Ante tres casos recientes, periodistas denuncian nuevos intentos de las autoridades de restringir la libertad de expresión

Brújula Digital|02|08|

 La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresaron su creciente preocupación ante tres acontecimientos recientes que, según consideran, buscan limitar la libertad de expresión y prensa en el país.

En un primer caso, el periodista Juan Pérez Munguía fue detenido el jueves de manera injusta tras filmar el frente del Banco Central de Bolivia. Gracias a la intervención de las mencionadas asociaciones, fue liberado el mismo día. Durante su detención, se reportó que los agentes policiales intentaron obligarlo a borrar las grabaciones y a firmar un documento reconociendo una falta, lo que él rechazó con el apoyo de las asociaciones.

Además, un portal de noticias que reportaba diariamente sobre la variación del precio del dólar fue forzado a cerrar bajo acusaciones infundadas de especulación financiera. Las organizaciones recalcan que informar sobre el precio del dólar paralelo no equivale a especulación. El cierre del portal no resolverá la discrepancia entre el precio del dólar paralelo y el oficial, y la falta de información podría, de hecho, agravar la situación.

En otro incidente, el tiktoker Rubén Blanco enfrenta cargos penales por racismo y discriminación debido a comentarios sobre una danza potosina, lo que ha llevado a su detención y posterior retractación. Aunque la APLP y la ANPB prefieren no comentar sobre el contenido de los videos de Blanco, subrayan que la difusión de opiniones es un componente esencial de la libertad de expresión.

Ambas asociaciones enfatizan que no se puede arrestar a alguien por expresar una opinión que se mantenga dentro de los límites legales.

La crítica a una danza u otra expresión cultural, incluso si resulta ofensiva, no debería ser calificada como un acto de racismo o discriminación, ni justificarse su penalización. Cualquier discurso considerado intolerante debería ser abordado mediante medidas alternativas, como campañas de sensibilización y educación, en lugar de sanciones penales.

Las asociaciones reiteran su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la prensa en Bolivia, instando a las autoridades a respetar estos derechos fundamentales.

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