El viernes, durante los enfrentamientos en Parotani entre Policías y bloqueadores evistas, un fotoperiodista quedó herido
el periodista herido en Parotani. Foto:RRSS
Brújula Digital|02|11|24|
En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, diversas organizaciones de la sociedad civil boliviana emitieron un pronunciamiento exigiendo justicia y mayores garantías de seguridad para los periodistas en el país.
La declaración denuncia la violencia creciente contra la prensa, las amenazas a la vida y la integridad de los reporteros y la falta de respuesta por parte de las autoridades.
Este llamado adquiere especial relevancia en el contexto de casos recientes y emblemáticos de agresión.
El documento busca recordar al país y a sus autoridades la responsabilidad de proteger el rol fundamental del periodismo y de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.
A tres años del caso “Las Londras”, donde varios periodistas fueron atacados sin que hasta ahora se haya hecho justicia, las organizaciones expresan su preocupación ante la repetición de estos hechos en zonas de conflicto actuales, como las recientes protestas en Parotani y Mairana.
Según el pronunciamiento, periodistas que cubrían estas manifestaciones fueron víctimas de agresiones y amenazas graves, reflejando lo que consideran una falta de medidas efectivas del Estado para proteger a la prensa en momentos críticos.
La declaración destaca el papel esencial del periodismo en la democracia, recordando que el acceso a la información y la libertad de expresión son derechos fundamentales para la ciudadanía. Las organizaciones firmantes subrayan que el Estado tiene la obligación de brindar garantías reforzadas a quienes ejercen esta labor y combatir la impunidad de quienes atentan contra ella. “La violencia hacia las y los periodistas no debe ser tolerada”, enfatizan.
Además de la preocupación por la violencia contra la prensa, las organizaciones de la sociedad civil señalaron el impacto de las protestas en la vida cotidiana de miles de bolivianos, especialmente en áreas rurales y periurbanas.
Los bloqueos de caminos han afectado gravemente el suministro de productos básicos y el tránsito de ambulancias en lugares como Cochabamba, generando tensiones y enfrentamientos. Ante esta situación, las organizaciones instan a una “pausa solidaria” y a una pronta investigación de los hechos violentos que vulneran los derechos de la población.
El pronunciamiento también incluye una serie de demandas a las autoridades nacionales:
Al Órgano Ejecutivo: Implementar políticas y protocolos de protección para periodistas, en especial en contextos de conflicto o manifestaciones. Además, piden medidas de asistencia para aquellos en riesgo por su labor.
Al Órgano Judicial: Garantizar procesos justos y efectivos para que periodistas y medios de comunicación puedan acceder a la justicia, en casos de amenazas, ataques o censura.
Al Ministerio Público: Investigar con diligencia los delitos que afectan a periodistas, asegurando que las agresiones, amenazas y actos de intimidación no queden en la impunidad.
Entre las organizaciones figuran la Red UNITAS, Fundación CONSTRUIR, CLADEM Bolivia, Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (APNB), ANGUIRU, EMPODÉRATE, SALVAGINAS y ECAM.
Las organizaciones también exigen la inmediata investigación de los hechos de violencia y restricción indebida de derechos a personas afectadas por los conflictos. En un llamado a la paz, exhortan a la población movilizada a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica, respetando los derechos humanos y reiteran que la violencia no es un acto protegido por los estándares internacionales.
Por último, instan al Estado a establecer mecanismos de diálogo y mediación con los sectores movilizados, para promover soluciones pacíficas a las controversias y poner fin a la violencia y los bloqueos.
BD/RPU