El caso de Noelia Flores y de tantos otros: el drama de denunciar y desgastarse tratando de buscar justicia

Brújula Digital|30|09|24|

Primera nota de apoyo del reportaje ganador del fondo concursable convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz

Rodolfo Huallpa

“Me afecta este tema. Me cansa y no me imagino cómo les afecta a las mujeres víctimas de violencia”, así la periodista Noelia Flores de Santa Cruz confiesa el desgastante suplicio que significa buscar justicia ante los tribunales y las oficinas fiscales en un caso de agresión.

El 9 de mayo pasado, en la Gobernación de Santa Cruz, Flores fue agredida por policías que resguardan esa institución, que inicialmente le impidieron ingresar a una cobertura y, luego de lograr el permiso y haber ingresado a estas instalaciones, la retiraron violentamente de las instalaciones, agarrándole los brazos, la espalda y el cuello, además de propinarle golpes en el estómago y apretarle los senos.

“Mientras eso pasaba, a mi camarógrafo le bajan la cámara para que no grabe lo que me estaban haciendo”, denunció Flores en ese momento.

La periodista denunció el hecho ante la Fiscalía por los delitos de lesiones graves y gravísimas y restricciones en el acceso a la información. La fiscal asignada al caso fue, nuevamente, Marioly Tórrez, quien desestimó el segundo delito. Hasta la fecha no se puede acceder a los nombres de las policías agresoras, lo que impide que el proceso avance.

“Esperamos la lista del equipo de policías que estaba de turno justo aquel 9 de mayo. Ahí estamos atascados, porque no hemos obtenido eso, pese a que ya fue aceptada la denuncia, pero es un retroceso porque no se tiene mayor avance”, lamentó la periodista.

¿Cuánto afecta psicológicamente denunciar un hecho de violencia? Noelia se frustra y expresa que es “desgastante” entrar en un proceso de estas características, primero por el trabajo, si bien le han ofrecido apoyo, cree que continuar con este proceso podría afectar en su permanencia en la red ATB, donde hace periodismo desde hace 13 años. No sólo eso, revivir esta experiencia una y otra vez alteran su estado de ánimo.

“Psicológicamente te desgasta, pero no quiero que le pase a otras personas”, confesó.

Fiscalía no da con los autores de la agresión de mineros a periodistas en Oruro

El 16 de junio de 2023, los periodistas Armando Montecinos y Jorge Huanca fueron víctimas de una agresión proveniente de mineros cooperativistas que, con dinamitas y golpes, impidieron a ambos filmar un acto de desalojo a la cooperativa La Luminosa, que opera en una mina del Cerro San Pedro en Oruro. A ambos los botaron al suelo y los golpearon.

A Montecinos le robaron el celular, micrófono y pedestal, y a Huanca le arrebataron su teléfono móvil.

Ese mismo día, ambos presentaron una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por el robo de equipos y agresiones graves y leves. Por el primer delito, comentó Huanca, luego de tres semanas, los cooperativistas les repusieron sus equipos. En el segundo caso no se tuvo mayores avances, incluso en un momento desaparecieron las imágenes y videos que estaban en posesión de los investigadores. Hasta la fecha el caso continúa sin la identificación de los autores materiales del hecho.

A un poco más de un año de presentada la denuncia, aún “no ha llegado ni la imputación, ni menos ha habido presión de la Policía para identificar a responsables, ni la Fiscalía ha soltado la orden para tratar de identificar a los responsables a través de los dirigentes de La Luminosa”, lamentó Huanca.

El caso Las Londras en riesgo de cerrarse por inacción judicial y fiscal

El próximo 28 de octubre se cumplirán tres años del secuestro y tortura que sufrieron seis periodistas en la hacienda Las Londras, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, en un hecho que se considera el de mayor violencia ocurrido en contra de periodistas en el último tiempo en Bolivia. El proceso penal que se sigue en contra de los agresores, un grupo de avasalladores de tierras, está en riesgo de poder cerrarse, debido a que el Código de Procedimiento Penal establece que la duración máxima de una acción penal es de tres años, pasados los mismos, “el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.

“Se van a cumplir tres años desde que se inició este proceso y se puede cerrar. Es lo más doloroso, porque así la ley lo permite”, lamentó Percy Suárez, entonces camarógrafo de la red ATB y quien logró filmar a sus agresores el día del secuestro, cuando con escopetas y tapados con pasamontañas, estos avasalladores impidieron a la prensa y a la Policía ingresar al sector.

El problema que tanto Suárez como la abogada Raquel Guerrero identifican en este caso es la falta de diligencia del Ministerio Público y del juzgado de Concepción, que, de manera insólita, les han pedido a ellos notificar con la acusación fiscal a sus agresores para dar comienzo al juicio oral. No sólo eso, además de llevarles la notificación, les han pedido llevar las cinco mil fojas de documentos del proceso a cada uno de los cinco acusados.

“¿Qué nos dice la juez? Que nosotros tenemos que ir a notificar a las personas que nos agredieron. Tenemos que ir hasta San Julián a buscarlos. Tenemos que ir con el folder a notificar uno por uno para que ellos se presenten al juicio, cosa que no va a suceder porque yo no voy a arriesgar mi vida, ni tampoco la doctora Guerrero”, cuestionó Suárez, quien relató que el sólo hecho de asistir al juzgado le implica a él y a su defensa un viaje de seis horas de la ciudad de Santa Cruz a la población de Concepción.

Guerrero mencionó que una opción para la notificación es el edicto, pero se les ha rechazado esa posibilidad.

“Ellos (el tribunal) nos exigen que nosotros seamos quienes los notifiquemos en sus casas (a los acusados). Están colaborando a la impunidad”, cuestionó la abogada.

Para la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, este caso es el reflejo de la impunidad de la violencia a periodistas. “Consideramos que es un ejemplo claro de que no se cumple el debido proceso, de que hay protección a quienes violentan a periodistas y que este caso, desde nuestra percepción, va a ser uno de los más graves ejemplos de impunidad”, sintetizó.

Aquí puede leer el reportaje central

https://brujuladigital.net/sociedad/sin-justicia-agresores-de-periodistas-quedan-impunes-y-libres-por-la-indiferencia-del-estado-

Aquí puede leer la segunda nota de apoyo

https://brujuladigital.net/sociedad/el-gobierno-deja-en-el-limbo-la-creacion-de-un-mecanismo-no-estatal-para-proteger-a-periodistas-recomendada-por-el-giei

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