Oficinas de la Fiscalía de La Paz.
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El alcalde del municipio de Achocalla, Manuel Condori, acudió este jueves a la Fiscalía Departamental de La Paz en calidad de testigo, como parte de la investigación por el deslizamiento que sepultó viviendas y cobró la vida de una menor en Bajo Llojeta el pasado sábado. Sin embargo, tras cinco horas en el lugar, Condori salió y no hizo declaraciones a los medios de comunicación.
La directora de Límites de la Alcaldía de Achocalla, Adelayda Vino, acompañó al burgomaestre y señaló que desde el inicio de la investigación, la autoridad edil facilitó toda la documentación requerida por los fiscales. "Apenas la Fiscalía se apersonó al municipio de Achocalla, el alcalde abrió las puertas y facilitó toda la documentación que ayude a esclarecer este problema", afirmó.
Vino insistió en que el municipio de Achocalla no autorizó los movimientos de tierra que habrían desencadenado el desastre. "En ningún momento se autorizó. El documento que existe es un acta de conformidad, pero no señala que se harán movimientos de tierra", subrayó.
La funcionaria apuntó a la empresa inmobiliaria Kantutani, propietaria del terreno donde se realizaron los trabajos, como la responsable del deslizamiento. Según Vino, la compañía realizó movimientos de tierra sin autorización para ampliar el cementerio "Los Andes".
En un comunicado, la empresa Kantutani solicitó la realización de una auditoría técnica e independiente para establecer las responsabilidades que correspondan. "Por tratarse de un tema delicado, no se puede afirmar la culpabilidad de nadie sin que se audite, de manera imparcial, los aspectos técnicos que pudieron haber incidido en el desenlace", señala parte del documento.
El Ministerio Público inició una investigación de oficio por el delito de estrago, agravado por el homicidio de la menor.
Declaración del alcalde de La Paz
Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, también se presentó ante la Fiscalía para declarar sobre el caso. Hasta el momento, su declaración continúa en curso.
La Alcaldía paceña había señalado previamente a la empresa Kantutani como responsable de los movimientos de tierra, argumentando que estos se realizaron con base en un presunto permiso emitido por el municipio de Achocalla.
BD/RED