El Senado abrogó la Ley 337, que promovía la producción de alimentos a cambio de la regularización de desmontes y quemas no autorizadas; y la Ley 1171, que regulaba el uso controlado del fuego en actividades agrícolas.
Brújula Digital
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El Senado abrogó la Ley 337, que promovía la producción de alimentos a cambio de la regularización de desmontes y quemas no autorizadas; y la Ley 1171, que regulaba el uso controlado del fuego en actividades agrícolas. Ambas normas fueron criticadas por su impacto ambiental.
El pleno del Senado aprobó este jueves el Proyecto de Ley Abrogatorio que deroga la Ley 337 del 11 de enero de 2013, conocida como la “Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques”, así como sus modificaciones posteriores.
Esta norma fue introducida en 2013 con el objetivo de fomentar la producción de alimentos mediante un programa de seguridad alimentaria. Bajo esta ley, los productores que deforestaron tierras sin autorización entre 1996 y 2011 podían regularizar su situación evitando la reversión de sus tierras o el pago de multas.
A cambio, debían comprometerse a aumentar la productividad de sus tierras entre un 10% y un 20% por hectárea y a reforestar algunas áreas. Aunque la ley pretendía beneficiar a los productores, fue criticada por muchos sectores debido a su flexibilidad frente a la deforestación y los desmontes, lo que le valió el nombre de "ley del perdonazo".
La norma permitió la legalización de desmontes en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) sin los permisos adecuados, lo que incentivó la expansión de la frontera agrícola en zonas boscosas, exacerbando la degradación ambiental y aumentando el riesgo de incendios forestales.
Abrogación de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas
El Senado también abrogó de la Ley N° 1171 que regulaba el uso controlado del fuego en actividades agrícolas, como la habilitación de chacos para cultivos, limpieza de malezas, quema de pastos y desmontes.
Esta ley establecía sanciones de entre 1 y 6 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) por cada hectárea quemada sin autorización, lo que equivalía a montos entre 2,5 y 15 bolivianos por hectárea, según la cotización vigente.
Además, intentaba controlar las quemas agrícolas y evitar incendios forestales, uno de los mayores problemas ambientales en Bolivia. Sin embargo, a pesar de estas regulaciones, las quemas seguían siendo una práctica común y una de las principales causas de los incendios en los bosques del país.
Además, otras normativas como la Ley 741 permitían el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades, lo que agravaba la situación ambiental.
Estas normas fueron aprobadas este jueves en la sesión convocada por el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, afín al expresidente Evo Morales. Las normas pasarán a la Cámara de Diputados que es controlada por el actual Gobierno a través de Israel Huaytari.
BD/LE