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La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) criticó la reciente decisión del Senado, por rechazar el tratamiento de la Ley 741 que, según la institución, es la principal responsable de la proliferación de incendios forestales en el país. Esta ley permite la realización de chaqueos y quemas de hasta 20 hectáreas por año sin necesidad de permisos ni controles, lo que facilita la expansión de incendios devastadores para los bosques bolivianos.
“A pesar de las alertas y el clamor de los distintos sectores, el Senado optó por abrogar dos leyes que no tienen ningún impacto en la situación actual de incendios. La Ley No 337, que venció hace varios años, no afecta la generación de incendios, mientras que la Ley No 1171, cuya finalidad era prevenir quemas ilegales y mitigar incendios forestales, nunca llegó a entrar en vigencia debido a la falta de reglamentación”, señaló la CAO a través de un comunicado emitido este jueves.
El Senado abrogó la Ley 337, conocida como “Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques”, y la Ley 1171, que regulaba el uso controlado del fuego en actividades agrícolas. Estas normas, según la CAO, fueron criticadas por su impacto ambiental, pero no son la raíz del problema actual.
Leyes abrogadas
La Ley 337, aprobada el 11 de enero de 2013, tenía el objetivo de fomentar la producción de alimentos mediante la regularización de desmontes no autorizados realizados entre 1996 y 2011. Esta norma permitió a los productores evitar la reversión de sus tierras o el pago de multas a cambio de comprometerse a aumentar la productividad y reforestar algunas áreas. Sin embargo, fue criticada por ser demasiado flexible en cuanto a la deforestación, lo que llevó a la legalización de desmontes en zonas forestales sin permisos adecuados, exacerbando la degradación ambiental y aumentando el riesgo de incendios.
El Senado también abrogó la Ley 1171 de “Uso y Manejo Racional de Quemas”, que buscaba regular el uso controlado del fuego en actividades agrícolas y evitar incendios forestales. Esta norma establecía sanciones económicas por quemas no autorizadas, pero, según la CAO, la falta de reglamentación y aplicación efectiva de la ley impidió que se lograra un control real sobre los incendios.
BD/RED