La secretaria general de la comunidad Totoral Chico del Municipio Pazña en Oruro, Mariluz Ventura denunció que las autoridades nacionales están "parcializadas" en favor de las empresas mineras para que obtengan una licencia ambiental y puedan operar en la comunidad.
Brújula Digital|11|01|25|
La secretaria general de la comunidad Totoral Chico del Municipio Pazña en Oruro, Mariluz Ventura, denunció que este lunes 13 de enero se realizará una consulta “amañada” para favorecer a la empresa minera Salvada Sociedad Colectiva del sindicato Avicaya con la otorgación de arrendamiento y licencia ambiental. La dirigente teme que ese día se puedan producir acciones violentas.
“Están llamando a consulta previa y aquí están parcializadas todas las autoridades nacionales como ser la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), el Ministerio de Minería, la Gobernación, Senarecom (Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales) y todas las instituciones que son nacionales”, indicó Ventura en entrevista con Brújula Digital.
Además, denunció que esta empresa minera tuvo recientemente una reunión con el Ministerio de Minería y Metalurgia llegó a “acuerdos que están por detrás de la ley”.
Ventura informó que en octubre de 2023 se realizó la primera consulta previa sobre la operación de la empresa en la comunidad, en la que los pobladores rechazaron la entrada de la minería. No obstante, este lunes se lleva a cabo una segunda consulta, en la que, al igual que en la anterior, no se dieron a conocer las propuestas previamente.
“Mi comunidad en pleno le dijo no a la minería en la anterior consulta, (…) pero se hicieron de la vista gorda (desconociéndola) y eso nos sorprende. Por eso, es que se llegó a una segunda consulta”, afirmó Ventura.
Además dijo que, en las consultas, las empresas que desean ingresar a la comunidad deben justificar su presencia y presentar propuestas para la comunidad. Sin embargo, en la primera consulta no se presentaron propuestas y la empresa minera argumentó que necesitaban las licencias porque el 80% de los comunarios trabaja en el lugar, lo que fue rechazado por la dirigente.
“Prácticamente vinieron a mentirnos: primero dijeron que trabajan más comunarios que de otro lugar, y, segundo, que solamente se trata de una cuadrícula que está en nuestra comunidad. Pero son ocho cuadrículas, ocho y medio que está en nuestra comunidad”, añadió.
En una entrevista que brindó el viceministerio de Política Minera, Marcelo Ballesteros, al medio digital Sumando Voces, dijo que hubo un acuerdo verbal con la empresa para explotar tres cuadrículas. Además, indicó que estas áreas estaban inmovilizadas en favor de Comibol por lo que no corresponde realizar la consulta previa.
Sin embargo, la Constitución Política del Estado señala que la consulta es un derecho que tienen los pueblos indígenas para toda medida que pueda afectarles El artículo 30, inciso 2 de la CPE, indica que los pueblos indígenas tienen derecho: “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
BD/AGT