (ver adjunto).

Esta cláusula resulta particularmente sensible porque, según las víctimas, los archivos eclesiásticos han sido fundamentales para destapar redes de pederastia y encubrimiento, contienen información sobre traslados de sacerdotes acusados e incluyen documentos internos que prueban cómo algunas órdenes religiosas protegieron a abusadores.

El primer medio en publicar esta información fue El País de España.

Críticas

La exconcejala y exministra Cecilia Chacón publicó en sus redes un comentario crítico sobre el borrador de acuerdo con el Vaticano.

“A pesar del show que montó la Procuraduría para la investigación de los abusos haciéndose parte de la causa contra los jesuitas pederastas, la Cancillería está actualizando un acuerdo bilateral en el que el artículo 4 de la Constitución queda como adorno”, dijo Chacón.

La también analista señala como el primero de ellos “la impunidad” y explica: “El gobierno le reconoce la inviabilidad de los archivos, registros y documentos, no sólo a la conferencia episcopal, sino a todas las dependencias de la Iglesia Católica, abriendo una zanja infranqueable para investigar y esclarecer denuncias de abuso sexual y otros perpetrados por cualquiera de sus miembros. Prueba de ello es que la Iglesia no entregó voluntariamente documentación que evidenciaba los ultrajes cometidos por los curas Pica, Pedrajas o Lucho Roma”.

También menciona la “asignación de fondos públicos”, para mencionar que “el convenio que se negocia traslada al Estado los costos de mantenimiento y conservación del patrimonio histórico cuando la Iglesia, que hace uso y goce de estos, con seguridad cuenta con recursos más que suficientes para hacerlo, mientras el Estado no es capaz de mantener sus propios bienes patrimoniales o aquellos de fundaciones u organizaciones nacionales que de verdad necesitarían este soporte”.

Agrega que mientras faltan ítems en escuelas rurales y en sector salud, “el gobierno boliviano reconoce como necesidad el financiar ítems a las escuelas católicas, algo que desde que se aprobó la Constitución de 2009 tendría que haberse suprimido”, porque el Estado laico respeta la libertad de culto, pero debe ser neutral en relación a las religiones y no favorecer a ninguna en especial.

Postura de Luis Arce

El acuerdo contrasta marcadamente con la postura pública que mantuvo el presidente Luis Arce en mayo de 2023, cuando estalló el escándalo por los casos de pederastia clerical. 

En aquel momento, el mandatario envió una carta al Papa Francisco exigiendo acceso completo a los archivos sobre los abusos y advirtiendo que se reservaba el derecho de vetar el ingreso de nuevos sacerdotes extranjeros con antecedentes.

Sin embargo, el actual borrador no solo omite estas demandas, sino que en su artículo 15 establece facilidades migratorias especiales para religiosos extranjeros, incluyendo exención de tasas y trámites preferenciales.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Pederastia ha calificado el acuerdo como “un pacto para la impunidad”. En un comunicado emitido este jueves, la organización señaló: “El Gobierno estaría poniendo un muro infranqueable para investigar y esclarecer denuncias de abuso sexual. Las congregaciones religiosas han usado sus curias para esconder, incurriendo en encubrimiento, pruebas de abuso sexual eclesial”.

Por ello, las organizaciones de víctimas exigen eliminar el artículo sobre inviolabilidad de archivos, establecer excepción al secreto de confesión en casos de abuso, implementar verificaciones obligatorias de antecedentes para religioso y renegociar los términos del acuerdo con participación de las víctimas.

BD/RED

Documentos adjuntos

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