Según una nota de prensa de la Defensoría, los ministros mencionados en la Acción Popular son Alan Lisperguer, ministro de Medio Ambiente y Agua; María René Castro, ministra de Salud y Marcelo Montenegro, ministro de Economía
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este miércoles una Acción Popular en el TSJ. Foto: APG
Brújula Digital |11|09|24|
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este miércoles una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia (TSJ) contra tres ministros de Estado, tres gobernadores y doce alcaldes del país, bajo el argumento de no haber atendido a tiempo los incendios forestales que azotan a Bolivia.
“Nuestra casa se está quemando por la irresponsabilidad de aquellos que debieron adoptar las medidas preventivas necesarias en su oportunidad. En esta acción popular, en ejercicio de nuestro mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo está reclamando esa situación”, aseveró Callisaya al momento de presentar la acción popular.
Según una nota de prensa de la Defensoría, los ministros mencionados en la Acción Popular son Alan Lisperguer, ministro de Medio Ambiente y Agua; María René Castro, ministra de Salud y Marcelo Montenegro, ministro de Economía.
En tanto, los gobernadores que deberán ser citados son Mario Aguilera, gobernador cruceño en suplencia; José Alejandro Unzueta, del Beni y Regis Germán Richter, autoridad de Pando. Asimismo, los alcaldes de San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos, y Puerto Quijarro.
Dicha medida acusa a las autoridades estatales, gobernadores y alcaldes de una “falta de prevención y una falta de previsión y reacción efectiva frente a una situación como la presente”.
“(Hay) una irresponsabilidad de aquellos que debieron adoptar las medidas preventivas necesarias en su oportunidad. Es un grave desastre ambiental el que estamos viviendo, por ello es que estamos planteando esta acción popular”, dijo Callisaya.
Además, la acción menciona que el “derecho al medio ambiente sano vinculado con la salubridad pública”, mismo que “ninguno de los niveles estatales ha obrado conforme manda la norma, esto en la medida en la que, si hubieran cumplido sus deberes en lo que respecta a prevenir, alertas tempranas, etc. el escenario actual no sería así de desfavorable”.
En tanto, los otros aspectos de la medida, está referidas a los “derechos de la Madre Tierra vinculados con biodiversidad y áreas protegidas, los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOCs) en sus elementos de tierra, territorio y territorialidad; además de la situación del pueblo indígena ayoreo en aislamiento voluntario y sobre la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales”.
La acción popular que impulsó la Defensoría se da en un momento crítico, donde los incendios ya arrasaron con las de 4 millones de hectáreas en el oriente del país y que no está siendo controlado.
BD/MC/AGT