El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, confirmó la aprehensión del alcalde de Achocalla, Manuel Condori, y de tres funcionarios de la inmobiliaria Kantutani en la investigación por la mazamorra caída en Bajo Llojeta,
Oficinas de la FELCC de La Paz. Foto: RRSS
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El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, confirmó este lunes la aprehensión del alcalde de Achocalla, Manuel Condori, y de tres personeros de la inmobiliaria Kantutani, por la investigación abierta por el deslizamiento de tierra que sepultó viviendas en la zona de Bajo Llojeta, en La Paz. El desastre, del pasado 23 de noviembre, dejó como saldo la trágica muerte de una niña de cinco años y una treintena de viviendas afectadas.
“El alcalde de Achocalla está siendo investigado por incumplimiento de deberes. Además, tres personas fueron aprehendidas como parte de la inmobiliaria Kantutani”, declaró Ríos en un encuentro con los medios.
También se indicó que Condori era investigado por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves y graves.
Condori fue trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz a las 18:20 de este lunes, donde permanece detenido. La Fiscalía Departamental, que lidera las investigaciones, también allanó la anterior semana las instalaciones de la Alcaldía de Achocalla en busca de documentación que permita esclarecer responsabilidades.
La mazamorra fue causada por movimientos de tierra presuntamente irregulares en terrenos pertenecientes a la empresa inmobiliaria Kantutani, que buscaba ampliar el cementerio "Los Andes"; aunque la compañía inmobiliaria asegura que esta emergencia se produjo por el taponamiento del río y eso es de responsabilidad municipal.
Tanto Condori como el alcalde de La Paz, Iván Arias, quienes ya prestaron declaración ante la Fiscalía, señalaron a la empresa como principal responsable de los trabajos que habrían desencadenado el desastre. Sin embargo, a la fecha todavía no se ha realizado ninguna auditoría técnica para establecer responsabilidades, como pidió la empresa Kantutani tras el lamentable evento, en un comunicado.
El Ministerio Público inició de oficio una investigación por el delito de estrago agravado con homicidio, mientras continúa recabando pruebas y declaraciones. En tanto, se espera la llegada del representante legal de Kantutani desde Perú para que rinda su declaración.
BD/RED