Ordenan detención preventiva de 3 meses para el Alcalde de Achocalla; comunarios amenazan con bloqueos

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El alcalde de Achocalla, Manuel Condori Quispe, fue enviado con detención preventiva por tres meses, al penal de Patacamaya, acusado de los delitos de lesiones leves y graves e incumplimiento de deberes en el caso de la mazamorra que afectó la zona de Bajo Llojeta en La Paz. La decisión fue tomada este jueves tras la audiencia de medidas cautelares.

El fiscal departamental de La Paz explicó que la imputación se basó en elementos documentales y actos investigativos que vinculan a Condori con el desastre ocurrido el 23 de noviembre. Según la investigación, la autoridad habría autorizado trabajos de remoción de tierra cerca del Cementerio Los Andes por parte de la empresa Kantutani, lo que presuntamente contribuyó a la tragedia.  

Aquella noche, una intensa lluvia desbordó el río Pasajahuira, lo que habría provocado una mazamorra que destruyó alrededor de 40 viviendas y cobró la vida de Camila, una niña de cinco años. El desastre también afectó infraestructura pública, obstruyó drenajes y agravó los daños en la zona afectada. La inmobilizaria atribuyó la mazamorra a un taponamiento.

La Fiscalía, en un inicio, solicitó seis meses de reclusión para Condori, argumentando la gravedad del caso pero la decisión judicial determinó una detención preventiva por la mitad de ese tiempo.

Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, también fue citado como acusado en la investigación, aunque su declaración fue postergada por problemas de salud para este lunes. Ambos alcaldes han señalado a la empresa Kantutani como responsable del incidente, aunque los documentos sugieren que Condori autorizó las labores de remoción en un área considerada de alto riesgo.  

Mientras tanto, comunarios de Achocalla se movilizaron frente al tribunal en respaldo al alcalde y, tras conocer el fallo, amenazaron con bloquear el relleno sanitario de Alpacoma y la carretera principal que conecta La Paz con el resto del país. Los dirigentes justificaron su postura argumentando que la decisión judicial es injusta y perjudica a su municipio.  

BD/RED