Experto en Derechos Humanos: Miedo y normas bolivianas impiden a niños venezolanos recibir educación

Alissya Guerrero

Brújula Digital|11|08|24|

A dos cuadras del Mercado Camacho, en el suelo, Victoria de siete años de edad se encuentra echada en el piso intentando combatir el frío con un par de frazadas. A su lado, su padre se encuentra pidiendo “una ayudita” a los transeúntes para recolectar dinero que les permita conseguir alimentos. Esta escena refleja la dura realidad que enfrentan muchos niños venezolanos en el país, quienes, junto a sus padres, llegan en busca de “mejores oportunidades”.

“Yo llegué primero (con Victoria) y ahora ha llegado mi señora con mis dos hijitos de 11 y de ocho años que están enfermos porque les ha pegado la altura, ellos estaban estudiando en Venezuela, pero ahora tengo que esperar a que acabe el año escolar acá para poder inscribirlos al colegio”, indicó el papá de Victoria. 

Victoria, quien actualmente estudia en la Unidad Educativa Antofagasta en el centro de La Paz gracias al apoyo de la Pastoral Cáritas Bolivia, ve una luz de esperanza en medio de la adversidad. Sin embargo, sus dos hermanitos aún deben esperar a que termine el año escolar para ver si al igual que ella logran tener la oportunidad de asistir a la escuela.

“En Venezuela uno puede ir a la zona educativa y lo inscribe (a su hijo), acá es diferente uno tiene que esperar a que acabe el año para poderle inscribir”, afirmó su papá preocupado por la situación de los hermanos de Victoria. 

Los niños migrantes venezolanos que residen en Bolivia enfrentan serias barreras para acceder a la educación debido al miedo a la deportación y a las restrictivas normativas del país, afirma el abogado en derechos humanos Franco Albarracín. 

"Existen diversos factores que limitan la posibilidad de que los niños migrantes, especialmente los venezolanos, puedan acceder a educación, ya sea gratuita o pagada", explicó Albarracín a Brújula Digital. 

Muchos niños venezolanos no logran inscribirse en las escuelas bolivianas porque sus padres han ingresado al país de manera ilegal y están indocumentados. El temor a ser deportados impide que los padres formalicen la inscripción de sus hijos. 

Albarracín también indicó que la falta de normativas en el país impide que se facilite el acceso a la educación para estos niños migrantes. Según el abogado, es esencial contar con una legislación nacional que simplifique los trámites escolares y capacite a los funcionarios sobre las normas internacionales de derechos humanos.

"El actual Gobierno ha demostrado una política rígida y poco tolerante respecto a la migración venezolana, a diferencia de otros países como Colombia, que han implementado planes para reconocer y apoyarlos", señaló el experto.

La situación de la migración venezolana en Bolivia es particularmente difícil. La falta de apoyo y las políticas restrictivas obligan a muchos migrantes a vivir en la clandestinidad, dificultando aún más la inscripción de sus hijos en las escuelas y dejándolos vulnerables a situaciones de explotación y abuso.

El responsable de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, Aldo Cortez, indicó que uno de los principales problemas es que en Venezuela los niños solo pueden obtener un carnet de identificación a partir de los nueve años. 

“Los niños, al carecer de este documento, realizan su tránsito de forma irregular”, afirmó Cortez. 

Cortez indicó que, si bien hay casos en los que desde la Defensoría del Pueblo logran la inscripción de un menor en una unidad educativa, los padres tienen seis meses para regularizar la documentación de los menores, lo cual en muchos casos no logran.

“Lo que se hace es acudir a esta circular del Ministerio de Educación, la 001, de cada gestión, que posibilita salidas alternativas, permite una inscripción a centros educativos con la condición de que esa situación se regularice en plazo pertinente. De acuerdo a la ley 370 de migración hay un plazo de seis meses para esa regularización”, añadió. 

Activistas de derechos de los niños y jóvenes lamentan que la ley sea tan restrictiva en Bolivia y demandan que el Ministerio pueda de alguna manera flexibilizar estas normas.

El desempleo, la escasez, la hiperinflación, la inseguridad ciudadana y la represión política han llevado a muchos venezolanos a huir de su país en busca de una mejor situación en el extranjero. Según la ONU, en junio de 2024, más de 7,77 millones de venezolanos se encontraban fuera de su país de origen, constituyendo el mayor desplazamiento de personas en el mundo según la población total de un país.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), indica que a mayo de 2024 residían en Bolivia aproximadamente 18.000 refugiados y migrantes que ingresaron de forma regular al país desde 2015, concentrándose principalmente en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Sin embargo, no se tiene un dato de los venezolanos que ingresar de forma irregular. 

Al carecer de documentación, el ejercicio de los derechos de los niños se hace incierto, como a la identidad, salud, educación, libre tránsito, seguridad, etc.

En 2021 se promulgó el Decreto Supremo 4576, que permitía a los extranjeros en Bolivia regularizar su estatus migratorio sin enfrentar multas e incluía beneficios especiales para menores de 18 años, quienes podían acceder a todos los derechos en el país. Durante su período de vigencia (2021-2022), más de 3.500 personas aprovecharon esta oportunidad para regularizar su situación, lo que ha ayudado a mejorar la gestión migratoria y a reducir la irregularidad en el estatus de muchos residentes.

Sin embargo, varios miles más de migrantes siguen residiendo en el país sin papeles.

BD/AGT