Pobladores de Tiquina rechazan la construcción del puente y bloquean vía a Copacabana

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Las Juntas Vecinales de San Pablo y San Pedro de Tiquina bloquearon, este lunes, la carretera hacia Copacabana, interrumpiendo el transporte de pasajeros y vehículos en el estrecho. Los pobladores están en contra de la construcción del puente que afectaría a los lancheros y otros sectores de la región.

“Nuestro paro de 24 horas es señal de protesta y, sobre todo, de exigencia a los compromisos que el mismo ministro Montaño asumió en abril en el estrecho de Tiquina. Las organizaciones sociales y todas las instituciones hemos decidido tomar acciones porque el Ministro incumplió sistemáticamente y ya no dice nada”, afirmó Carlos Yapuchura, representante de la comunidad.

La dirigencia de los movilizados denunció que se abrirán los sobres con las propuestas para el Estudio de Diseño Técnico del puente, acto al que aseguran no haber sido convocados. “De una forma totalmente irresponsable con el estrecho de Tiquina, hoy se designará qué empresa se adjudicará el estudio correspondiente, iniciando así de manera irregular el proceso”, señaló Yapuchura.  

Además, recordó que el ministro Montaño prometió en abril gestionar medidas para mitigar el impacto en las fuentes de empleo locales, particularmente de los lancheros, quienes dependen del transporte de pasajeros y vehículos en el estrecho. Sin embargo, los pobladores denuncian una falta de avances en este compromiso.

El puente, que se proyecta en la parte más angosta del lago Titicaca, tendría una longitud estimada de 1.200 metros y una inversión de 8,58 millones de bolivianos, financiada por el Tesoro General de la Nación (TGN). Según el cronograma del Ministerio de Obras Públicas, el plazo para que las empresas interesadas presenten sus propuestas vence este lunes.  

La construcción, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), forma parte de un plan mayor que contempla una inversión superior a los 300 millones de dólares. El tiempo de ejecución del proyecto final, una vez aprobado, será de 390 días calendario.

La comunidad también demanda información transparente sobre el proyecto y cumplimiento de los acuerdos asumidos. “No estamos de acuerdo bajo los términos que el ministro maneja”, enfatizó Yapuchura, reiterando la exigencia de diálogo y cumplimiento de los compromisos adquiridos.

BD/RED